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Noticias Opinión:

Fracaso del control

La Contraloría debe ser órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa

Rodolfo Saborío Valverde


Si una cosa ha quedado en evidencia con las trascendentes investigaciones periodísticas de los últimos meses, complementadas con la oportuna respuesta del Ministerio Público, es el absoluto fracaso de los mecanismos ordinarios de control de la Hacienda Pública.

De una Asamblea Legislativa en una pendiente de desprestigio acelerado, incapaz de diseñar su organización interna de manera que se racionalice el control político, a una Contraloría General de la República absorbida por lo banal y las pesquisas arqueológicas, no podemos menos que concluir en la urgente necesidad de introducir ajustes institucionales que permitan restablecer el papel que dichos órganos están llamados a cumplir.

Dañina tendencia. El primer gran paso que debe darse es la recuperación del papel de la Contraloría como órgano auxiliar del Congreso, de modo que se corrija la dañina tendencia que caracteriza a todas las instancias públicas, que las hace considerarse un fin en sí y perder la noción de que forman parte de un conjunto institucional que está al servicio del interés general. Para conducir a ese objetivo, hace cuatro años preparé un proyecto de reforma constitucional que reafirmaba ese perfil auxiliar de la Contraloría, transformaba su jerarquía en un órgano colegiado (tres miembros, electos por seis años, con sustitución de un integrante cada dos años) y remitía a la ley ordinaria la definición de sus competencias, para evitar la rigidez que la situación actual ocasiona en el manejo financiero y la fiscalización de la actividad administrativa, especialmente la de contratación.

La concentración de las funciones actualmente atribuidas a la Contraloría en un jerarca unipersonal ha conducido a que este sea el funcionario público con mayor poder, cuyos actos pueden tener más repercusión directa que los del mismo presidente de la República. Pensemos en lo dañino que sería un contralor desequilibrado emocionalmente, incapaz de percibir que para ejercer tan altas atribuciones se requiere un mínimo de honorabilidad y dignidad, y que utilizara su poder para intentar resucitar su carrera política con vistosos actos arbitrarios e ilegales.

En el pasado, esta propuesta de reforma ha sido puesta en conocimiento de altos responsables políticos, y probablemente ahora sí le haya llegado su tiempo.

Control político. Otra gran reforma pendiente es la sistematización del trabajo de control político por parte de la Asamblea Legislativa. Las líneas generales de esta propuesta las he expuesto en estas páginas en los comentarios “Cultura de rendición de cuentas” (30/9/00), “Institucionalidad posbipartidista” (15/2/02), “Control parlamentario” (23/5/02) y “Control y rendición de cuentas” (3/2/04). En síntesis, es necesario reformar el reglamento de la Asamblea Legislativa para que la función de control político se asuma como una actividad permanente y especializada de las comisiones legislativas, no como algo casuístico y reactivo ante situaciones ya consumadas.

He sugerido que las comisiones deben especializarse funcionalmente, a partir de una clasificación de las actividades del conjunto del sector público, de manera que asuman como competencia natural el control sobre determinadas áreas sin necesidad de actos de investidura específicos. La distribución actual de las comisiones permanentes no responde a ninguna lógica funcional y el excesivo número de comisiones especiales no es más que un reflejo de esa circunstancia.

Racionalización de la labor. El trabajo legislativo debe racionalizarse, de modo que los diputados puedan centrar su atención en forma especializada en el control del gasto público, la exigencia de cuentas y la actualización normativa que requiera cada sector. En este nuevo esquema, el papel de la Contraloría como auxiliar resultaría de primera importancia.

Además de sentar las responsabilidades personales por los desafueros cometidos contra los recursos públicos, no debe postergarse la discusión nacional y la aprobación de ajustes institucionales que impidan que estas situaciones se repitan en el futuro.

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