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/LA NACIÓN

Desacierto legislativo

Nuevo Código Procesal Administrativo agravará aún más la lentitud en las compras públicas

Rodolfo Saborío Valverde


Movidos por el afán de compensar los escasos logros mostrados en la actualización del ordenamiento jurídico durante el presente período constitucional, los diputados de la Asamblea Legislativa corren el riesgo de incurrir en graves errores provocados por la precipitación.

Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el proyecto de Código Procesal Administrativo votado en primer debate la semana anterior. En esta iniciativa se introduce una grave dislocación del sistema de contratación administrativa, al someterse a revisión judicial plena la decisión final en los procedimientos de adquisición.

Proceso especial limitado. En el sistema actual, la decisión final dictada en vía de apelación por la Contraloría General de la República puede ser recurrida en un proceso especial abreviado, pero este se encuentra limitado a indemnizar a la persona que ilegítimamente haya sido excluida de una adjudicación, con un reconocimiento de los daños o perjuicios que efectivamente se le haya provocado.

De acuerdo con el texto aprobado en primer debate, los actos preparatorios con efectos propios (como el pliego de condiciones o la descalificación de algún oferente) y la decisión final de todo procedimiento de contratación pública, tenga o no tenga apelación ante la Contraloría General, podrá ser objeto de impugnación plena ante los juzgados contencioso-administrativos.

Si en la actualidad esta materia se ve afectada por importantes atrasos originados en la tramitología imperante, la supeditación de la decisión final a una sentencia judicial firme introducirá una demora adicional, ya que se pasa del régimen indemnizatorio a la parte afectada, al de plena jurisdicción sobre la valoración de la decisión administrativa de adjudicar, lo cual afectará el plazo desde el mayor contrato de concesión hasta la más urgente contratación directa.

Sujeta a prueba de la realidad. No puede servir de pretexto a esta transformación radical la supuesta agilización de los procesos judiciales que se alcanzará con la nueva legislación, la cual a pesar de ser algo que todos esperamos se logre, está sujeta todavía a la prueba de la realidad. No es suficiente tampoco para asumir esta riesgosa apuesta, que el nuevo código contemple la posibilidad de dar un trámite preferente a los reclamos cuando revistan gran trascendencia para el interés público, si al final de cuentas la sentencia firme puede requerir de un pronunciamiento en vía de casación.

Hasta el momento, a pesar de existir la posibilidad de impugnar judicialmente, la última palabra de hecho la ha tenido la Contraloría General de la República ya que, con muy pocas excepciones, sus resoluciones son aceptadas por las partes. La reforma aprobada en primer debate no elimina la apelación ante la Contraloría, sino que adiciona a este proceso, ya en todo caso excesivamente prolongado, la plena impugnación jurisdiccional.

En un contexto en que debemos buscar los mecanismos para hacer más eficientes las compras públicas, de aprobarse definitivamente esta propuesta, los señores diputados estarían afectando sensiblemente el interés general.

Convenciones colectivas: otro error. Esperemos que otras iniciativas semejantes no cristalicen, tales como la pretensión de darle rango constitucional a las convenciones colectivas en el sector público al ser, como son, una de las causas que afecta sensiblemente la racionalización y normalización del ejercicio de la función pública, o el proyecto de garantías ambientales que, sin agregar nada sustancial a la Constitución, introduce un elefantiásico capítulo sin pies ni cabeza, ni que decir del el mamotreto fiscal que además de ininteligible para el ciudadano promedio convertiría en infractores tributarios en forma automática a la inmensa mayoría de la población.

Este intento por judicializar la decisión final en las compras públicas debe servirnos de alerta y llevarnos a poner más atención a lo que se pueda estar tramitando en la Asamblea Legislativa en los últimos meses de un período poco menos que afortunado.

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