Costa Rica, Jueves 20 de diciembre de 2007

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EDITORIAL

Dos renuncias para pensar

 El reto de la inseguridad ciudadana no tolera perder a dos funcionarios de primera línea

 La lucha contra el delito y la violencia exigen unidad, coordinación, eficacia y… recursos

La renuncia del director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Jorge Rojas, es una mala noticia para el Estado y la sociedad. Lo es porque significa precisamente perder a un excelente funcionario en el campo del conocimiento, de sus valores éticos y del espíritu de servicio, en una de las posiciones más difíciles y complejas en la trama del Estado, y porque se pierde, asimismo, un acerbo de experiencia, cuando la inseguridad ciudadana nos acosa y angustia. Con él se aleja también de la función pública el jefe del Departamento de Investigaciones Criminales, Carlos Morera, con iguales atestados.

Es cierto que la percepción de inseguridad ha sentado plaza en la lista de las preocupaciones superiores de la gente. Sin embargo, también es cierto que no se trata de una invención o de un temor irracional, sino de una realidad. Los hechos diarios han nutrido la percepción, sin que nos consuele la verificación estadística de que, en otros países, las cosas son peores. Este paralelismo, en este caso, ni siquiera sirve para fortalecer el orgullo patrio. Nuestro objetivo ha de ser el combate firme, en el orden preventivo y represivo, contra la inseguridad ciudadana en todas sus formas, sabedores de que la violencia, la criminalidad y el narcotráfico siguen siendo el pan amargo de todos los países. ¿No es, por ello, un contrasentido, frente a estos desafíos, perder a los más experimentados funcionarios?

No es nuestra intención reiterar la saga delictiva del país. Sirva, sin embargo, este comentario para hacer hincapié en una de las dimensiones más acongojantes de esta situación: el incremento de la delincuencia juvenil en el orden delictivo y contravencional, así como en el consumo y venta de drogas. De frente al futuro del país, esta escuela delictiva, amparada frecuentemente por la impunidad o la lenidad en la aplicación de las sanciones, nos dibuja un horizonte oscuro. Esta incubación de “maras” en nuestro país nos convoca a todos por igual. También desde esta perspectiva, nos preocupa que, mientras los delincuentes se especializan y fortalecen, en número y en medios técnicos, nuestros cuerpos de seguridad pierdan a dos funcionarios como los citados.

Esta tampoco es una renuncia cualquiera. Sus motivaciones son igualmente graves. “Creo que tenía energía –dijo el director del OIJ– para haber trabajado muchos años más. La molestia que uno siente, al ver que no hay respuesta, lo hace a uno pensar: ¿será a la persona (a Jorge Rojas) a quien no se quiere apoyar?”. Luego, agregó: “La investigación criminal ha desmejorado por la falta de recursos. Me voy con enorme preocupación. El OIJ está desfasado”. Estas declaraciones contienen muy serias denuncias que exigen, de parte de las autoridades superiores, en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo, una respuesta cabal, por cuanto afectan radicalmente la seguridad ciudadana y la administración de justicia. El edificio, en el orden penal, está dañado en su base investigativa.

Leyendo entre líneas, además, las declaraciones del director del OIJ, se percibe, en su tono y en su contenido, que hay otras razones que pudieron haber impulsado su renuncia. Cabe, entonces, preguntarse, cuál es el clima de relaciones personales e institucionales entre el OIJ, el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad Pública, y, en general, entre los jerarcas y el personal en ámbitos tan densos y sensibles como los relacionados con la seguridad ciudadana. Y, si a lo dicho se agrega la urgencia de contar con una nueva legislación en este campo, retenida, entre otros obstáculos, por la lenta tramitación de la agenda de implementación, es, en verdad, arduo el camino para hacerles frente a la delincuencia criminal y a la violencia. Precisamente por ello, las palabras del director del OIJ no deben quedar sin respuesta.

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