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/LA NACIÓN

Solución institucional

Derrotero después de la caída del muro de la impunidad

Rodolfo Saborío Valverde
www.saboriocoto.com

El país debe prepararse para asimilar el impacto que provocará el descubrimiento de que la corrupción a gran escala que tenía montada el bipartidismo no se limita a los casos del crédito finlandés ni a los sobornos pagados por una adquisición de líneas celulares. La madeja apenas empieza a desenredarse y, muy probablemente, a corto plazo se empezarán a conocer otros casos que impactarán a los costarricenses.

El férreo sistema de impunidad, montado por más de 30 años por el bipartidismo cleptócrata, ha desaparecido de la noche a la mañana, y probablemente surgirán serios problemas operativos para que el Ministerio Público, con el valiente apoyo de la prensa seria, pueda procesar los incontables abusos cometidos en tantos años. Necesariamente tendrá que pensarse en un sistema de selección que evite que la maquinaria represiva colapse ante la avalancha de asuntos.

Cohonestaron el saqueo. Lo que sí debemos resaltar es que, independientemente del grado de tirantez y agitación que se llegue a generar, la solución debe pasar en forma exclusiva por el tamiz institucional. No se debe hacer eco de las iniciativas, que no faltarán, que pretendan pasar por encima de los poderes establecidos, sugiriendo juntas de notables o intervenciones salvadoras de añejos patricios. El estado de derecho costarricense es lo suficientemente fuerte para superar, con las reglas de juego vigentes, esta difícil situación. Debemos entonces hacer un llamado al respeto institucional y a no hacer eco de las voces gastadas que cohonestaron el saqueo del país sin pronunciar una sola palabra de alerta, beneficiándose en muchos casos de la situación de degradación general. En la anterior situación se encuentran evidentemente los sindicatos del sector público y algunos políticos tradicionales que ahora pretenden aparentar que forman casa aparte.

Los efectos en el reacomodo de las fuerzas políticas que pueda tener la caída del muro de la impunidad, no pueden ser inmediatos; se medirán en su oportunidad y deberán canalizarse por los mecanismos electorales establecidos, con todas las limitaciones que tienen y con los pocos ajustes que estarán dispuestos a efectuar los legisladores del bipartidismo en sus últimos esfuerzos por mantener el control del país.

Límites y sanciones. Un mínimo acto de decencia sería la promulgación de una regulación severa del financiamiento de las campañas electorales, con límites precisos y sanciones efectivas que eviten los torrentes de corrupción de las contiendas recientes.

Pese a que nuestro sistema electoral está minuciosamente diseñado para evitar la aparición de nuevas alternativas políticas o la consolidación de las emergentes, los ciudadanos todavía estamos a tiempo de contribuir con nuestro esfuerzo en la tarea de reconstrucción de la legitimidad electoral, ya sea asumiendo el reto de constituir nuevas alternativas o contribuir al fortalecimiento de los partidos emergentes que más se ajusten a su concepción del bien general.

Requisito de honorabilidad. Una medida inaplazable es proceder a una revisión profunda del papel de la Contraloría General de la República, que le ha fallado estrepitosamente a la sociedad costarricense. A una reforma institucional de ese órgano debe agregarse la conclusión del espectáculo poco edificante presentado con el caso del Contralor impuesto por el bipartidismo, removiéndolo de su puesto por incumplimiento del requisito de honorabilidad, de orden constitucional, que, en el presente caso, se irrespetó en forma flagrante.

La titánica lucha asumida por el Fiscal General y su equipo de colaboradores no puede suplir el vacío dejado por un control hacendario sin derrotero y sin conductor. Debe iniciarse sin demoras la implantación de un sistema nacional de rendición de cuentas, de modo que se exija la eficiencia en el uso de los recursos públicos, se introduzcan criterios modernos de planificación y de presupuestación por resultados, con definición de planes estratégicos, objetivos, metas e indicadores de gestión, que nos permitan dar los primeros pasos hacia el rescate de nuestras instituciones públicas.

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