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Foto Principal: 907472
/LA NACIÓN

Inversión en educación


Rodolfo Saborío Valverde

El costo de transacción de la prestación del servicio de educación pública, con los esquemas organizativos e institucionales actuales, es tan alto, que resulta una irresponsabilidad descomunal pretender que avanzamos en un tema tan trascendente, con la simple proposición de incrementos en los recursos financieros destinados a la misma burocracia que brinda uno de los servicios de peor calidad del Estado costarricense.

La ligereza en el manejo de este asunto se observa en toda su dimensión en el denominado proyecto de Pacto Fiscal. Si esta iniciativa plagada de improvisaciones y ocurrencias llegara a aprobarse, el Poder Ejecutivo estaría obligado a utilizar parte importante de los nuevos ingresos para incrementar el presupuesto destinado a la educación, del 6 % del producto interno bruto que dispone la Constitución, a un 8 %.

Foto Flotante: 906912
/LA NACIÓN

Vicio letal. Proponer tal asignación específica calza muy bien dentro del discurso demagógico, pero pone en evidencia un gran vicio de la práctica legislativa en este país, que consiste en asignar a un fin predeterminado la gran mayoría de los ingresos fiscales, al punto que los ingeniosos diputados tienen distribuidos de antemano al menos dos colones por cada colón de ingreso corriente.

El mismo artilugio se incluye en el nuevo proyecto, con un procedimiento bien detallado para evitar que el Ministerio de Hacienda ejerza alguna racionalidad en la distribución de los recursos.

En el esquema actual de prestación del servicio de educación pública, de cada colón invertido, un porcentaje muy alto queda perdido en una estructura caótica, donde la excesiva centralización y el desmedido poder de los gremios del sector ha llevado a que el Ministro de esa cartera no tenga ninguna capacidad de decisión sobre el inicio del ciclo lectivo, los días que este debe durar, el contenido de los cursos o ninguna de las decisiones estratégicas que deberían estarse adoptando, desde hace mucho tiempo, para superar el estado de postración que aqueja a la educación pública costarricense.

Es hora de que se discuta con seriedad la reforma integral de los esquemas institucionales mediante los que el Estado interviene directamente en la prestación del servicio público educativo. Este debate es impostergable y debe preceder a cualquier intento por incrementar a ciegas los recursos, sin reparar en que la maquinaria educativa actual es completamente ineficiente e ingobernable.

Inversión eficiente. Uno de los rasgos que han marcado con mayor fuerza la diferencia de Costa Rica con países de su entorno, es el énfasis en la educación pública desde etapas muy tempranas de su conformación como Nación.

Para que avancemos en la consolidación de un verdadero Estado social y democrático de derecho, es necesario que la inversión pública en educación no solo se incremente nominalmente, sino que sea más eficiente.

No podemos conformarnos con menos que exigir una educación pública de primera calidad, y para ello no puede seguir apostándose al mismo modelo que ha demostrado con creces su total obsolescencia.

La respuesta debemos buscarla en nuevas formas de gestión fuera del esquema ministerial y en el restablecimiento de la participación directa de los ciudadanos a través de las juntas de educación y la colaboración y supervisión por parte de los gobiernos locales. Esta relación entre municipalidades y juntas de educación forma parte de la historia costarricense, pero con el tiempo se ha desdibujado por completo por una excesiva centralización y por el poder de los gremios que se oponen a todo tipo de control de calidad.

Necesidades cambiantes. Debe pensarse además en que parte de los nuevos recursos que se logre destinar a la educación pública, se empleen en el establecimiento de mecanismos estrictos de medición de la calidad y la introducción de la flexibilidad suficiente para que el Estado se ajuste a las necesidades cambiantes que imperan en esta materia.

No aceptemos el discurso fácil del incremento en la inversión en educación sin exigir que el modelo de gestión se someta a una revisión integral.

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