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Foto Principal: 1159808
El diseño de la cárcel en La Leticia de Pococí albergaría 400 reos de máxima seguridad y 200 de mediana.
archivo
Desistió de construir prisión en Pococí

Gobierno procura arreglo con empresa que se adjudicó cárcel

Negociación intenta evitar demanda y monto de indemnización
Ministerio de Justicia dice que plan de $72,8 millones ya no es necesario

Irene Vizcaíno
ivizcaino@nacion.com

El Gobierno procura un arreglo con la empresa de origen estadounidense a la que se adjudicó el contrato para construir y administrar la cárcel de máxima seguridad en Pococí de Limón, presupuestada en $72,8 millones.

El objetivo es evitar que Management & Training Corporation (MTC) acuda a la vía judicial para reclamar daños y perjuicios por el incumplimiento del Estado costarricense, al desistir del plan.

Además:

  • Aprobación con limitaciones
  • Con ese fin, desde mediados del 2005 delegados del Ministerio de Justicia, del Consejo Nacional de Concesiones (CNC) y MTC sostienen conversaciones.

    Largo tiempo

    La empresa se adjudicó la obra en el 2002, desde entonces el caso ha generado gran discusión

    Partes

    "Dado el plazo tan largo que ha transcurrido, tanto el Gobierno como la empresa adjudicataria están en la mejor disposición de buscar un mutuo acuerdo que podría implicar el finiquito de la contratación

    Patricia Vega

    Ministra de Justicia

    "Estamos en tiempo legal para que ante la confirmación del Gobierno de que no hay interés en el proyecto, titularía a la compañía a una indemnización. La Ley estipula cobro de gastos y de daños y perjuicios

    Alejandra Montiel

    Representante MTC

    "No sé de montos todavía. Hay mucho número por desmenuzar, gastos... no es sencillo. Hay un buen ambiente en el Gobierno y en la empresa, una buena disposición de tener estas conversaciones y juntos llegar, eventualmente, a finiquitar este asunto", confirmó ayer la ministra de Justicia, Patricia Vega.

    Argumentó que el Estado perdió interés en el proyecto porque la realidad carcelaria cambió, pues con el plan de construcciones ejecutado en los últimos años se disminuyó la sobrepoblación de reos al 1%, según ella.

    Entre las obras que se llevaron a cabo están 80 celdas de máxima seguridad disponibles desde setiembre pasado en el Centro Penitenciario La Reforma, Alajuela, de las cuales hay 20 vacías.

    Otro factor que pudo haber pesado para que el Gobierno se echara atrás es el costo del plan, que implicaba pagos mensuales de $770.000 (¢385 millones de hoy) a partir de la firma del contrato.

    "La conclusión que yo saco de este asunto es que hay formas de hacer las cosas. Esa no era la solución del sistema penitenciario, nosotros planteamos otra y ha resultado", concluyó Vega.

    De acuerdo con Alejandra Montiel, abogada del bufete Zucher, Odio y Raven, representante de MTC en el país, en este momento la empresa podría demandar al Estado pero es más beneficioso para ambas partes llegar a un acuerdo.

    "Estamos en una etapa de espera pero requerimos que el Gobierno tome una decisión final. Creo que el interés es concluir esto en esta administración" , agregó .

    Proyecto polémico.La construcción y operación de una cárcel de máxima seguridad por parte de una empresa privada (en la Leticia de Pococí) fue un plan impulsado a finales de la administración de Miguel Ángel Rodríguez (1998-2002).

    De hecho, la firma del contrato de adjudicación se realizó en abril del 2002, el último mes del gobierno de Rodríguez.

    Las críticas comenzaron con la nueva administración, en mayo de 2002. El primero en hacerlas fue el ministro de Justicia entrante, José Miguel Villalobos, quien cuestionó el alto costo de la prisión y las potestades otorgadas a MTC.

    A las voces de protesta se unió un grupo de diputados y la Defensoría de los Habitantes, quienes acudieron a la Sala Constitucional porque en su criterio solo el Estado podía realizar las funciones de seguridad y custodia de personas privadas de libertad.

    La Sala Constitucional declaró sin lugar las gestiones, contra el penal, que tendría 50.000 metros cuadrados de construcción.

    En el camino

    Enero del 2002: Se anunció la adjudicación a la empresa de origen estadounidense Management and Training de Costa Rica el diseño, construcción, financiamiento, operación y mantenimiento del Centro Penitenciario Pococí, por 20 años.

    Abril del 2002: La Contraloría General de la República rechazó un reclamo contra la adjudicación al consorcio MTC.

    Mayo del 2002: El entonces ministro de Justicia, José Miguel Villalobos, quien recién asumía la función, adelantó que no firmaría el contrato porque se oponía a trasladar la seguridad de la prisión a manos privadas.

    16 de octubre de 2002: La Defensoría de los Habitantes interpone una acción de inconstitucionalidad contra el cartel de licitación. Un grupo de diputados apoyaron la gestión.

    30 de octubre del 2002: El ministro de Justicia, José Miguel Villalobos, es destituido, aparentemente por su oposición a la construcción de la cárcel.

    Setiembre del 2004: La Sala IV declara sin lugar las gestiones en contra del cartel de licitación para la construcción de la cárcel.

    Enero del 2005: El Ministerio de Justicia confirma la pérdida de interés en el proyecto y la negociación con la empresa para el pago de una indemnización.

    Foto Principal: 1160026
    La Policía Penitenciaria se encarga de vigilar las cárceles.
    Archivo

    Aprobación con limitaciones



    Tras una intensa discusión que tardó 23 meses y concluyó con criterios divididos, la Sala Constitucional dio luz verde a la construcción y operación de la cárcel de Pococí por parte de una empresa privada.

    Cinco magistrados consideraron constitucional el cartel de licitación pero establecieron ciertos condicionamientos a la empresa encargada del proyecto.

    En la redacción del voto número 10.492 del 2004, se hicieron algunas interpretaciones del cartel para que fuera "congruente con el texto constitucional".

    Un ejemplo claro fue en el tema de la prestación de servicios de seguridad por parte de la empresa concesionaria, la cual supuestamente se encargaría de vigilar el perímetro interno del penal.

    El Estado solo se encargaría del perímetro externo.

    "Ninguna de tales cláusulas puede ser entendida en el sentido que permita al concesionario imponer sus decisiones o las de cualesquiera otros sujetos a los privados de libertad", señala el voto de mayoría.

    Junto a esa redacción se incluye una nota separada del magistrado Luis Paulino Mora, quien aún cuando apoya la constitucionalidad del cartel, enfatizó en las advertencias.

    "Las competencias del concesionario en materia sancionatoria y de seguridad, no pueden sustituir en forma alguna las precipitadas potestades soberanas o de imperio del Estado", agregó.

    Entre tanto, el voto de minoría del magistrado Gílberth Armijo y la magistrada suplente Susana Castro hizo énfasis en las incoNgruencias en el cartel de licitación que, a su juicio, revelaban vicios de inconstitucionalidad.

    Insistieron en que el contrato establece una serie de límites para que el Estado cumpla su deber de vigilancia y supervisión de la cárcel.

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