Costa Rica, Sábado 22 de diciembre de 2007

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Negó haber recibido dinero

Rodríguez fue indagado por giros de reaseguradora PWS

Ernesto Rivera y Giannina Segnini | erivera@nacion.com

El expresidente Miguel Ángel Rodríguez fue indagado ayer por la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción en relación con la investigación que se sigue por los pagos a funcionarios y políticos costarricenses que hizo la reaseguradora británica PWS.

Rodríguez fue citado por el Ministerio Público para explicar las razones por las cuales la firma PWS depositó $706.135 en la cuenta de una empresa panameña vinculada con el exmandatario.

El detalle de los giros consta en un informe elaborado por los abogados de la corredora PWS. En el documento se consignan 46 pagos, seis de ellos, enviados a Inversiones Denisse S.A.

El presidente ejecutivo del INS, Guillermo Constenla, aseguró que el informe elaborado por la firma londinense Freshfields Bruckhaus Deringer es auténtico.

El documento señaló que los giros a Inversiones Denisse S.A. se efectuaron entre setiembre de 1999 y junio del 2002.

Cinco de ellos se giraron mientras Rodríguez Echeverría ocupaba la Presidencia y el último, un mes después de que dejó ese cargo.

Rodríguez acudió a la indagatoria acompañado de su abogado, Rafael Gairaud, y compareció ante los fiscales durante poco más de una hora.

Al salir de la indagatoria, el exgobernante aseguró no haber recibido dinero de PWS y rechazó tener vínculos con la empresa Inversiones Denisse S.A.

Según Gairaud, “las declaraciones de un abogado inglés del Instituto Nacional de Seguros (INS) no tienen valor legal alguno sobre hechos de terceros y menos al estar basadas en suposiciones”.

En octubre del 2004, Rafael Sequeira Garza --administrador de las empresas de Rodríguez-- declaró ante el Ministerio Público que la panameña, Inversiones Denisse S.A. era una empresa controlada por el exmandatario.

Sequeira Garza aseguró que Inversiones Denisse era propiedad de la firma Pieles Costarricenses S.A., de la cual Miguel Ángel Rodríguez poseía el 98% de las acciones.

Fabián Barrantes, jefe de la Oficina de Prensa del Poder Judicial, informó de que al expresidente Rodríguez no se le impusieron nuevas medidas cautelares dado que ya cuenta con impedimento de salir del país, por su relación con el escándalo ICE-Alcatel.

Dos más con cautelares. El juzgado del Segundo Circuito Judicial de Goicoechea acogió, ayer por la tarde, la solicitud del Ministerio Público de imponer medidas cautelares a otras tres personas que fueron indagadas en el caso de PWS.

Una de ellas es Gilda Montes de Oca, esposa del expresidente ejecutivo del INS Cristóbal Zawadzki.

Gilda Montes de Oca compareció ayer ante el Ministerio Público debido a que, de acuerdo con el informe de Freshfields Bruckhaus Deringer, parte de los $770.126 que PWS envió al grupo del expresidente del INS se habrían girado a nombre suyo.

Zawadzki compareció el jueves por la noche ante los fiscales y también se le prohibió salir del país, acercarse al INS y comunicarse con testigos de esta causa.

A Ronald Bonilla Rodríguez, exjefe de seguros del ICE, también se lo indagó ayer en relación con este caso ya que en el informe de los abogados de PWS se indica que le habrían girado $72.000 (¢36,2 millones) entre agosto del 2003 y setiembre del 2004.

Después de su comparecencia, el juzgado impuso a Bonilla Rodríguez prohibición de salir de Costa Rica, obligación de acudir al Ministerio Público cada 15 días y prohibición de comunicarse con otros testigos de la causa.

Exjefe de reaseguros del INS, Álvaro Acuña y su esposa no acudieron a cita de la Fiscalía

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El exjefe de reaseguros del INS Álvaro Acuña Prado y su esposa, Roxana Cordero, no acudieron a la citación que les realizó la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción.

A ellos se los convocó para indagarlos sobre las razones por las que la empresa de reaseguros británica PWS les habría girado $182.476 (¢91.8 millones), entre febrero de 1999 y marzo del 2001.

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Acuña Prado recibió una liquidación por ¢124,5 millones tras renunciar a su cargo en noviembre del 2002. Su renuncia ocurrió después de que el entonces presidente ejecutivo del INS , Germán Serrano, lo trasladó a la Dirección de Agencias tras alegar “desconfianza”.

El jefe de la Oficina de Prensa del Poder Judicial, Fabián Barrantes, indicó ayer que el Ministerio Público había cita al matrimonio y que no se presentó.

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Según Barrantes, el Ministerio Público tomará las medidas necesarias para asegurar la indagatoria del exjefe de reaseguros del INS y su cónyuge.

Bernie Arias, abogado defensor de Acuña y Cordero, aseveró que el matrimonio no había recibido ninguna citación judicial y, debido a que se encontraban de vacaciones, no tenía comunicación con ellos.

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El expresidente Miguel Ángel Rodríguez fue indagado ayer durante más de una hora por la Fiscalía de Delitos Económicos. Carlos León

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