Jueves 16 de octubre, 2003. San José, Costa Rica.
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Agenda 2010

• Hay que definir sin dilaciones la modernización institucional

Rodolfo Saborío Valverde

La mayoría de los retos para salir del subdesarrollo tienen una expresión institucional. No podremos eliminar la pobreza, incrementar la productividad y superar el estancamiento actual si no logramos definir a qué tipo de sociedad aspiramos, qué Estado vamos a propiciar para cumplir esos objetivos y cuáles serán las relaciones entre los ciudadanos y las formas de poder público para hacer realidad esos cambios.

Como proponía recientemente el doctor Jaime Ordóñez, no debemos enfrascarnos en discusiones interminables para pasar al terreno de la definición de los cambios estructurales en el corto plazo, de aquí al año 2010. Desde el punto de vista institucional, es imperioso adoptar medidas en al menos las siguientes áreas.

Educación. Nadie duda de la necesidad de aumentar la inversión en educación, pero resultaría irresponsable inyectar más recursos al esquema actual, caracterizado por la excesiva centralización, la ausencia de mando sobre los funcionarios y la débil capacidad de planificación y definición de objetivos. Es hora de replantearse otras modalidades institucionales para la prestación de este servicio público. Debe considerarse en este la participación de los gobiernos locales.

Infraestructura. Es responsabilidad del Estado que el país tenga infraestructura óptima para el desarrollo de las actividades productivas y personales de la población.

En la actualidad existe una dispersión injustificable de la toma de las decisiones para la inversión en este campo, causa de una ausencia de política uniforme sobre la materia.

Planificación y rendición de cuentas. La planificación en Costa Rica es una caricatura. Basta leer el deficiente Plan Nacional de Desarrollo vigente para constatarlo. Es necesario rediseñar por completo el concepto y la forma de la planificación; de lo contrario, la rendición de cuentas seguirá siendo una ilusión.

Desarrollo rural. Este es uno de los sectores más necesitados de una profunda reforma institucional para que la acción estatal sea oportuna, eficiente y coherente. Si no queremos que el agro perezca ante la apertura comercial, las acciones correctivas y de fomento deben funcionar a la perfección.

Ambiente humano y natural. La descoordinación de los esfuerzos del aparato público en salud y ambiente afecta severamente la calidad de vida de los ciudadanos. Debe introducirse un enfoque conjunto de ambas materias de modo que la respuesta estatal sea comprensiva y global.

Descentralización. Debe replantearse ya en su conjunto el esquema de descentralización implantado en los últimos 50 años. Debemos pasar de la descentralización falsa con instituciones que no rinden cuentas, hacia la descentralización territorial y el acercamiento del poder a los ciudadanos.

Estado asistencial. El esquema de intervención asistencial en los últimos 30 años, se encuentra agotado. Los cambios institucionales deben llevar a una utilización más eficiente de los recursos y a la reversión de la deplorable constante de que los costos administrativos consumen la mayor parte del esfuerzo financiero del Estado.

Producción y comercio. Esta época demanda una administración pública involucrada en promover las condiciones óptimas para el incremento de la producción y la riqueza, en equilibrio con el manejo de las complejas relaciones surgidas del comercio exterior. Los esquemas institucionales vigentes no responden a la necesidad de mantener ese equilibrio.

Hacienda y gestión pública. Es necesario revisar las estructuras institucionales sobre la recaudación y el gasto público. Las herramientas organizativas para la recaudación son insuficientes para enfrentar las modalidades de transacción de la economía actual, y la asignación acumulativa y caprichosa del gasto merece una redefinición según las prioridades presentes. Deben revisarse las regulaciones sobre presupuesto y empleo público que debilitan la capacidad de gestión pública.

Estas transformaciones institucionales deben complementarse con una reforma electoral de gran alcance que permita incrementar la calidad de la representatividad de modo que se restablezca la legitimidad democrática que se ha venido erosionando por el pobre desempeño del Estado. Las condiciones están sentadas para que pasemos a definir, sin dilaciones, la agenda nacional de la modernización institucional.


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