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Francisco Rodríguez
Patricia Vega Herrera
Ministra de Justicia

Entrevista: Patricia Vega Herrera, Ministra de Justicia

Para ella el problema de la sobrepoblación en cárceles es manejable siempre y cuando los jueces den un mejor uso de la prisión preventiva y no les impongan "cierres" de algunas prisiones.


Edad: 42 años

Estado civil: Casada

Profesión: Abogada

Nacionalidad: Costarricense

¿Cuál es el nivel de hacinamiento en las cárceles?

En este momento es el 4%.

¿Qué significa eso en números absolutos?

Tenemos 309 personas de más. Agosto del 2004 fue el mes más crítico pues teníamos un 11 por ciento de sobrepoblación a nivel general, esto era 751 personas de más.

De agosto a la fecha bajamos en más de un 50% la sobrepoblación. La baja se logró por las construcciones, no porque haya disminución de los ingresos.

En agosto del 2004 teníamos 7.467 y ahora a mayo 7.585. La población aumentó pero por las construcciones bajó la sobrepoblación.

¿Cuál es la tendencia de crecimiento de la población en las cárceles?

Entre diciembre del 2003 y agosto del 2004 aumentó 9%, cuando lo normal era 6% anual. Llegó a 17%.

¿Cuál es su hipótesis del aumento?

Primero quiero dejar claro que es un problema controlado y se controla en primer lugar por las construcciones y siempre y cuando el Poder Judicial no coadministre con nosotros y por supuesto si el uso de la prisión preventiva fuera adecuado, porque no lo es.

Eso no solo lo decimos nosotros sino hasta estudios de la Defensa Pública. En este país la prisión preventiva no se está aplicado como debiera ser.

¿Qué significa que el Poder Judicial 'no coadministre'?

Tengo que aclarar que sobrepoblación es cuando la cantidad de gente excede la capacidad de prisiones, pero cuando es en más de un 20 por ciento ya es hacinamiento.

La Sala Constitucional, en el último voto sobre el tema, dimensiona eso porque nos dice que no admitamos más personas de manera que no supere el 20% de sobrepoblación y que en un plazo de seis meses la población debe estar al nivel de capacidad instalada.

Los jueces de ejecución de la pena no lo entienden. Entonces, por ejemplo, la jueza de Cartago admite 5 por ciento y en la cárcel de San Rafael y la Gerardo Rodríguez (ambas en Alajuela) nos dice cero por ciento y eso en un mes.

Para nosotros eso es coadministrar porque nos están cerrando los centros. Con esfuerzos podemos manejar la población, pero en el tanto se hagan las obras para atacar el problema y que nos den margen de manejo, sin cerrar centros.

¿Entonces el Poder Judicial es el que envía los reos pero también el que le cierra los centros?

Yo he hecho una petición al Poder Judicial de que no se puede ver el tema de sobrepoblación como un tema solo de responsabilidad del Ministerio de Justicia, que es el último eslabón del sistema penal y que está afectado por el accionar de otros poderes del Estado, en este caso del Poder Judicial.

Yo pediría un mayor interés del Poder Judicial en este tema para verlo como un problema de Estado y buscar soluciones y para que ellos dimensionen el problema, porque me envían más gente con un mal uso de la prisión preventiva, y por otro coadministran conmigo y me dicen no puedo meter más gente.

Más análisis.¿Como se da un buen uso de la prisión preventiva?

Que haya una valoración correcta de la situación de hecho y del individuo denunciado.

La prisión preventiva no debe tratarse como un copy-paste (copiar y pegar). Hasta la Corte Plena ha recomendado un análisis y dentro del mismo Poder Judicial se ha valorado que es un problema. La prisión preventiva es el tema que nos tiene en este dilema.

¿Considera que los jueces penales están enviando la gente a prisión preventiva sin análisis?

No lo digo yo, lo dicen los mismos estudios del Ministerio de Justicia, Defensa Pública y otros órganos del Poder Judicial.

Por qué cree que ocurre, ¿será por acallar voces de justicia de la gente?

Yo creo que hay un aumento en la criminalidad, estamos de acuerdo, y el tema de la prisión presiona a los jueces, pero ellos tienen elementos técnicos para valorar.

¿Siempre la tendencia del Poder Legislativo es crear leyes represivas y con aumento de penas y mandar más gente a prisión?

Las leyes en materia penal deberían ser bien pensadas, valorarse bien las conductas que van a ser penalizadas porque de repente inventan penalizar conductas que hoy no lo están, sin valorar si valdrá la pena o si será esa la solución.

Con todas estas características, ¿cuál es el plan del Ministerio de Justicia para controlar la sobrepoblación en cárceles?

Un primer plan era levantar 1.560 espacios, faltan 252. En máxima seguridad estamos construyendo 80 y la cárcel del adulto joven estará lista este mes. Un segundo plan implica 804 espacios; todos están avanzando y en proceso de licitación. La opción que yo tengo es construir.

¿Cuál es el futuro de la cárcel de máxima seguridad en Pococí, a cuyo proceso de concesión la Sala IV dio luz verde?

Habrá que ver cuando tengamos la resolución de la Sala Constitucional.

Es una cárcel muy cara, ¿qué futuro le ve?

Lo que puedo decir es que el proyecto está desde el 2002 y no íbamos a esperar a qué iba pasar, vimos posible construir 80 celdas en máxima.

¿Aliviaría tanto esa solución que no sería tan necesaria?

Depende de lo que resuelva la Sala Constitucional.

¿Ha ido aparejada la construcción con seguridad penitenciaria y atención técnica?

El tema de sobrepoblación es en el que hemos invertido más recursos, pero las otras prioridades son el mejoramiento de la seguridad en los centros y las condiciones de los policías penitenciarios. El año pasado conseguimos 200 plazas este año otras 200. En cuanto a alimentación de internos, este año tenemos un presupuesto básico. Por ejemplo, el aumento del café significó ¢27 millones más. En cuanto a atención técnica hemos emitido directrices, entre ellas darle más tiempo al técnico para estar con cada privado de libertad.

No hemos descuidado ningún aspecto pero es obvio que no se puede dar buena atención técnica cuando la gente está apiñada.

Se dice que la cárcel es una escuela del crimen. ¿Cómo alejar ese fantasma con tantas dificultades?

Puede ser un lugar de rehabilitación o puede ser una escuela de crimen. Depende al final de una decisión personal del reo. Lo que el Ministerio hace es dar condiciones u oportunidades para que la gente tenga de qué agarrarse con educación o trabajo.

La gente se cuestiona por qué los reos no colaboran en trabajos públicos como arreglo de calles.

En en nuestro criterio es posible, lo difícil es convencer a los municipios. Sigue siendo un problema social. Ellos (los reos) no son monstruos y la verdad es que el régimen de confianza tiene un alto nivel de éxito.

¿Debería ser el sistema carcelario tan importante para el Estado como la vivienda, la educación o salud?

Definitivamente, porque un país como el nuestro es respetuoso de derechos humanos. Sé que hay gente que piensa que a los privados de libertad hay que tenerlos en el lugar más espantoso y con una gota de agua que les caiga en la cabeza, pero eso se revierte porque algún día salen.

Entonces, qué es lo que se quiere sacar ese día: ¿Monstruos o personas con una oportunidad? Esto, porque gran parte tiene que ver con las oportunidades que la sociedad o la familia les hayan dado. Entonces, cuando salgan, qué queremos que sean.

El país tiene que invertir, encerrar cuesta caro y tiene que invertir porque si no serán peores los resultados al final.

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