Busqueda
Avanzada
Miércoles 10 de noviembre, 2004
San José, Costa Rica.

Servicios | Archivo | Escríbanos | Economicos.com | Fax gratis | Noticias en PDA , celular , e-mail

  Noticias
Nacionales
Especial: Caso ICE-Alcatel
Especial: Caso CCSS-Fischel
Sucesos
Deportes
Internacionales
Economía
Ciencia
Week in Review
Ediciones anteriores

  Editoriales y Encuestas
Opinión
Cartas
Encuestas
Chats
Foros

Ocio y Cultura
Campeonato 2004-2005
Concurso Digigol
Viva (Vida/Cultura)
Áncora (Cultura)
Tiempo Libre
Teleguía
Revista Dominical
La Nación en Imágenes
Revista Salud
Cinemanía
Tarjeticas
Horóscopo
Crucigrama
Sitios Costa Rica

Educación y Ciencia
Zurquí (Niños)
Estación 21
Raíces (Geneología)
Tribuna Idioma
Fechas históricas

  Documentos
Leyes
Informes

Especiales
Especiales
Atenas 2004

  Quienes somos
Anúnciese en nacion.com
Preguntas frecuentes nacion.com
Edición más actual nacion.com
Equipo de nacion.com
Emails de Redacción
Tarifario La Nación 2004-2005
Envíe su currículum

Noticias Opinión:

Foto Principal: 792156
/LA NACIÓN

¿Cabildeo o sobornos?

Una figura patológica y absolutamente ilegítima

Rodolfo Saborío Valverde
www.saboriocoto.com

Tal parece que, ante los casos de tráfico de influencias puestos en evidencia por la prensa en los últimos meses, se está tratando de construir la idea de que todo se justifica bajo la pretendida prestación de servicios de asesoría política o “cabildeo”, que supuestamente no riñen con la ética pública, y que por tanto no son ilegítimos ni constitutivos de delito.

Lo primero que llama la atención es que todos los involucrados, de una u otra forma, recurren a la misma justificación, denotando una hilvanada coordinación que más bien da lugar a suponer la existencia de una mínima consistencia de grupo o asociación para llevar a cabo dichas actividades.

Expresamente prohibida. Lo primero que debe señalarse es que en Costa Rica la figura del cabildeo político para la obtención de adjudicaciones no es lícita; todo lo contrario, es prohibida expresamente por la legislación, máxime cuando algún funcionario o cualquier titular de funciones administrativas recibe una compensación económica, o lo que en lenguaje común se conoce como soborno. Poco importa si para llegar a su destinatario final ese soborno pasa por varios intermediarios, al final el resultado es el mismo: se influye en forma ilegítima en la adopción de una decisión administrativa.

En materia de contratación administrativa, desde la entrada en vigencia de la Ley de contratación administrativa en mayo de 1996, las adjudicaciones de las licitaciones públicas están sometidas a todo un proceso de valoración objetiva, con una metodología de comparación de ofertas que hace obligatoria la selección de la propuesta que obtenga el primer lugar; esto es, debe escogerse la oferta más conveniente para el interés general, de acuerdo con los parámetros previamente establecidos en los términos del concurso, lo que excluye por completo las consideraciones de tipo político. Cualquier insumo político es por tanto ilegítimo y debe ser considerado como una patología, no como algo consentido por nuestro ordenamiento.

Estricta transparencia. El lobby, o cabildeo, es legítimo en otros contextos normativos y culturales, como en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde esta actividad se lleva a cabo según estrictas reglas de transparencia y con sometimiento a un conjunto preciso de normas éticas, para evitar los conflictos de interés y el uso indebido de la influencia política.

En Costa Rica, no solo no tenemos ninguna de estas reglas culturales y normativas, sino que padecemos una ausencia total de responsabilidad de los titulares de los puestos públicos. Recordemos que el único caso de censura de un ministro por parte de la Asamblea Legislativa, en 1995, no tuvo ninguna consecuencia, ya que en nuestro país la palabra renuncia no existe en el léxico de los políticos ni existen los niveles mínimos de decencia en la función pública que hagan suponer siquiera que podría aceptarse un sistema de “cabildeo”.

“Asesorías políticas”. Es por esa razón que, jurídicamente, en Costa Rica no puede hablarse de la regularidad de las “asesorías políticas” para obtener adjudicaciones en licitaciones públicas, máxime cuando se pagan sumas multimillonarias que no corresponden con un trabajo intelectual tangible o verificable y el pago depende del éxito en el concurso de la empresa que se asesora.

Con la pronta entrada en vigencia de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, queda confirmado que en nuestro ordenamiento jurídico lo que ahora se trata de denominar cabildeo es una figura patológica y abiertamente ilegítima. Pese a los defectos técnicos del artículo 52 de esa Ley, al penalizarse el tráfico de influencias con prisión de uno a cinco años, resulta claro que la intermediación de funcionarios públicos y otras personas con influencia, para la obtención de adjudicaciones, es un delito, como lo venía siendo desde la vigencia del Código Penal de 1970 el ofrecimiento y el recibo de dádivas, o desde la promulgación de la Ley N.° 6872 de 17 de junio de 1983 cualquier conducta que condujera al enriquecimiento ilícito propio o de terceros.

Sala de Redacción
Costa Rica Hoy
Centroamérica Hoy
Latinoamérica Hoy
Mundo Hoy
Futbol en Costa Rica
Futbol en América
Futbol en el Mundo
Otros Deportes
Economía en América
Economía en el Mundo




Economicos.com
Metro cuadrado
Suscríbase La Nación


Obituario
Diario Oficial La Gaceta