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En Vela Julio Rodríguez envela@nacion.com L a Nación informó, anteayer, de que un grupo de notarios y el propio director jurídico de la CCSS cobraban honorarios como profesionales privados, siendo ellos funcionarios públicos, por los arreglos de pago con los morosos de la institución. Un conflicto de intereses a todo meter. Obviamente, las justificaciones de los interesados salieron a relucir sin demora alguna, fundadas en el visto bueno otorgado por las autoridades de la CCSS en años anteriores. Triple pecado: el cobro indebido, la autorización ilegal y el abuso del cobro por cuanto, en estos casos, el trámite debe ser gratuito. ¿Ilegalidad? ¿Quebrantos morales? Algo más serio aún: la insensibilidad y frescura con que se incurre en estas transgresiones, durante tanto tiempo y entre tantos comensales, sin que surja, oportuna y erguida, una voz que invoque las normas y llame al orden. Estas son las características de las tropelías en el Estado en los últimos años, distintivo inconfundible de una sociedad extraviada. No son pecados solitarios, sino personales y solidarios, cuyo paradigma ha sido el escándalo de la compra de equipo médico finlandés. Pero aquí no se detiene el aluvión. Como otrora, se levantan voces para denunciar no las corruptelas, con lo que estimularían a la prensa vigilante, sino precisamente para criticar a esta. Ayer, no más, alguien manifestó que La Nación, en lugar de resaltar la bondad de las instituciones, se solaza en revelar actos indebidos con el claro propósito de impulsar la privatización de la CCSS. ¡Espantoso sofisma y peor defensa de la seguridad social que, de conformidad con esta mentalidad, se defiende ocultando los extravíos! Estos sofismas son de vieja data. In illo témpore, con Robert Vesco metido hasta en la cocina de palacio, ante quien se inclinaron reverentes muchos de los que hoy hablan contra el que fue su partido acogedor, cuántas mofas y burlas contra quienes osamos criticar al personaje. Y ¡cuántas veces se dijo que conspiraban contra "las conquistas sociales del pueblo" los que se atrevían a denunciar actos de corrup- ción! Hoy la cantinela es otra: si se critica al ICE, a la CCSS, el sistema educativo o al INS es porque se persigue su privatización o se conspira contra el Estado "solidario e inclusivo", y quienes revelan los privilegios de ciertos dirigentes sindicales, son antisindicalistas. En conclusión, la mejor defensa de las instituciones del Estado y el sindicalismo es el silencio o la táctica exquisita de hacerse el tonto, deparador generoso de tranquilidad y aplausos.
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