Costa Rica, Jueves 6 de diciembre de 2007

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Juan Rafael Espinoza Esquivel

El aguinaldo

 El beneficio de un salario adicional cuenta con un sólido respaldo legal en nuestro país

abogado

En estos días, los trabajadores están recibiendo y disfrutando su aguinaldo. Este beneficio laboral está regido por tres leyes: 1. Sueldo Adicional de Servidores Públicos (Nº 1835, 11 dic. 1954). 2. Sueldo Adicional de Servidores en Instituciones Autónomas (Nº 1981, 9 nov. 1955). Estas dos leyes se promulgaron en la Administración de don José Figueres Ferrer (1953-1958) y constituyen el cumplimiento efectivo del compromiso del movimiento de Liberación Nacional por profundizar las garantías sociales y aplicar una política de salarios crecientes. 3. Sueldo Adicional o Ley de Aguinaldo en la Empresa Privada (Nº 2412, 23 oct. 1959), aprobada en el gobierno del Lic. Mario Echandi Jiménez (1958-1962) con la iniciativa y el impulso decisivo de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional en ese entonces.

El expresidente Echandi vetó el proyecto, mas la Asamblea Legislativa lo aprobó nuevamente, por más de dos tercios de votos del total de sus miembros, por lo que quedó sancionado y se mandó a ejecutar como ley de la República.

La Ley 2412, en su artículo 10, se declaró de “orden público”, y en consecuencia se considera pieza fundamental del Estado costarricense en su modalidad de Estado social de derecho.

Doctrina y técnica. En la doctrina, en nuestro país y en otros, al aguinaldo también se le denomina “sueldo anual complementario” o décimo tercer mes, y se le define como la obligación, de naturaleza legal, que impone a los empleadores el pago a todos sus trabajadores de la doceava parte del total de las retribuciones percibidas por ellos en el curso del año calendario.

En Costa Rica tiene las siguientes características:

1. Su monto se calcula con base en el promedio de los salarios ordinarios y extraordinarios, devengados entre el 1 de noviembre del año anterior y el 31 de octubre del año respectivo (para servidores del Gobierno Central), o los devengados durante los 12 meses anteriores al 1 de diciembre (para trabajadores de instituciones autónomas y empresas privadas); la suma correspondiente se divide entre 12.

2. No se le debe aplicar ningún tipo de rebaja por las mal llamadas cargas sociales.

3. Se paga en todo tipo de contrato de trabajo (a plazo fijo, por obra determinada, etc.) y también a quienes laboran solo por horas. Se debe cancelar, asimismo, a trabajadores ocasionales cuando laboren al menos un mes, en cuyo caso la suma será proporcional al tiempo laborado.

4. Tiene que considerar el denominado salario en especie, que tendrá el valor que le hayan dado el empleador y sus trabajadores. Si estos no lo determinaron de común acuerdo, el “salario en especie” se estimará equivalente al 50% de lo que reciba en dinero efectivo el empleado correspondiente.

5. Debe ser cancelado antes del 20 de diciembre; de no ser así, el trabajador puede plantear su denuncia ante la Inspección de Trabajo del Ministerio del ramo. El incumplimiento de esta obligación en las empresas privadas se considera como una falta grave del patrono respecto a los deberes contractuales.

Cifras actuales. En este año, el sector privado pagará ¢363.348 millones a 1.658.000 trabajadores, que representan el 86% de la fuerza laboral del país, para un promedio de ¢219.000 por persona. El Estado cancelará ¢72.000 millones a 165.000 empleados públicos, con un promedio de ¢436.000 por funcionario.

Finalmente, hay que tener en cuenta que, frente a lo expresado por algunas personas, instrumentos como el TLC con EE. UU. no pueden menoscabar derechos y garantías sociales como el aguinaldo pues ello violentaría principios del Derecho Laboral y del Derecho Constitucional.

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