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/LA NACIÓN

Compras públicas y control

El enriquecimiento ilícito de los gobernantes no es una patología reciente

Rodolfo Saborío Valverde
www.saboriocoto.com

¿Qué sucede en Costa Rica que es imposible concluir una obra pública de importancia o adquirir equipos vitales para la prestación de servicios sin que haya demoras prolongadas, corrupción o ambas cosas a la vez?

Hasta hace unos pocos meses, era frecuente escuchar a los políticos afirmar que se imponía flexibilizar las normas de contratación administrativa ya que no permitían actuar con eficiencia. Ahora que se ha iniciado el proceso de desmantelamiento del sistema de impunidad que convirtió las compras públicas en un botín, se cambia de estribillo y se oye hablar de reforzar los controles y las sanciones.

Previsiones para agilidad y eficiencia.A pesar de que existen aspectos por mejorar, la Ley de contratación administrativa es un marco general que contempla las previsiones necesarias para que se diseñen procedimientos de adquisición ágiles y eficientes, con controles operativos y efectivos, los cuales deben ser desarrollados reglamentaria y organizativamente. Además, dicha ley contempla precisas causales de prohibición y todo un capítulo de sanciones a los funcionarios y empresarios que incurran en irregularidades.

La única explicación al evidente desgano por hacer que el sistema de compras públicas funcione como debe ser, es sencillamente que sería contrario a los intereses de los políticos, ya que en las obras que nunca concluyen, en los procedimientos lentos y complicados, es en donde se incuba la posibilidad de congraciarse con los financistas anónimos de las campañas políticas, con los sempiternos traficantes de influencias políticas y con los promotores de la corrupción. ¿Qué interés habría en ponerle término a una obra si cuanto más dure y más se complique mayores son las utilidades de toda esta fauna voraz e insaciable?

Generación de fortunas privadas.No cabe duda de que por medio de las compras públicas se canalizan las formas más significativas de corrupción. Es allí donde se concentran las mayores cantidades de recursos destinados a la inversión y donde un manejo inapropiado puede conducir a la generación de grandes fortunas privadas.

No es eliminando controles, muchos de ellos de rango constitucional, como se logra agilizar los procedimientos de contratación pública. No queda duda de que el ejercicio de los controles ha fallado estrepitosamente, pero esto responde a que las herramientas suministradas por la Ley son mal utilizadas, muchas veces a sabiendas de que se deja abierta la puerta a las irregularidades. Indudablemente, la Contraloría se ha equivocado de camino y, además de que entorpece cotidianamente la acción de los administradores públicos honestos, que son la mayoría, no ha sido capaz de prevenir o detectar la macrocorrupción, que ha desfilado enfrente de sus incompetentes ojos, sin que se hayan activado las señales de alerta.

Agilidad con simples ajustes.El eterno dilema entre la eficiencia y el control es una falsa discusión. Es posible alcanzar la agilidad de los procedimientos de adquisiciones, con simples ajustes al “Reglamento de contratación administrativa”, en condiciones de plena transparencia y buen uso de los recursos; lo que sucede es que los propios procesos y trámites en el interior de los entes públicos entorpecen y prolongan la toma de decisiones.

La utilización de las compras públicas como forma de enriquecimiento ilícito de los gobernantes no es una patología reciente. Ya desde la adquisición de la primera central telefónica del ICE hubo controversia y se mencionó la participación directa de un presidente de la República. Los casos que han causado conmoción en las últimas semanas se presentan, casi sin lugar a dudas, en todo el sector público en pequeña o en gran escala, en el Gobierno Central, en las instituciones descentralizadas y en las municipalidades.

A pesar de los ajustes que se puedan hacer en los procedimientos de adquisición y lo que logremos avanzar en la introducción de la transparencia, nada se avanzará si no se adoptan reformas profundas en los sistemas de control.

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