Viernes 18 de julio, 2003. San José, Costa Rica.
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Consultorías y sensatez

Un irresponsable cuestionamiento general

Rodolfo Saborío Valverde

Ante la reciente oleada de críticas a la existencia misma de consultorías relacionadas con la ejecución de empréstitos internacionales, se hace necesario incorporar algunos elementos de juicio que son imprescindibles para un debate serio sobre el tema. Tomo el guante además, por haber participado directamente en consultorías nacionales e internacionales en las que los procedimientos de selección y los productos finales entregados resisten el más riguroso análisis.

En primer lugar, debe señalarse que no es cierto que la ejecución de los empréstitos se encuentre ajena a la fiscalización superior que por mandato constitucional ejerce en forma irrenunciable la Contraloría General de la República. Este control se realiza en las diversas etapas de la ejecución de los empréstitos y se ejerce de oficio o a petición de terceros.

Unidades ejecutoras. El mecanismo normal utilizado hasta la fecha en cada uno de los empréstitos es la creación de una unidad ejecutora, encargada de la puesta en marcha de cada proyecto. Estas unidades ejecutoras son aprobadas por la Asamblea Legislativa, que además define los procedimientos de contratación que sin ningún tipo de excepción deben seguirse en cada caso. Las excepciones al concurso público están definidas expresamente en cada ley que aprueba el empréstito, se aplican bajo la verificación de la entidad financiera respectiva y están sujetas al control posterior de la Contraloría General de la República, de oficio o por petición de cualquier interesado.

Contrario a lo que se ha querido dar a entender, en este momento existen múltiples unidades ejecutoras y no una sola. Cada empréstito aprobado por los legisladores contempla esta instancia administrativa y casi sin excepción la ley de aprobación define los procedimientos de contratación aplicables. Para citar tan solo el caso de los empréstitos del Banco Interamericano de Desarrollo, en estos momentos existen unidades ejecutoras para el Desarrollo del Sector Salud, la Modernización de la Administración de Justicia, la Regularización del Catastro y Registro, el apoyo a la Educación Preescolar y Tercer Ciclo, el Programa de Desarrollo Eléctrico, el Desarrollo de Proveedores para Empresas Multinacionales de Alta Tecnología, el Uso de la Biodiversidad por Pequeñas Empresas, el Apoyo a bolsas de productos básicos y el Programa de competitividad de la pequeña empresa, para citar solo algunos. Todos estos programas están sometidos a la fiscalización de la Contraloría General de la República y al cumplimiento del trámite de refrendo de los contratos, según proceda de acuerdo con la normativa aplicable. Absolutamente toda la información que manejen las unidades ejecutoras es pública y debe ser mostrada a cualquier ciudadano que la solicite en ejercicio de la garantía constitucional de acceso a las dependencias públicas.

Capacitación y disponibilidad. Resulta totalmente alejado de la realidad afirmar que la inmensa mayoría de los servicios de consultoría pueden ser sustituidos por el trabajo de los servidores de planta del sector público. Si bien es cierto podrían detectarse algunos casos aislados en que esto es posible, lo habitual es que se contrate la realización de servicios de alto nivel técnico y profesional que escapan del nivel de capacitación o la disponibilidad de tiempo de los funcionarios regulares. Normalmente los funcionarios estatales de mayor nivel de capacitación, como, por ejemplo, los de la Procuraduría General de la República, tienen asignadas tareas permanentes de gran trascendencia que no pueden ser descuidadas para atender las necesidades específicas y temporales que el desarrollo de algunos programas conlleva.

Por último, es absolutamente irresponsable lanzar en un informe un cuestionamiento general sobre todas las consultorías financiadas con empréstitos internacionales, sin haber existido el menor análisis de la información documental que es de carácter público y se encuentra al alcance de todo ciudadano, propalando información confusa y parcial con desconocimiento del marco general de fiscalización y sujeción a procedimientos definido por el propio legislador.


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