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Proyecto de reforma fiscal plagado de serios errores Contiene inconsistencias jurídicas y normas ininteligiblesInstituciones señalaron problemas y posibles roces constitucionales Berlioth Herrera bherrera@nacion.com En las 409 páginas del proyecto de Ley de pacto fiscal y reforma tributaria, se esconden inconsistencias jurídicas, normas inintelegibles, creación de más burocracia y asuntos que no guardan relación con el tema tributario. Diferentes instituciones del Estado ya señalaron posibles roces constitucionales, así como contradicciones e imprecisiones en este proyecto de ley, que los diputados quieren aprobar mediante un mecanismo de vía rápida. La Corte Suprema de Justicia, puntualizó lo que considera una redacción deficiente en varios de los artículos que castigan los delitos tributarios. La Contraloría General de la República criticó que se le pretende asignar funciones que constitucionalmente no le corresponden. Una crítica similar planteó la Defensoría de los Habitantes. Mientras, la Procuraduría General de la República, al responder una consulta planteada por el diputado independiente José Miguel Corrales, sobre el tipo de votación que requería el proyecto, fue tajante en su análisis. Advirtió que "la mayoría que requiere el proyecto de ley resulta irrelevante, por la sencilla razón que ningún tipo de mayoría, inclusive la unanimidad, tendría la potencia jurídica suficiente para subsanar los vicios apuntados". Génesis. El proyecto de pacto fiscal se empezó a discutir desde el 2002. La iniciativa surgió a raíz del informe que rindió una comisión de exministros, quienes analizaron el estado de las finanzas públicas y propusieron cambios. Posteriormente, el Ministerio de Hacienda planteó un texto de ley al Congreso. Ahí lo discutió una comisión mixta donde participaron sectores sociales y luego una comisión legislativa. El objetivo del proyecto inicial era hacer una reforma general al sistema tributario. Los principios básicos de dicha variación eran la ampliación de la base impositiva, la creación de la renta mundial, el fortalecimiento de la administración tributaria y la simplificación del sistema de recaudación, entre otros. Sin embargo, a lo largo del camino recorrido en el Congreso, el plan fiscal ha sufrido múltiples transformaciones y gazapos. Pese a ello, pronto podría convertirse en ley. El diputado Mario Redondo argumentó que el plan va más allá de lo puramente fiscal. Bajo esta razonamiento, se incluyeron normativas sobre la titulación de tierras del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) y un capítulo sobre educación. Incluso, tiene incorporados todavía algunos artículos idénticos a los contenidos en la Ley de Enriquecimiento Ilícito (vigente desde octubre), que recientemente aprobaron los diputados. Más casos. El especialista en Derecho Tributario, Erick Thompson, quien participó en la redacción del texto inicial, recordó que uno de los objetivos de Hacienda era que la mayoría de los asalariados no tengan que presentar declaración de impuestos. Como está el proyecto de ley hoy, todas las personas que anualmente tengan un ingreso superior a los ¢3,9 millones, deberán declarar. En otro artículo sobre la renta mínima en caso de parentesco, se plantea que quien ceda, arriende o subarriende un bien inmueble a un familiar o su cónyuge deberá pagar de renta, el uno por ciento del valor del bien. El especialista Adrián Torrealba, quien participó en la redacción del plan original, indicó que este artículo perdió sentido cuando los diputados eliminaron el inmediatamente anterior. Pero además, hay normativas que no se entienden como el inciso e) de la subsección segunda de Renta de Capital. En este caso, Torrealba indicó que se trata de una fórmula técnica que solo pueden entender especialistas en materia tributaria. La ley se ordena con artículos repetidos, secciones y subsecciones, lo cual dificulta la lectura y más aún su entendimiento. El Gobierno insiste en la urgencia de aprobar este plan porque estima que le dará ingresos adicionales equivalentes a un 2% de la producción interna (unos ¢185.000 millones en el 2005). Pero el mismo plan, obliga al Gobierno a presupuestar recursos y girarlos. Tan solo a Asignaciones Familiares le corresponde un 20% del monto recaudado por el impuesto de ventas. Además, el Gobierno quiere tomar el 30% de los recursos adicionales para obras de infraestructura, unos ¢55.000 millones.
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