Sábado 27 de septiembre, 2003. San José, Costa Rica.
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En contra. Las protestas en Limón contra la exploración petrolera datan del 2001. Uno de los líderes del movimiento fue Fabián Pacheco Rodríguez (derecha), hijo del actual mandatario, Abel Pacheco.
Archivo / LA NACIÓN


Arbitraje en Washington

Petrolera exige $57.000 millones al país

• Gobierno rechaza negociar con Harken Energy

Carlos A. Villalobos
cvilla@nacion.com
Redactor de La Nación

La petrolera estadounidense Harken Energy Corporation, reclama al país el pago de una indemnización por $57.000 millones, lo cual representa la exorbitante suma de ¢23.256.000 millones.

Harken pretende resarcirse la supuesta pérdida que afrontaría hacia futuro luego de que el actual Gobierno le canceló un contrato para exploración petrolera en el Caribe costarricense por aparente incumplimiento de requisitos ambientales.

Como primer paso de su reclamo, la empresa presentó una solicitud para un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones (ICSID, por sus siglas en inglés).

Además:

  • Tras oro negro
  • Millones de millones
  • Dicho organismo está adscrito al Banco Mundial y tiene su sede en Washington, EE. UU.

    El proceso fue notificado esta semana a la Embajada de Costa Rica en ese país, confirmó el jueves a La Nación el canciller Roberto Tovar.

    Anoche el ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Rodríguez, ratificó las intenciones de la petrolera, pero fue enfático en que Costa Rica no aceptará entrar en ningún proceso de arbitraje por cuanto el contrato se rescindió por incumplimientos ambientales de la petrolera.

    El proceso para conceder a la empresa privada la exploración y posterior explotación de petróleo se inició en la administración de José María Figueres (1994-1998) y se finiquitó en el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).

    Sin embargo, el presidente Abel Pacheco adoptó desde el arranque de su gestión una posición crítica de cara a las exploraciones a pesar de que ya el contrato con Harken estaba vigente.

    Esta petrolera con sede en Texas hizo aquí inversiones iniciales por más de $15 millones, pero la Secretaría Técnica Nacional Ambiental declaró el proyecto como “ambientalmente inviable”.

    Para negociar



    Según dijo Tovar, la solicitud de un arbitraje no representa el inicio inmediato de un proceso judicial en contra del Estado.

    Desde Nueva York, por teléfono, detalló que tras la notificación, el país tiene un período para definir si acepta o no entrar en en la negociación dentro del ICSID.

    NULO
    El Minae anuló esta semana el contrato

    Para ello el Gobierno convocó para el lunes a una reunión de emergencia a los ministros de Ambiente y Energía, Justicia, Relaciones Exteriores y al procurador general adjunto de la República, según confirmó ayer este último, Farid Beirute.

    Pero ya anoche, el ministro de Ambiente y Energía reaccionó con mucho énfasis en que el país no tiene por qué sumarse a un proceso como el que pide Harken.

    “No vamos a aceptar ningún arbitraje. La empresa lo está planteando en el mismo momento en que el ministerio está sacando una resolución en que rescinde el contrato por incumplimiento, al no haber aprobado el estudio de impacto ambiental”, dijo.

    Explicó que precisamente la resolución administrativa final sobre el caso será notificada a la petrolera la próxima semana.

    El monto de los $57.000 millones fue corroborado tanto por Rodríguez como por otras tres fuentes y además fue publicado desde abril por el diario National Law Journal , de Washington y por el periódico virtual Tax News.com

    Ayer una periodista de La Nación visitó la sede del ICSID, en Washington. Allí, la vocera de prensa del Banco Mundial, Alejandra Viveros, dijo que aún no podían dar detalles del caso.

    Juan Pacheco, exvicepresidente de la petrolera en Costa Rica, explicó que para él la firma lleva razón en el reclamo por cuanto fue invitada a participar en una licitación, la ganó, cumplió con todos los requisitos y exigencias del Gobierno y “de un momento a otro el tema se politizó”.

    Consultado sobre el monto del reclamo, prefirió no referirse al punto y remitió la consulta al presidente de Harken, Brent Abadie.

    A él se le llamó a su oficina en Nueva Orleans, Estados Unidos, pero no se le pudo ubicar.

    COLABORÓ: Hazel Feigenblat, en Washington.


    Tras oro negro



    Febrero 14, 1997. Se publica el primer cartel de licitación que promociona la búsqueda de hidrocarburos.

    Febrero a octubre, 1997. Doce firmas petroleras compraron el cartel. Solo MKJ Xploration Inc. presentó ofertas.

    Julio 20, 1998. MKJ gana la concesión de cuatro bloques en Limón (dos marinos y dos terrestres).

    Noviembre, 1999. MKJ realiza estudios de reflexión sísmica en un área de 107 kilómetros cuadrados frente a la ciudad de Limón y asegura en abril del 2000 que hay muchas posibilidades de hallar petróleo.

    Mayo 16, 2000. MKJ le cede parte de los derechos de la exploración a Harken Costa Rica Holdings, subsidiaria de Harken Energy Corp, de Estados Unidos.

    Junio, 2000. Harken le entrega a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena), el estudio de impacto ambiental para construir una plataforma marina en las afueras de Moín.

    Setiembre, 2000. Un fallo de Sala IV le impide a la empresa buscar hidrocarburos en las zonas indígenas.

    Setiembre 19, 2001. Se efectúa una audiencia pública en Limón para que la población opine sobre el proyecto.

    Marzo 1.°, 2002. La Setena rechaza el estudio de impacto ambiental porque considera que no garantiza una exploración que no dañe el ambiente.

    Marzo, 2003. Harken Energy anuncia en Estados Unidos que reclamará a Costa Rica $57.000 millones mediante un arbitraje y presenta el caso ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias por Inversiones (ICSID), en Washington.

    Abril, 2003. Publicaciones estadounidenses como el National Law Journal , Tax-news.com y Legal Times dan cuenta del exorbitante reclamo de Harken al Estado costarricense.

    Setiembre, 2003. El ICSID notifica oficialmente a la Embajada de Costa Rica en Estados Unidos la petición de arbitraje que hizo Harken y esa sede pone el caso en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores.


    A favor. En la zona de exploración, la petrolera también tuvo vecinos que respaldaron su labor frente a las protestas de sectores ambientalistas.
    Archivo / LA NACIÓN


    Millones de millones



    Con el PIB. Para pagar los $57.000 millones que pide la firma petrolera, se requeriría juntar más de tres veces lo que producen todas las industrias y empresas nacionales juntas en un año (producto interno bruto), que para este año será de $17.144 millones.

    Con el presupuesto. El Gobierno planea gastar en el 2004, $5.147 millones. La cifra reclamada por Harken representa 11 presupuestos iguales al actual juntos.

    Con la deuda. La deuda externa costarricense es de $3.662 millones, por lo que el reclamo de la empresa petrolera representa más de 15 veces ese monto.

    Con el bono de vivienda. Con los $57.000 millones del reclamo estadounidense se podría financiar un total de 10.571.216 bonos ordinarios de vivienda de interés social cuyo monto desde principios del 2002 es de ¢2,2 millones ($5.392).


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