Sábado 10 de mayo, 2003. San José, Costa Rica.
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Filtros legislativos

Por los mejores intereses del país

Rodolfo Saborío Valverde

Lo menos que se puede esperar de un grupo de personas medianamente sensatas, que tiene la obligación de decidir colectivamente sobre temas vitales para el futuro de un país, es que se dote de reglas de deliberación y organización interna racionales que favorezcan la eficiencia y la toma de decisiones oportunas. Esto no sucede así en nuestra Asamblea Legislativa, incapaz durante décadas de establecer una reglamentación interna moderna que haga del control político algo más que un instrumento politiquero y de la tramitación de proyectos un procedimiento equilibrado y de calidad.

El tratamiento de algunos temas en los últimos meses termina de confirmar el serio deterioro de la calidad del trabajo legislativo y la ya sempiterna percepción de que la reglamentación parlamentaria debe ser reformada totalmente y no continuar siendo objeto de parches.

Ceguera fiscal. Es inconcebible el enorme despliegue de energía que han efectuado los legisladores para impedir cualquier intento por modernizar la recaudación de tributos. La Administración Tributaria no puede seguir postrada por culpa de un esquema de empleo que propicia y premia la ineptitud y el desgano. Negar las herramientas de desconcentración, que ya operan profusamente en múltiples actividades del Gobierno Central, e impedir la creación de una Agencia Tributaria, es una enorme irresponsabilidad y limita las posibilidades de sentar las bases para un sistema de recaudación profesional. Por otro lado, el discurso populachero que se opone al aumento de la carga impositiva tendrá repercusiones devastadoras a muy corto plazo sobre la capacidad operativa del Gobierno Central.

Mamotreto ambientaloide. Cualquiera que tenga la paciencia de leer el proyecto de garantías ambientales notará a simple vista la repetición de las mismas ideas a lo largo de varios artículos; se preguntará por qué se pretende crear más entes públicos y, al final, quedará con la gran interrogante de cuál es el avance respecto de la regulación que ya efectúa sobre esta materia la Carta Fundamental. A lo anterior habría que agregar que, con total ausencia de respeto por la estructura de la Constitución, se altera la numeración de más de 100 artículos, obligando innecesariamente a una colosal tarea de concordancia de la jurisprudencia y la doctrina que durante el último medio siglo ha hecho referencia expresa a artículos específicos. Todo este despliegue aparatoso cuando está comprobado que urgen cambios legislativos inmediatos para hacer de la protección del ambiente una realidad y no un discurso de exportación.

Expolio institucional. El proyecto de transformación del Instituto Costarricense de Electricidad, tal y como fue avalado inicialmente por la firma de un numeroso grupo de diputados, es un ejemplo nunca superado en nuestra historia de despojo del patrimonio nacional en favor de un grupo de intereses. Eso es mucho decir en un país en donde hemos tenidos virtuosos del aprovechamiento de los recursos de todos en beneficio de unos pocos. La pérdida del dominio público sobre las aguas y las frecuencias inalámbricas a manos de una institución a su vez entregada a los encargados de administrarla y servirle, no pueden ser el único camino para fortalecer a una institución que debería pertenecernos a todos los costarricenses y que, pese a lo que se pregona, no brinda buenos servicios y amenaza con sumir al país en el atraso tecnológico.

Lista inacabable. A lo anterior podría agregarse una serie de desvaríos legislativos, como el circo montado con la investigación del funcionamiento del Poder Judicial, la creación constante de comisiones al punto de la inoperancia, el escaso nivel del control sobre los resultados del sector público y la imperdonable ausencia de modernización de la legislación sobre el sistema electoral y la organización y financiamiento de los partidos políticos.

No cabe duda de que la actual Asamblea Legislativa necesita un cambio de aire para encauzar su trabajo y permitir que circulen el sentido común, la seriedad y el compromiso con los mejores intereses del país.


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