Jueves 8 de enero, 2004. San José, Costa Rica.
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Cambios en la justicia

• Un asunto sumamente complejo cuyo debate no resiste más dilaciones

Rodolfo Saborío Valverde
rsaborio@nexos.co.cr

Con apenas un año y medio de vigencia de la Ley de la jurisdicción constitucional , el Colegio de Abogados designó, en abril de 1991, una comisión de evaluación en la cual tuve el honor de compartir labores con don Eduardo Ortiz Ortiz, don Rodolfo Piza Escalante –de grata memoria– y otros juristas nacionales.

En setiembre de ese mismo año, rendimos un informe en el que se recomendó una modificación integral de la citada ley.

Desde esa fecha se percibía la urgencia de introducir ajustes importantes en el sistema de control de constitucionalidad y de garantía de los derechos fundamentales. Pese a la contundente evidencia que apoyaba las modificaciones normativas y la presentación posterior de múltiples proyectos de reforma, no ha sido posible en los últimos catorce años efectuar un solo ajuste en tan importante legislación.

Prevención del deterioro. Indudablemente, la discusión y aprobación de cambios sustanciales a la jurisdicción constitucional no pueden postergarse más, bajo riesgo de ver deteriorado este imprescindible mecanismo de garantía de la supremacía de las normas básicas del consenso social.

Nuevamente vuelvo a resaltar la necesidad de reformar la Carta Fundamental para crear un Tribunal Constitucional fuera de la estructura del Poder Judicial. No se justifica ni técnica ni políticamente que la jurisdicción constitucional permanezca como un cuerpo extraño dentro del órgano encargado de la jurisdicción ordinaria. Esta ha sido siempre una fuente de tensión institucional y ofrece en la actualidad más desventajas que beneficios.

El desarrollo legislativo del nuevo órgano debería inspirarse en la experiencia para superar algunas de las limitaciones que hoy ofrece el funcionamiento de la Sala Constitucional.

Remedios jurisdiccionales. En primer lugar, el Tribunal Constitucional no puede asumir en forma exclusiva los procedimientos de garantía de los derechos fundamentales; debe operar como una instancia superior luego de ejercitados otros remedios previos, incluso de rango jurisdiccional. Estos remedios jurisdiccionales pueden asignarse a todos los jueces de la República por medio de un procedimiento especial, sin necesidad de nombrar un solo funcionario más. Los jueces penales estarían a cargo del procedimiento previo en materia de restricciones a la libertad personal, y los jueces civiles, o contencioso-administrativos donde los haya, estarían a cargo del procedimiento de protección de los otros derechos fundamentales. Las resoluciones de estas autoridades judiciales podrían ser apeladas ante el Tribunal Constitucional, pasando un minucioso filtro de requisitos que impidan la saturación de dicha instancia. Con apoyo en la copiosa jurisprudencia existente, estas autoridades judiciales estarían en capacidad de resolver en una forma expedita y más cercana a los hechos que originan el reclamo, superando la injustificada concentración en la capital que existe actualmente.

En segundo término, los legisladores tendrían oportunidad de regular en forma más adecuada algunos asuntos que han originado problemas en el pasado, tales como la legitimación para interponer acciones de inconstitucionalidad, los alcances de las sentencias anulatorias de normas y los efectos suspensivos de la admisión a trámite de los recursos de amparo.

Introducción de límites. La tramitación de una reforma constitucional sobre esta materia puede permitir, además, el introducir algunos límites al funcionamiento de esta jurisdicción, especialmente en aspectos en que a todas luces ha habido una amputación de facultades de la Asamblea Legislativa, tales como la esterilización por vía jurisprudencial de los efectos de los informes de las comisiones de investigación parlamentaria o la cauterización de las facultades soberanas de reformar en forma parcial la Constitución Política sin sometimiento a interpretaciones por parte de otros órganos.

Estamos en presencia de un asunto sumamente complejo cuyo debate no resiste más dilaciones.


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