Martes 6 de mayo, 2003. San José, Costa Rica.
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Descentralización falsa

• Atomización del poder y dispersión de responsabilidad

Rodolfo Saborío Valverde

Uno de los grandes temas que debe ser objeto de una agenda nacional es el de la revisión del esquema de descentralización institucional utilizado en Costa Rica durante el pasado medio siglo.

A lo largo de los últimos años me he referido a la situación prácticamente caótica que presenta el sector público costarricense, conformado por más de un centenar de unidades de decisión, dotadas de recursos propios y con escasa o, muchas veces, total falta de noción de conjunto. Este inmenso número de islas que se resisten a considerarse parte de un archipiélago resulta de una viciada práctica legislativa que ha pretendido solucionar problemas muy específicos, a veces coyunturales y no en pocos casos expresión de las exigencias de grupos de interés, con la creación de los más dispares entes públicos.

No pasa un año sin que a los legisladores se les ocurra crear un nuevo ente público, con lo que contribuyen a hacer el problema cada vez más difícil. Esta saturación institucional se complica aún más con la difusión de una versión atrofiada de la descentralización institucional, de acuerdo con la cual cada institución tiene derecho a actuar con total autonomía, aun en contra del interés general, conforme a una pretendida garantía de independencia derivada de la Carta Fundamental.

Concepto pervertido. Lo que en cualquier país civilizado es una parte de la expresión del Poder Ejecutivo, dentro de formas organizativas especializadas y con niveles de independencia funcional generales, en Costa Rica ha llevado a una atomización del poder y a niveles de dispersión de la responsabilidad. Ejemplos recientes evidencian los grados de desbocamiento a que se puede llegar cuando se pervierte el concepto de descentralización y se le niega al Poder Ejecutivo legitimidad para armonizar el funcionamiento general y los gastos del conjunto del sector público. A estas formas de dispersión del poder para que nadie sea finalmente responsable es a lo que se le llama descentralización falsa.

El poder no es más democrático porque más de las dos terceras partes del gasto público sea manejado por juntas directivas que no han sido elegidas por nadie y que no son más que la expresión de la distribución del botín entre los dos partidos tradicionales. Persistir en quitar cada vez más competencias al Gobierno Central para asignarlas a unidades de decisión aisladas e inmunes a la responsabilidad política no es el camino hacia una verdadera descentralización del poder.

Testaruda realidad. Ante la situación actual habrá quienes asuman la posición simplista de que no es necesario llevar a efecto ninguna modificación a la legislación vigente ya que existen normas para evitar los niveles de dispersión señalados. Lamentablemente, la realidad es testaruda y la situación actual exige un rediseño profundo de las formas jurídicas de organización administrativa y de las relaciones entre los componentes del sector público. Dentro de las reglas institucionales actuales es prácticamente imposible alcanzar niveles de planificación, coordinación y obtención de resultados en condiciones de transparencia y rendición de cuentas.

Debe iniciarse un proceso de “desautonomización” de manera que se recupere en el corto plazo la capacidad de dirección del sector público, y la condición de autónomas debe mantenerse únicamente para las instituciones que tengan garantizado ese rango por la propia Constitución Política.

Quien llega a la cabeza del Poder Ejecutivo ostenta una legitimación de primer grado que le otorga facultades muy bien delimitadas por la Constitución, pero a la vez le asigna la enorme responsabiliad de guiar al país por caminos de justicia y progreso. No podemos continuar impasibles ante el desmembramiento de la capacidad de gobernar y la imposibilidad de imprimir coherencia e idea de conjunto a un sector público cada vez más ineficiente y más alejado de su verdadera finalidad: servir a los ciudadanos.


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