Jueves 3 de julio, 2003. San José, Costa Rica.
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Democracia fragmentada

• Apresurados acuerdos suscritos de madrugada

Rodolfo Saborío V.

Cualquiera que tenga la paciencia de leer la declaración pretenciosamente denominada “Tercera República”, podrá comprobar que detrás de sus enunciados se encierra un torrente de lugares comunes que puede ser suscrito por tirios y troyanos, al punto que detrás de su preparación confluyen la cámara empresarial que agrupa a los mayores beneficiarios de los certificados de abono tributario al mismo tiempo que la agrupación sindical que defiende a capa y espada los más aberrantes privilegios consignados en las convenciones colectivas del sector público.

No es de extrañar entonces que, al final de cuentas, dos de los principales exponentes del corporativismo rentista que poco a poco se ha ido adueñando de la muy rentable franquicia denominada “sociedad civil”, aspiren con todo desparpajo a que las principales decisiones de las autoridades políticas deban contar obligatoriamente con su concurso. Al final de cuentas, qué más falta para que nuestro sistema termine de fragmentarse en decenas de centros de interés?

Pérdida de legitimidad. Nadie puede cuestionar que toda democracia avanzada debe propiciar la consulta permanente de los diferentes actores sociales. Eso no se discute ni tampoco es el punto medular derivado de los apresurados acuerdos sucritos de madrugada. La cuestión que se esconde detrás de la posición titubeante del Gobierno es que la pérdida de legitimidad para adoptar las grandes decisiones que este país necesita para salir adelante no se soluciona renunciando cada vez más a esferas de poder propias de quienes tienen la responsabilidad constitucional de gobernar.

La fragmentación del poder y su renuncia en manos de grupos que no representan, en el mejor de los casos, ni el 15 por ciento de la población no puede ser considerada como un avance de la democracia. Debemos ser enfáticos en señalar que el concepto de sociedad civil ha sido atrofiado y manoseado al punto que profesionales de la organización empresarial y sindical han monopolizado esa denominación y han suplantado a la inmensa mayoría de la población.

Separación artificial. La principal trampa que se esconde detrás de ese concepto consiste en perpetuar una separación artificial entre el aparato estatal y los ciudadanos, desconociendo el hecho que toda expresión del poder público se da única y exclusivamente en función de servir a la sociedad. El Estado es una organización servicial que resume los intereses de toda la colectividad, no es algo ajeno o separado a la misma sociedad que lo crea. En el momento en que los entes públicos promueven o defienden intereses diferentes a los de la sociedad en su conjunto, es por que se encuentran en una etapa de descomposición y deben ser sometidos a un proceso de corrección inmediato. Es por lo anterior que el espejismo de la denominada sociedad civil como un correctivo de las carencias de legitimidad de los poderes públicos no es un remedio sino que continúa siendo parte del problema y esto es especialmente más grave cuando quienes se atribuyen tal calificativo son grupos reducidísimos de personas que no ostentan ninguna representación significativa del conjunto de los ciudadanos.

La crisis de legitimidad de los poderes públicos debe enfrentarse mediante un replanteamiento de los mecanismos de representación política y fomentando los canales de consulta con los actores sociales, con todos ellos, y no con unos cuantos. Una democracia lo suficientemente representativa y participativa no necesita de intermediarios oficiosos y carentes de legitimidad entre el poder y los ciudadanos.


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