Martes 18 de marzo, 2003. San José, Costa Rica.
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Reelección debe archivarse

• Norma expresa prohíbe reabrir casos idénticos

Rodolfo Saborío Valverde

En estas páginas ha quedado expuesta mi opinión favorable sobre la competencia de Sala Constitucional para revisar el fiel cumplimiento de los procedimientos de reforma constitucional. Como se sabe, nuestra Constitución es rígida y por eso se ha diseñado un procedimiento calificado para que los constituyentes derivados –los legisladores ordinarios– puedan introducirle reformas. Pese a esa rigidez, en los últimos 50 años ha sido posible tramitar en promedio más de una reforma constitucional por año y se han variado alrededor de 80 artículos.

El control que ejerce la Sala Constitucional sobre las reformas a la Carta Fundamental es estrictamente procedimental. Por esa razón he sostenido que la prohibición de la reelección en 1969 pudo haber sido declarada inconstitucional ya que se hizo con violación directa del procedimiento de reforma.

No es cierto que la Sala Constitucional pueda ejercer control sobre el fondo de las reformas constitucionales. Esa competencia no se la otorgan la Constitución ni la ley. Es más, el desarrollo legislativo de esa jurisdicción expresamente limita las competencias de la Sala a la verificación del respeto de las normas procedimentales. Por tanto, resultaría abiertamente contrario a la separación de poderes efectuar cualquier valoración sobre el contenido de las reformas que tramitan los legisladores haciendo uso de su investidura de constituyentes derivados.

Improcedente. En el caso preciso de la reelección, la discusión sobre si se trata de un derecho fundamental, a ser elegido o a elegir, resulta totalmente irrelevante para los efectos del caso en trámite. No puede la Sala Constitucional autoatribuirse una competencia que expresamente le prohíbe el legislador, al señalar que únicamente tendrá potestad para manifestarse sobre el procedimiento de reforma constitucional. En casos de reformas aprobadas antes de la existencia de la Sala Constitucional, es improcedente aun referirse al fondo del asunto en la parte considerativa de la sentencia. En las reformas posteriores, la Sala puede señalar sus reservas sobre el contenido de una reforma constitucional cumpliendo con su responsabilidad institucional, pero estas observaciones no son vinculantes.

Debe quedar claro que, independientemente del tipo de control de constitucionalidad a que aspiremos o sobre el cual queramos teorizar, el que se encuentra vigente le prohíbe a la Sala Constitucional pronunciarse sobre el fondo de una reforma constitucional.

Ninguna duda. A lo anterior debe agregarse que la Ley de la jurisdicción constitucional prohíbe expresamente, en su artículo 76, la reapertura de un mismo asunto luego de que fue fallado, y ordena que en aquellos casos que una misma acción se repita debe procederse a su archivo. La identidad entre la acción que ya fue rechazada hace dos años y la actual es evidente, por lo cual no queda ninguna duda sobre el camino procedimental a seguir: la Ley ordena el archivo de la acción sobre la reelección porque es una réplica de la originalmente declarada sin lugar.

No existe ninguna disposición que autorice a reabrir un asunto ya resuelto, por la simple circunstancia de que haya habido un cambio en la integración de la Sala Constitucional. Antes bien, existe un norma expresa que prohíbe reabrir casos idénticos.

Dentro del contexto planteado, ante la ausencia de competencias para pronunciarse sobre el fondo de las reformas constitucionales y la obligación expresa de archivar los casos que son repetición de anteriores declarados sin lugar, el camino correcto para la consolidación de la institucionalidad y el respeto de la Jurisdicción Constitucional está muy claro.


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