Miércoles 5 de marzo, 2003. San José, Costa Rica.
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El valor de la palabra

• La superación no puede construirse a costa de los principios

Rodolfo Saborío Valverde

Si pudiera identificarse un factor responsable del imparable deterioro de la credibilidad de los políticos tradicionales en nuestro país, probablemente ese sería la devaluación constante del valor de la palabra.

Por eso no es de sorprender que, dentro de las filas de los partidos responsables de la debacle institucional y de valores que vive Costa Rica, hayan saltado al unísono voces de regocijo ante la situación presentada en el Partido Acción Ciudadana con motivo de la diferencia de criterios sobre la vinculación de los compromisos de campaña.

Respeto a promesas. En el fondo de esta discusión no estaba en juego la conveniencia o no de utilizar ciertos recursos de la Asamblea Legislativa para el ejercicio de las funciones de los legisladores, lo cual no deja de tener importancia dentro del contexto de un discurso que pretende romper con el paradigma cleptócrata que muchos en nuestro país se resisten a abandonar, sino más bien la consolidación en la práctica, respaldada con los hechos, de un precepto que responde a una concepción avanzada de la democracia: lo que se promete en campaña debe respetarse.

No ha faltado en este debate el llamado a la flexibilidad y el pragmatismo como si tales actitudes fueran excluyentes de la coherencia y el respeto de los compromisos adquiridos ante los electores.

No es juego de palabras. Sin duda alguna, entre los electores y los elegidos se establece una relación, en la que lo ofrecido en el proceso de convencimiento para la obtención del voto no es un simple juego de palabras, va mucho más allá al punto de constituirse en un verdadero contrato de cumplimiento obligatorio. Si deseamos que nuestra política no esté dominada por los mismos malabaristas del lenguaje de siempre, debemos empezar a introducir en los ciudadanos la convicción de que los gobernantes se encuentran obligados a cumplir con lo que plantean en sus programas de gobierno y en su campaña. Probablemente por esta vía se pueda eliminar el clientelismo nefasto que se ha apoderado de nuestros procesos electorales y los políticos tradicionales se vean obligados a formular programas de gobierno serios y viables.

Es lamentable cualquier situación que atente contra la consolidación de una nueva institucionalidad multipartidista en donde ningún caudillo, cacique o traficante del poder, o las diferentes combinaciones entre estos, se pueda sentir dueño del país. No obstante, el proceso de superación de la vieja política bipartidista no puede construirse a costa de los principios, mucho menos del desconocimiento de la palabra empeñada a los electores.

Esperemos que de esta discusión surja fortalecida la idea de que los ciudadanos exigimos de los políticos un lenguaje directo y transparente, sin ambigüedades sujetas a interpretaciones de todo calibre. Está en juego el valor de la palabra.


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