Búsqueda
Avanzada
Domingo 20 de noviembre, 2005
San José, Costa Rica.

Servicios | Archivo | Escríbanos | Fax gratis | Nacion.com en PDA, celular, e-mail,

Noticias
Nacionales
Sucesos
Deportes
Internacionales
Economía
Aldea Global
Week in Review
Campeonato futbol 2005-06
Elecciones 2006

  Editoriales y Opinión
Opinión
Cartas
Chats
Foros

Especiales Noticiosos
Documento definitivo del proyecto de fortalecimiento del ICE
Tratado de Límites Cañas - Jerez de 1858
Ayuda para declaración de impuesto sobre la renta 2005
Informe Comisión de Notables sobre TLC
Texto preliminar de reforma fiscal y noticias publicadas
Texto preliminar del TLC Costa Rica-EE.UU. y noticias publicadas
Listado Completo

Ocio y Cultura
Su | Do | Ku
Viva (Entretenimiento)
Áncora (Cultura)
Tiempo Libre
Teleguía
Proa (revista dominical)
La Nación en Imágenes
Cinemanía
Tarjeticas
Horóscopo
Crucigrama
Sitios Costa Rica

Educación y Ciencia
Zurquí (Niños)
Raíces (Geneología)
Tribuna del Idioma

  Documentos
Leyes
Informes

Especiales
Escogiendo carrera
Concurso Digigol
Inventario completo
Copa de Oro 2005
Imágenes: Tragedia en Hospital Calderón Guardia
Guerra de las Galaxias
Miss Universo 2005
Décimo aniversario de nacion.com
Calendario 2005

Quiénes somos
Preguntas frecuentes nacion.com
Ver edición más actual de nacion.com
Equipo de nacion.com
Emails de Redacción
Trabaje en Grupo Nación

Noticias Opinión:


Cambios procesales

Otros errores de gran calibre que se presentan en el Código Procesal Administrativo

Rodolfo Saborío Valverde


Hace algunos días tuve la oportunidad de llamar la atención sobre un aparatoso error que estaba a punto de cometerse con la aprobación del proyecto de Código Procesal Administrativo. Todo parece indicar que los señores diputados pudieron analizar el punto y echaron marcha atrás en la idea original de sujetar la firmeza de las compras públicas a la decisión definitiva de un juez. Antes de que dicha iniciativa sea aprobada con las correcciones indicadas, considero sumamente necesario puntualizar otros errores técnicos de gran calibre que ameritarían ser analizados cuidadosamente.

Régimen de nulidades. Contrariando la doctrina más elemental, el proyecto establece que "cualquier infracción por acción u omisión al Ordenamiento Jurídico" ocasiona la ilegalidad de la actuación administrativa. Este es un cambio de ciento ochenta grados en el régimen de nulidades establecido en la Ley general de la administración pública, que dispone que solamente las infracciones sustanciales son causantes de invalidez. Como si fuera poco, se establece expresamente la anulabilidad de los actos relativamente nulos, cuando lo normal es que ese tipo de infracciones sea subsanable. Para completar el cuadro, se elimina la barrera de cuatro años para impugnar un acto absolutamente nulo y se permite la impugnación por plazo indefinido, todo lo cual se corona con la posibilidad para el juez de anular de oficio actos que no han sido impugnados. Con estos cambios se vulnera principios fundamentales del derecho público tales como el de conservación de los actos, el de prevalencia del contenido sobre la forma y el de equilibrio entre la eficiencia pública y el interés de los administrados.

Embargo de bienes públicos. Sin una razón de peso suficiente, la iniciativa elimina de tajo el principio de inembargabilidad de los bienes públicos, que protege la integridad de los bienes destinados a la satisfacción de las necesidades colectivas. Es cierto que hay que adoptar medidas que faciliten el pago de las condenas en contra del Estado, pero, al derogar un principio centenario del Derecho Público, lo que se logra es abrir las puertas para todo tipo de desaguisados que podrían conducir a que el patrimonio nacional acabe en manos privadas.

Litigiosidad. Si bien es cierto que debe avanzarse en el perfeccionamiento de los mecanismos de protección de los ciudadanos ante los poderes públicos, el proyecto adopta una posición que, en términos generales, incrementa exponencialmente los niveles de litigiosidad. Este es el resultado de la eliminación del requisito de agota- miento de la vía administrativa, lo que ocasionaría que la decisión de cualquiera de los órganos internos de las entidades y ministerios pueda ser objeto de impugnación judicial directa, aún si el jerarca desconoce lo actuado.

Si a esto se suma que cualquier infracción, por acción u omisión, abre las vías de la impugnación judicial, que se elimina el plazo límite de impugnación, que se potencia la posibilidad de suspender los efectos de las decisiones administrativas, aún sin juicio previo y por la simple decisión del juez, debido a una regulación de las medidas cautelares mucho más favorable a la suspensión, tenemos entonces que de la noche a la mañana se producirá un desajuste absoluto en la capacidad de tomar decisiones públicas y llevarlas a la práctica. Indudablemente que el equilibrio se quiebra en evidente perjuicio del interés general.

Lo expuesto se une a una tendencia legislativa de los últimos años en la que se aprecia un esmerado esfuerzo por hacer cada vez más complicada la gestión pública. Sin duda alguna el proyecto en cuestión será una piedra más en ese muro de obstáculos que en nombre de supuestos controles sobre el ejercicio de la función pública termina colocando a los administradores públicos en una situación de imposibilidad de cumplir con su deber primario que es brindar servicios públicos de primera calidad.

Sala de Redacción
Costa Rica Hoy
Centroamérica Hoy
Latinoamérica Hoy
Mundo Hoy
Futbol en Costa Rica
Futbol en América
Futbol en el Mundo
Otros Deportes
Economía en América
Economía en el Mundo


Especiales
Escogiendo carrera
Concurso Digigol
Inventario completo
Copa de Oro 2005
Imágenes: Tragedia en Hospital Calderón Guardia
Guerra de las Galaxias
Miss Universo 2005
Décimo aniversario de nacion.com
Calendario 2005


Suplemento Metro cuadrado
Tarifario Grupo Nación 2005-06
Suplemento comercial Mano a mano
Anúnciese en nacion.com
Suscríbase a La Nación
El Empleo.com
Economicos.com


Obituario
Diario Oficial La Gaceta