Martes 3 de febrero, 2004. San José, Costa Rica.
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Control y rendición de cuentas

• Transformación radical del concepto de función pública

Rodolfo Saborío Valverde
rodolfo@saborio.com

La herramienta por excelencia para una moderna rendición de cuentas es la existencia de presupuestos públicos elaborados a partir de un planeamiento estratégico, con la correspondiente identificación de metas, objetivos e indicadores para la evaluación de los resultados.

La reforma introducida en junio del 2000 al artículo 11 de la Constitución Política procuró la implantación de un sistema de rendición de cuentas con cobertura sobre el conjunto del sector público, en el cual se sustituye el tradicional concepto del funcionario que debe actuar apegado a la ley por el de funcionario que se encuentra obligado a cumplir eficientemente sus funciones. Aunque podría parecer una diferencia de matiz, estamos en presencia de una transformación radical del concepto imperante de función pública, que nos permitirá colocar el acento en el carácter instrumental del aparato público y rescatar la noción de Estado al servicio del ciudadano, en contraposición al concepto de Estado secuestrado por sus servidores que prevalece en la actualidad.

Carencia de enfoque sistemático. Lamentablemente, esta importante reforma constitucional no ha encontrado el correspondiente desarrollo legislativo que permita profundizar el nuevo concepto de rendición de cuentas. Es cierto que luego de dicha reforma se promulgó la Ley de administración financiera y presupuestos públicos (setiembre del 2001) y posteriormente la Ley general de control interno (julio del 2002), pero ambos cuerpos normativos responden a iniciativas preparadas en forma separada de la reforma constitucional, pero, si bien es cierto que posibilitan la puesta en práctica de un nuevo concepto de presupuestación y control, carecen del enfoque sistemático que proclama el artículo 11 constitucional.

Los elementos básicos para un rediseño de la rendición de cuentas están sentados en la legislación citada, pero queda aún un importante camino por recorrer para que contemos con herramientas modernas de control político y hacendario, que deben pasar necesariamente por la adopción de cambios organizativos en el interior de la Asamblea Legislativa y la promulgación de nuevas disposiciones legales.

Dentro de los cambios en la Asamblea Legislativa, no queda duda de que el nuevo concepto constitucional de rendición de cuentas obliga a una evaluación de resultados del conjunto del sector público, sin exclusión alguna. Para que esto sea viable y pueda ser llevado a cabo en una forma especializada, es necesaria la recomposición de las comisiones legislativas de modo que las tareas de control político y exigencia de cuentas sean una actividad ordinaria y permanente, no algo casuístico y surgido al calor de los escandalillos políticos del momento. Las comisiones legislativas deben, además, racionalizarse y corresponder a un espejo del aparato público de modo que no quede actividad sin controlar. Puede pensarse, además, en que cada una de estas comisiones especializadas apruebe los presupuestos de su sector.

En todas estas tareas se torna imprescindible la colaboración técnica de la Contraloría General de la República, lo cual pasa por el cumplimiento de su papel constitucional como órgano auxiliar del Congreso. La introducción de la censura vinculante y de la carrera parlamentaria ayudarían a la profundización y profesionalización del control político, pero estos son cambios que requieren reforma constitucional.

Responsabilidad de funcionarios. Dentro de las transformaciones legales más importantes, se impone el restablecimiento de la responsabilidad funcionarial, lo cual pasa por la promulgación de una Ley de la función pública que introduzca coherencia y sistematización en todo el régimen de empleo público, caracterizado en la actualidad por la dispersión y la ausencia de reglas de conjunto. Un paso imprescindible para la implantación de la rendición de cuentas será el establecimiento de la responsabilidad personal de los jerarcas administrativos en caso de incumplimiento de los compromisos establecidos en los presupuestos.

Como podemos ver, las condiciones son propicias para que avancemos a modalidades de control y rendición de cuentas significativamente superiores a aquellas que han prevalecido en el pasado reciente.


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