Lunes 9 de febrero, 2004. San José, Costa Rica.
documentos,leyes,proyectos,informes,estudios,fallos,reglamentos,decretos,encuestas,deportes,educacion,cocina,politica,salud,historia,fotos,tecnologia,video,audio,navidad,libertad.de.prensa.y.expresion,moda,servicios.nacion.com Suplemento Cultural Áncora Estación 21 Metro Cuadrado Revista Dominical Teleguía Tiempo Libre Zurquí Secciones Suplementos
Portada

Obituario

La Gaceta en breve

Diario Oficial La Gaceta

Teléfonos de Emergencia

Noticias Opinión:



Tratado en el Congreso

• Seguros y telecomunicaciones no requieren votación calificada

Rodolfo Saborío Valverde

Luego de la lectura del capítulo 12 y el anexo 13 del borrador del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos, resulta conveniente hacer algunas precisiones sobre el alcance normativo de los compromisos adquiridos en materia de seguros y telecomunicaciones.

Primero, debemos indicar que dicho tratado es un instrumento de derecho internacional que, una vez aprobado por la Asamblea Legislativa y ratificado por el Poder Ejecutivo, en ese orden, tiene rango superior a la ley. En virtud de esa jerarquía, en caso de diferir de la ley ordinaria, prevalece sobre ella y, para todos los efectos, esta última debe entenderse por modificada.

En los tratados comerciales se suelen incluir disposiciones que tienen un efecto normativo directo, que entran en vigencia al mismo tiempo que el tratado y, por otra parte, es frecuente que se incluyan compromisos, en el sentido de promulgar legislación interna, que no tienen efecto normativo directo más allá de que, si no se llevan a cabo, el Estado entra en situación de incumplimiento. Estos últimos requieren, entonces, un proceso adicional que puede ser legislativo o reglamentario.

Por definición constitucional.Es incorrecto sostener que un tratado comercial pueda modificar la Constitución Política. Por jerarquía de fuentes esto no es posible; además, para esto se requiere un procedimiento calificado expresamente definido en la propia Carta Fundamental, que no es aplicable a un instrumento de derecho internacional. La única excepción, por vía jurisprudencial, es el caso de tratados internacionales sobre derechos humanos, en la que, estemos de acuerdo o no, la Sala Constitucional ha esbozado la posibilidad de que la Constitución ceda ante una norma que, en buena técnica, es de grado inferior. Aparte de esta posibilidad, no es válido sostener que un tratado comercial modifica la Constitución.

En materia de seguros, el capítulo 12 del Tratado establece expresamente disposiciones de efecto normativo directo, como la apertura gradual, y compromisos de promulgar legislación relacionada con la modernización del Instituto Nacional de Seguros y el marco regulatorio de la actividad. Ninguna de esas dos materias requiere reformas a la Constitución Política ya que el monopolio actual se apoya en una ley de 1924, que puede ser modificada en cualquier momento, y lejos de contener nuestro texto fundamental alguna referencia a la existencia de una exclusividad del Estado en la prestación de servicios de seguros, más bien en el artículo 46 se establece expresamente la prohibición de los monopolios.

Las disposiciones en telecomunicaciones consignadas en el anexo 13 del Tratado requieren, en su práctica totalidad, un desarrollo legislativo que las haga operativas. Tampoco se observa aquí choque alguno con la Constitución Política.

No existe monopolio.En primer lugar, debemos recordar que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) no es titular de monopolio alguno en telecomunicaciones. El Estado costarricense es titular de los servicios inalámbricos y los puede dar en concesión, como lo ha hecho con el Instituto y otros entes ya que constitucionalmente no existe monopolio sobre dichos servicios. Los acuerdos no modifican el papel del ICE, más bien señalan el compromiso de fortalecerlo mediante la promulgación, por la Asamblea Legislativa, de una ley orientada a su modernización. Aun en el caso que el Tratado estableciera alguna modificación orgánica del funcionamiento de esa institución, tampoco habría roce con la Constitución ya que no existe ninguna limitación ni votación calificada para modificar el decreto ley que la creó.

Tenemos, entonces, que no existe absolutamente ningún fundamento para afirmar que la aprobación legislativa del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos requiera, al menos en cuanto a los temas de seguros y telecomunicaciones, votación calificada.


Archivo y Ediciones anteriores
Última hora por email
Noticias en Celular GSM
Emails de Redacción
Envíe un fax gratis
Servicios
Avisos Económicos
Infórmese en su Agenda digital
Chats



Agenda
Nacionales
Foro sobre TLC Centroamérica - EE.UU.
Foro sobre seguridad y presas en Navidad
Promociones
Reglamento del concurso Digigol
Educación
Tecnoavances
Escogiendo carrera
Padres expertos
Fascículo Aula Verde: ecología para niños
Fechas históricas
Tribuna idioma
Columna Raíces
Deportes
Copa del café 2004

Especial Campeonato de Clausura

Especial Vuelta Ciclística
Deporte Aventura
Belleza, hogar y moda
Navidad con La Nación
Especial Miss Costa Rica 2004
Recetarios
Salud!: Pinchazo de belleza
Pasatiempos
Cinemanía
Sitios de interés
Sitios web de Costa Rica
50 de los sitios ticos más populares de Internet
Libertad de prensa
Sitio Libertad prensa y expresión
Sobre nacion.com

Anúnciese
Preguntas frecuentes
Edición más actual
Equipo de nacion.com

Sobre La Nación impresa
Tarifario 2003-2004
Suscríbase
Envíe su currículum
talento@nacion.com



© 2004. LA NACION S.A. El contenido de nacion.com no puede ser reproducido, transmitido ni distribuido total o parcialmente sin la autorización previa y por escrito de La Nación S.A. Si usted necesita mayor información o brindar recomendaciones, escriba a webmaster@nacion.com