Domingo 8 de junio, 2003. San José, Costa Rica.
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¿Transición de tres años?

• Sin mecanismos legales para manejar situaciones excepcionales

Rodolfo Saborío Valverde

Los acontecimientos actuales parecen ser el preludio de un gobierno paralizado durante los próximos tres años por el miedo a quedar mal con algunos sectores, o aún peor, por el intento de quedar bien con todos, sin reparar en que en las últimas décadas cada grupo empresarial o sindical ha tratado de defender sus propios intereses. Así se ha llevado a la degradación del concepto de nación y a la implantación de un corporativismo rentista en donde la noción de interés general ha quedado en segundo plano. Dudamos mucho que nuestra institucionalidad pueda soportar una parálisis por tanto tiempo sin incurrir en pérdidas irrecuperables para el avance económico y social a que aspiramos los costarricenses.

Lo anterior pone de relieve que una de las mayores deficiencias de nuestro ordenamiento constitucional es la ausencia de regulaciones adecuadas para el manejo de situaciones excepcionales tales como crisis financieras de enormes proporciones o, como ya ha sucedido en el pasado, la demostrada impericia de un gobernante para dirigir el país.

Necesaria previsión. La única previsión de nuestro Texto Fundamental ante un gobierno desastroso es la facultad otorgada a la Asamblea Legislativa para declarar la incapacidad física o mental del presidente de la República (121.9). Aun así, la previsión normativa se limita a los supuestos citados y no cubre otras formas de inadecuación para el puesto, y mantiene el problema de que quien sustituye al gobernante es uno de sus funcionarios de mayor confianza, el vicepresidente, lo cual probablemente no serviría para superar una situación de grave deterioro de la legitimidad para conducir un país.

Sería deseable que en el futuro cercano esta discusión no pasara del plano meramente teórico, pero es necesario establecer, con la previsión suficiente, los mecanismos para que, en caso que se llegare a presentar una situación de inestabilidad de tales proporciones que hiciera conveniente la sustitución del primer mandatario, pueda haber una transición hacia la normalidad dentro del respeto al marco constitucional. Ejemplos recientes los hemos visto en Argentina, Perú, Ecuador y Paraguay, en donde, sin necesidad de romper el orden constitucional, se han enfrentado situaciones de gran tensión institucional.

El recuerdo de Carazo. No existe ningún precepto doctrinario que indique que en un régimen presidencialista, en donde lo normal es que exista un período de tiempo preestablecido de gobierno, quien acceda al poder tenga garantizado el derecho a cumplir la totalidad de su mandato. Incluso en los Estados Unidos de Norteamérica, prototipo del modelo de gobierno que, con algunas atenuaciones seguimos en Costa Rica, el cargo del presidente de la Unión está sujeto a causales de terminación.

Desde la consolidación del estado de derecho los textos contemplan la posibilidad de poner término a un gobierno que no satisface el interés general y uno de los ejemplos que mejor ilustra esto es la Constitución Francesa de 1793 en la que expresamente se establecía el derecho irrenunciable de los ciudadanos a rebelarse contra las normas establecidas.

No es aconsejable esperar a que se presente una situación de caos social para iniciar la discusión sobre las previsiones constitucionales que permitirían enfren-tar una situación de excepción que amenace la continuidad de las instituciones. Debemos aceptar que esa es una hipótesis que se puede presentar en cualquier momento y no hay necesidad de sufrir una inmolación colectiva, exactamente como la que estuvo muy cerca de padecer el país durante la administración Carazo, para efectuar las transformaciones constitucionales pertinentes.


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