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/LA NACIÓN

Corporativismo rentista

Una lista interminable de privilegios que pagamos todos

Rodolfo Saborío Valverde
www.saboriocoto.com

Desde hace algún tiempo he intentado llamar la atención sobre la nefasta influencia que el corporativismo rentista ha tenido sobre la democracia costarricense (recientemente en esta página: “¿Transición de tres años?”, 8 de junio del 2003, y “Democracia fragmentada”, 3 de julio del 2003).

El deterioro institucional a que conduce el corporativismo no ha cesado de acentuarse, y han sido sus efectos más evidentes, en los últimos meses, la generación de una sensación de vacancia del poder, en una transición que lleva dos años, a la cual desafortunadamente le faltan dos años más, y que no sabemos hacia dónde nos conduce. En un escenario como el que vive el país actualmente, no son pocos los riesgos de una profundización de la pérdida de legitimidad y efectividad institucional, cuyos síntomas ya empiezan a hacer estragos ya que la fragmentación conduce inevitablemente al vacío de autoridad.

Viven de la sociedad. Por definición, los grupos rentistas son aquellos que viven de las rentas de la sociedad en su conjunto, pero que aportan muy poco o nada a la riqueza nacional. Estos grupos se aprovechan de cualquier recurso público mal controlado o de la posibilidad de imponer arbitrariamente posiciones dominantes en sus respectivos sectores de actividad para obtener ventajas económicas o competitivas que no obtendrían en condiciones de igualdad y transparencia.

Estos grupos, normalmente de naturaleza corporativa, empresarial o sindical, logran imponer sus agendas debido a las debilidades institucionales y su control de los partidos políticos tradicionales y, por esa vía, del Congreso, sin preocuparse de que sus intereses correspondan con los del país en su conjunto. La consigna es sacar el mayor provecho posible en el menor plazo, sin siquiera detenerse un momento a evaluar el daño que la satisfacción de su interés corporativista le provoca a la sociedad.

Asistencialismo empresarial.Producto de esta atrofia institucional y de la pérdida de la noción de país que genera el corporativismo, hemos observado cómo se ha impuesto en los últimos años todo un sistema de “asistencialismo empresarial”, en que el Estado traslada recursos a quienes menos los necesitan, a la vez que quienes debieron haber expresado la voz de los grupos menos favorecidos han guardado un silencio cómplice ante el deterioro marcado de la calidad de los servicios públicos y se han servido con la cuchara grande de los privilegios sindicales.

Es así como se transfieren recursos de toda la sociedad hacia unos pocos a través de subsidios a la producción, convenciones colectivas en el sector público, licitaciones arregladas, certificados tributarios, forestales y turísticos, barreras a la importación que encarecen los productos al consumidor, timbres profesionales, proteccionismo a sectores productivos que impiden la libre competencia y una lista interminable de privilegios que terminamos pagando todos.

Resulta evidente que estos pequeños grupos no tienen ninguna autoridad moral para erigirse como voceros de la sociedad civil y, mucho menos, para pretender marcar el rumbo que debe tomar nuestra nación.

Sin salida. Dentro de este contexto, son pocas las alternativas que tienen a su alcance los ciudadanos responsables y preocupados por el futuro del país ya que la recuperación de la institucionalidad pasa por respuestas que deben ser adoptadas por los titulares del poder formal, totalmente sumisos a los intereses corporativistas en las últimas décadas.

Los partidos políticos deben hacer una reevaluación del papel que están llamados a desempeñar como intermediarios entre el conjunto de la sociedad y el poder formal, para evitar las distorsiones que el corporativismo introduce en el libre juego de la formación de la voluntad general. Especial esfuerzo debe hacerse para evitar que las nuevas alternativas al bipartidismo caigan presas del corporativismo ya que eso significaría cerrar las puertas hacia la construcción de una Costa Rica con instituciones modernas y efectivamente democráticas.

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