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/LA NACIÓN

El camino por delante

La construcción de una institucionalidad posbipartidista

Rodolfo Saborío Valverde
www.saboriocoto.com

Lo más difícil de responder para quienes de una u otra forma nos empeñamos en contribuir a la formación de un espacio de discusión sobre los asuntos de interés nacional, es la interrogante que preocupa a la mayoría de costarricenses: ¿hacia dónde se dirige nuestro país?

Hemos iniciado un trayecto que debimos haber emprendido desde hace muchos años, pero que múltiples condicionantes culturales e institucionales frenaron repetidamente. Aunque hayamos empezado este viaje sin mapa ni brújula, y nadie pueda seriamente pronosticar hacia dónde nos conducirá, no cabe duda que no podíamos darnos el lujo de seguirlo posponiendo.

La construcción de una institucionalidad posbipartidista se inició con las elecciones del 2002, y no ha sido sencilla. La parálisis legislativa, que se le achaca a este proceso de transición y al ensayo con el multipartidismo, tiene sus causas más bien en los últimos intentos del bipartidismo por mantener el control de la institucionalidad pública. En buena medida, todavía tienen ese control y no se desprenderán de él sin hacer algunos intentos por mantenerlo, cambiando de ropajes o intentando desmarcarse de la debacle que ellos mismos han provocado.

Acceso ciudadano. La gran tarea por delante es la reconstrucción de nuestra institucionalidad a partir del pleno respeto de la legalidad, el levantamiento de los obstáculos para que los ciudadanos tengan acceso al poder formal sin dedicarse a tiempo completo a ser políticos, la prestación de servicios públicos de salud y educación de primera calidad que sirvan de verdaderos agentes de promoción social, y la redefinición de los programas asistenciales para que los inmensos recursos que hoy consumen lleguen a sus verdaderos destinatarios y no se dilapiden en gastos administrativos. En fin, todas estas tareas pueden resumirse en una simple fórmula: debemos reconstruir el estado social y democrático de derecho, que no ha pasado de ser una aspiración de la que nos hemos ido alejando cada vez más.

Si bien este paradigma está muy bien delimitado por procesos probados con éxito durante muchas décadas en países desarrollados, particularmente en Europa, y puede convertirse en el mapa y la brújula que nos guíen para hacer las transformaciones institucionales que requiere el país, seguimos enfrentados a un problema capital: toda reforma, profunda o transitoria, pasa por la Asamblea Legislativa. Debido a la inoperancia de la integración actual del Congreso, no parece viable pensar que de dicho órgano surgirán los aires renovadores que necesitan nuestras instituciones, eso sin mencionar la falta total de conducción por parte del Poder Ejecutivo.

Sin capitán ni navegantes. Esta situación nos coloca en un dilema muy peligroso: estamos en una coyuntura propicia, como nunca antes, para promover la modernización de nuestras instituciones y dirigirnos hacia un verdadero estado social y democrático de derecho, pero no tenemos ni capitán ni navegantes a mano, al menos durante los próximos 18 meses.

Todo lo anterior nos lleva a que no será sino hasta las elecciones del 2006 cuando los costarricenses estaremos en capacidad de iniciar la reconstrucción de nuestra institucionalidad, la cual no podrá cimentarse sobre libretos improvisados, por lo que debemos exigir de cualquier aspirante a presidente o legislador que exponga, con lujo de detalles, las propuestas de reforma constitucional, legal y reglamentarias con las que piensa enfrentar la titánica tarea de poner al Estado al servicio del ciudadano.

No será el tiempo entonces de los mesías, los inmaculados o los arribistas, quienes pretendan que les confiemos nuestro futuro como un simple acto de fe, con una carta en blanco sin respaldo en una concepción específica de las grandes reformas que necesita nuestro país. Entonces, la única transformación que los ciudadanos tendremos en las manos será elegir a quienes presenten los planteamientos más coherentes y congruentes con una verdadera modernización y democratización de la institucionalidad.

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