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Foto Principal: 771907
INFORME. El ministro Rogelio Ramos pidió datos a Aviación Civil sobre el alcance de radares. Arturo García trabaja en la torre de control en Pavas.
Archivo/LA NACIÓN
AERONAVES EN TRÁNSITO

Pretenden flexibilizar requisito de permiso para aviones militares

“Afecta a gobiernos amigos”, dice ministro Rogelio Ramos

Otto Vargas M.
ovargas@nacion.com

El ministro de Seguridad Pública, Rogelio Ramos, pedirá a la Procuraduría una nueva interpretación de la normativa que exige permiso legislativo para las aeronaves militares en tránsito por el espacio aéreo nacional.

Ramos sostiene que el pronunciamiento emitido el 9 de julio del 2003 ha ocasionado “situaciones difíciles a gobiernos amigos, cuando aeronaves de guerra extranjeras que trasladan mandatarios o funcionarios de alto nivel deben sobrevolar nuestro territorio en tránsito a terceros países”.

Así lo señaló en la misiva que el 30 de junio pasado envió a la jerarca de la Dirección General de Aviación Civil, Vilma López Víquez.

El Ministro preguntó por la capacidad de los radares pues sospecha que estos no tienen alcance de monitoreo para vuelos a gran altura.

“Con la finalidad de hacer una nueva consulta a la Procuraduría General de la República, le solicito indicarme cuál es la capacidad, en pies de altura, que tienen nuestros radares en las diferentes torres de control para detectar aeronaves en nuestro espacio aéreo”, dice la misiva.

Ante una pregunta de este medio, Ramos relató que en días pasados un mandatario –no pudo precisar cuál– tuvo que emprender un viaje de última hora.

Al no poder tramitar a tiempo el permiso legislativo, entonces debió desviarse de su ruta para no pasar sobre Costa Rica.

Medida extrema

Aunque Ramos dijo estar de acuerdo con la exigencia del permiso legislativo en el caso de aviones o buques que utilicen puertos o aeropuertos nacionales, expresó dudas en el caso de aeronaves en tránsito.

“Me parece un tanto exagerado que un presidente de Suramérica, en ruta a Norteamérica, tenga que hacer ese trámite por usar nuestro espacio aéreo.

“Hablamos de jefes de Estado, no de cualquier persona. Una nota debería ser suficiente. Así lo han hecho siempre”, explicó Ramos.

El Ministro reiteró que la medida ha provocado molestia en algunos países.

La Procuraduría considera aeronaves de guerra no solamente a aquellas construidas y equipadas con esa finalidad, sino también ´las que cumplen otras funciones en el escenario bélico, como el transporte de tropas, municiones, avituallamiento, inteligencia o abastecimiento de combustible en vuelo.

Pronunciamiento

En julio del 2003 la Procuraduría concluyó: “La razón de ser del permiso legislativo para el ingreso de aeronaves de guerra no es de índole práctica; como por ejemplo el prevenir un ataque o una agresión inminente, lo cual en todo caso sería inevitable, dada la escasez o ausencia de medios de defensa antiaérea.

“La razón es de carácter jurídico y político, como una manifestación del respeto a la soberanía del Estado costarricense, por más débil y vulnerable en el campo militar”.

En sus conclusiones, el procurador Francisco Villalobos explicó: “La autorización para el sobrevuelo y aterrizaje en los aeropuertos nacionales de aeronaves de guerra extranjeras constituye un acto de soberanía propio de las atribuciones de la Asamblea Legislativa”.

Además, indicó que aeronaves de guerra son todas aquellas que pertenezcan a la Fuerzas Armadas de un Estado, que lleven los signos exteriores distintivos de las aeronaves de guerra de su nacionalidad y cuya dotación se encuentre sometida a las reglas de las fuerzas armadas, “independientemente que sean artilladas o no”.

Gestión de diputado

“La razón se encuentra en el respeto al Derecho Internacional y a la ordenada convivencia entre naciones soberanas”, subrayó el Procurador.

La Procuraduría entró a conocer el asunto ante una consulta del diputado liberacionista José Miguel Corrales, quien considera que cualquier aeronave en misión oficial o como parte del Convenio de Patrullaje Conjunto entre Costa Rica y Estados Unidos debe someterse al requisito del permiso que concede la Asamblea Legislativa.

Cielos regulados

• La Asamblea Legislativa ha tramitado varios permisos para uso de los cielos nacionales en los últimos meses.

El martes anterior el Congreso autorizó el aterrizaje de una aeronave no artillada de la Fuerza Aérea de El Salvador.

Su misión: llevar al Museo Militar de ese país las prendas del expresidente y coronel José María Lemus.

Las autoridades de gobierno del país centroamericano pidieron permiso para otra aeronave –con cuatro tripulantes–, en caso de que la primera sufriera algún contratiempo.

El 28 de junio el Gobierno de México pidió permiso para que un avión Hércules C-130 utilizara el espacio aéreo para llegar a Colombia.

La tripulación no tenía previsto aterrizar en Costa Rica. Movilizaba el personal que se encargaría de impartir el “Curso de apoyo a la población civil para casos de desastre en países centroamericanos 2004”.

En el Hércules viajarían 19 militares, seis tripulantes, entre ellos dos comandantes, y dos perros.

Para el regreso tuvieron que gestionar un nuevo permiso, conforme el oficio SD-D-5-04-05.

El 24 de junio la Asamblea Legislativa aprobó el paso de una aeronave mexicana que transportaría al secretario de Relaciones Exteriores de ese país, Luis Ernesto Derbez Bautista, y a su comitiva, en una misión diplomática.

La aeronave se dirigía hacia la capital de Panamá. Los funcionarios viajaron en un jet no artillado de la Fuerza Aérea de México.

El 31 de mayo los legisladores aprobaron el ingreso a cielos nacionales de un avión B-737 que transportaba al presidente de Chile, Ricardo Lagos.

El mandatario provenía de El Salvador. Se gestionó permiso para aterrizar en el aeropuerto Juan Santamaría ante cualquier eventualidad.

Una semana antes el Gobierno de Brasil pidió permiso para el paso de dos aeronaves “en misión precursora de la presidencia de la República”.

Los aviones, tipo KC-137, movilizarían a 21 personas. Los aviones no eran artillados.

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