Viernes 28 de noviembre, 2003. San José, Costa Rica.
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Servicios públicos y competencia

• No podemos seguir anclados en la actual prestación de servicios

Rodolfo Saborío Valverde

Reflexionando sobre los cometidos del Estado en este nuevo siglo afirmaba en estas páginas el 29 de agosto de 2000: “No existe ninguna razón para que el Estado intervenga en actividades que pueden realizarse en condiciones de competencia, de la misma manera que no las hay para retirar al Estado de la prestación de servicios que solamente pueden darse en condiciones de monopolio”.

Ante la evidente necesidad de que nuestro país revierta el marcado retraso en la incorporación de las nuevas tecnologías de la información se hace necesario retomar dicha discusión.

Antes que todo, debemos señalar que nuestra Constitución Política establece un sistema de administración del espectro electromagnético por medio de concesiones, de acuerdo con la ley o por acto legislativo expreso de concesión. Los titulares de estas concesiones pueden ser personas públicas o privadas y nada impide, ni lo ha impedido, que servicios de telecomunicaciones, sumamente rentables, sean brindados por personas privadas (la radio, la televisión, los servicios de televisión por cable, Internet por cable, radiolocalizadores).

No hay concesión exclusiva. El hecho de que el Instituto Costarricense de Electricidad haya sido comisionado en 1963, por la Ley 3226, para asumir la prestación de los servicios de comunicaciones telefónicas, telegráficas y radiofónicas, para lo cual se le confirió la concesión correspondiente, no implicó en ningún momento el otorgamiento de una concesión exclusiva por parte del legislador. Tampoco con la adquisición de la Compañía Radiográfica Internacional de Costa Rica, en 1964, se utilizó la figura de la concesión exclusiva de los servicios de telecomunicaciones que pasó a brindar la firma Radiográfica Costarricense.

Ante la ausencia de concesiones posteriores, y gracias a una tendencia estatista de la jurisprudencia, se favoreció la idea, totalmente infundada, de que sobre los servicios de telecomunicaciones existe un monopolio público. Esta situación ha entorpecido seriamente la introducción masiva de los servicios de la Internet y ha dificultado el desarrollo de los servicios de valor agregado en telecomunicaciones.

En segundo término debemos destacar que, pese a que no existe una concesión exclusiva para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, la explotación de estos servicios no puede pasar a manos privadas en carácter monopolístico por prohibición expresa del artículo 46 de la Constitución Política. Nuestra Carta Fundamental prohíbe por completo los monopolios privados y para los públicos exige acto legislativo adoptado con mayoría calificada.

Limitación y simplificación. Lo anterior quiere decir que cualquier discusión sobre el traspaso al sector privado de servicios de telecomunicaciones que únicamente puedan ser brindados por un operador, estaría totalmente fuera del marco constitucional. Esto limita y simplifica la discusión al tema de los servicios de valor agregado y a los servicios de telecomunicaciones que pueden ser brindados por dos o más operadores.

Uno de los últimos mitos que queda por superar es el de que los servicios de valor agregado son los únicos rentables y que la telefonía fija no brindará los recursos suficientes para el perfil social y solidario que debe asumir el ICE. Si esa falacia fuera remotamente cercana a la realidad, dicha institución no habría tenido el crecimiento que tuvo cuando no existían Internet ni la telefonía celular.

No tiene sentido entonces discutir sobre la apertura de servicios que por su condición de monopolios naturales únicamente pueden ser explotados por un operador, a lo sumo para plantearse la posibilidad de que empresas municipales o cooperativas participen en su prestación. En cuanto a los servicios de valor agregado o que puedan ser brindados en condiciones de competencia, no existe ninguna razón institucional para seguir anclados en formas de prestación que nos distancian cada vez más de los países desarrollados.


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