Miércoles 18 de junio, 2003. San José, Costa Rica.
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Constituyente y reforma política

• La atención se debe dirigir a lo legislativo

Rodolfo Saborío Valverde

La necesidad de hacer ajustes importantes en la organización política de nuestro país se hace cada vez más evidente. A pesar de la urgencia de planteamientos profundos sobre la reorganización de la estructura estatal, los partidos políticos no han estado en capacidad de ofrecerle al país una propuesta integral para superar las deficiencias que padece nuestro sistema político.

La alternativa que al final de su gestión presentó la Administración Rodríguez fue archivada por la Asamblea Legislativa debido a serias deficiencias técnicas. Dicha iniciativa, a pesar de pregonar un tránsito hacia el semiparlamentarismo, contenía una figura desconocida para la doctrina constitucional: la posibilidad por parte del Presidente de llamar a elecciones anticipadas del Congreso, sin poner en juego ante los electores su propia continuidad. Este proyecto contenía, además, la introducción de las circunscripciones electorales, idea promovida desde hace algún tiempo en nuestro país por quienes piensan que debe establecerse un sistema de mayoría automática que facilite que quien gane las elecciones controle el parlamento, en aras de evitar una supuesta ingobernabilidad.

De nuevo ahora, el argumento de la ingobernabilidad se esgrime para plantear la necesidad de convocar a una asamblea constituyente. Independientemente de los visos de ocurrencia que pueda haber detrás de este llamado, es importante destacar algunos de los inconvenientes que la ejecución de esta idea conlleva.

Integración incierta. Si por la integración actual de la Asamblea Legislativa, donde está la crema y nata de nuestra clase política, podemos hacer alguna predicción del nivel de los elementos que integrarían una eventual asamblea constituyente, sería preferible volver a poner en vigencia el Pacto de Concordia que correr semejante riesgo. En momentos cuando ha salido a la luz pública el manejo de miles de millones de colones en contabilidades paralelas detrás de las campañas de los dos partidos políticos tradicionales, es importante recordar que para las elecciones de los constituyentes no está previsto el financiamiento estatal, lo que aumentaría aún más la influencia de los donantes anónimos, pero no siempre desinteresados.

Una vez instaurada la Asamblea Constituyente, ostenta el poder originario pleno y puede disolver el resto de los poderes públicos. La Constitución no contempla ningún límite expreso para las competencias de este órgano, aun cuando la ley que convoca a la constituyente define algunos límites expresos, que pueden ser desconocidos por el poder originario. Si lo que se quiere es superar la ingobernabilidad, nada más imaginemos los conflictos que se presentarán cuando traten de funcionar al mismo tiempo los poderes ordinarios y la asamblea constituyente.

Motivos incorrectos. El principal inconveniente de la puesta en marcha de un proceso constituyente en estos momentos es que no se tiene claro hacia dónde se quiere ir, tan solo existe la percepción circunstancial de que las cosas no están bien. Esa no es una base sólida para arriesgarse en una empresa de tanta envergadura y de la que depende la estabilidad política, económica y social del país. Hay que preocuparse cuando un gobernante dice que no puede actuar como quisiera porque existe la Contraloría o la Sala Constitucional, piezas importantes de nuestro estado de derecho ya que lo que podría pretenderse es la eliminación de contrapesos vitales en nuestra estructura institucional.

Por supuesto que es necesario efectuar ajustes en nuestro sistema político institucional, pero no pueden nacer de la improvisación o los arrebatos. Por los motivos expuestos, sigo considerando, como he expresado a lo largo de los últimos años, que es más lo que se arriesga con la convocatoria a una constituyente que lo que se podría ganar con ella. La enorme veta de trabajo para la consolidación de nuestro estado social y democrático de derecho se encuentra en el plano legislativo y hacia allí deberíamos dirigir la atención.


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