Viernes 12 de diciembre, 2003. San José, Costa Rica.
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Compras públicas y eficiencia

• Ausencia de una cultura de planeamiento estratégico

Rodolfo Saborío Valverde
rodolfo@saborio.com

Toda organización, pública o privada, se encuentra obligada a mejorar constantemente su sistema de adquisiciones, de modo que se pueda adaptar a los cambios y pueda obtener las mejores condiciones que el mercado ofrece para la compra de sus insumos, sean bienes, servicios u obras. En 1996 entró a regir la Ley de contratación administrativa, cuyo propósito inmediato era superar la situación de absoluta rigidez y la excesiva formalidad de las normas vigentes hasta ese entonces. Con el diseño de un modelo basado en los ejes centrales de búsqueda de la eficiencia, libre competencia y absoluta transparencia, propuse en 1994 a la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa, una base de discusión que fue objeto de amplio debate con los operadores públicos y privados y que sentó las bases de lo que es la normativa que nos rige actualmente.

A pesar de los avances que introdujo el nuevo sistema, es indudable que la Administración puede alcanzar mayores niveles de eficiencia. La Ley de contratación administrativa es tan solo una ley marco, que se encarga de señalar las líneas maestras de los procedimientos, los cuales son desarrollados reglamentariamente por el Poder Ejecutivo, definiendo el detalle y la inmensa mayoría de los plazos que rigen en esta materia. A pesar de la flexibilidad que permite la Ley, la capacidad de ajuste ha estado totalmente ausente ya que en los últimos ocho años no ha habido una sola reforma al “Reglamento general de contratación administrativa”.

Automatismo inducido. Una de las principales limitaciones que afecta la eficiencia de las compras públicas es la práctica total ausencia de una cultura de planeamiento estratégico. La Administración sigue comprando porque tiene que gastar las partidas presupuestarias asignadas, y se ve inducida a un automatismo que le impide evaluar sus necesidades y proyectar sus adquisiciones en una forma racional y óptima.

Otro gran obstáculo ha sido que, a pesar de que el sistema vigente fue diseñado otorgando una gran libertad de decisión a los gerentes públicos, una interpretación restrictiva, de los propios órganos públicos y de los órganos de control, ha acabado por volver a atar los nudos que se intentó eliminar con el cambio de normativa.

Lectura diferente. Es indudable que en esta materia se pueden hacer cambios legales que favorezcan la eficiencia, tales como la extensión del uso de los medios electrónicos –ya previstos pero totalmente inaplicados–, la reducción de los plazos de resolución de las apelaciones, establecer el carácter obligatorio para la Contraloría de rechazar de plano los recursos abiertamente infundados, que ya está en la Ley pero no se cumple, y volver a promulgar un mecanismo de sanción al apelante abusivo también incluido en la Ley original, pero declarado inconstitucional por razones que podrían no tener validez hoy con una lectura diferente de los principios que rigen esta materia.

Estas o cualesquiera otras modificaciones que se lleguen a plantear deben tomar en cuenta que la eficiencia debe ser una meta de todo el sistema de compras públicas y, si existen alternativas para acortar plazos, para adquirir en mejores condiciones de calidad y precio, deben ser aplicadas a todo el sector público. Tanto o más importante es comprar pupitres o construir escuelas que gastar ¢180 millones en redecorar la sala de sesiones de una institución que reclama por mayor flexibilidad para contratar. Mucho más importante es adquirir medicinas en forma eficiente que comprar equipo que pasa largo tiempo almacenado en una bodega. No hace falta abundar en más ejemplos para entender que todos los fines públicos son igualmente importantes. No dejemos de lado la tarea de seguir perfeccionando el modelo de adquisiciones públicas para que podamos alcanzar la eficiencia, respetando la libre competencia y la transparencia, pero, eso sí, apliquemos esas reglas a todos los entes de la Administración porque no puede haber unas instituciones más iguales que otras.


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