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Gobierno propone cárcel por trata de personas Sanción para quien fuerce a una persona y la explote con fines sexuales o laboralesPena por ‘coyotaje’ será también para quien facilite ingreso de indocumentados Álvaro Murillo alvaromurillo@nacion.com El Gobierno propuso que se establezca como delito la trata de personas y se sancione con penas de entre 10 y 16 años de cárcel. La iniciativa está contenida en la propuesta de reforma a la Ley General de Migración y Extranjería , que sustituiría a la legislación vigente desde agosto pasado pero que no es compartida por el Gobierno. Aunque ya existe como delito el “tráfico de personas”, conocido como “coyotaje” el Ejecutivo incluyó en la propuesta la trata de personas como nuevo delito.
El texto define trata de personas como “la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, recurriendo a la amenaza o el uso de las fuerza u otras formas de coacción”, con el objetivo de que una persona se deje explotar de manera sexual o laboral, o que acceda a la esclavitud, servidumbre o extracción de órganos, según el artículo 247. “La ley vigente solo habla del tráfico de personas. Pero ahora queremos actuar más sobre las bandas y no tanto sobre traficados o sus víctimas que están en condiciones irregulares”, argumentó Mario Zamora, director de Migración y Extranjería. La reforma a la actual Ley de Migración está prácticamente definida. Hace pocas semanas las autoridades detectaron la operación de una red que utilizaba a chinos indocumentados como esclavos, a cambio de sus papeles migratorios en Costa Rica. La nueva figura legal permitiría procesar a quienes mantenían como esclavo al chino Zaho Hai Bo, no solo por haberlo traído de manera ilegal al país, sino por la explotación laboral que aplicaba un grupo de comerciantes que está ahora en prisión preventiva. El artículo 247 ordena, además, dar protección a las víctimas de la trata y a quienes la denuncien, según el texto escrito con el aporte de diversos sectores, según Zamora. El tráfico de personas también se endurece en la propuesta de ley. Mientras la ley vigente desde agosto condena hasta con seis años a quien transporte personas a Costa Rica de manera irregular y a quien las aloje o encubra, la reforma sanciona a quien “facilite” los ingresos ilegales, según el artículo 245. Con esas y otras modificaciones, la administración Arias pretende dejar atrás la ley actual, criticada incluso por el presidente Óscar Arias. “La reforma equilibra los derechos humanos, pero fortalece la labor policial; da facilidades migratoria, pero fortalece la fiscalización”, expuso Zamora. Al revisar la ley vigente y la propuesta, resaltan también limitaciones a las potestades “excesivas” de la Policía migratoria y el establecimiento de una cuota de unos ¢9.000 mensuales para que los inmigrantes financien los servicios públicos que reciben. Algunos cálculos establecen que uno de cada diez pobladores costarricenses es extranjero. La principal población inmigrante es nicaragüense, seguido de los colombianos. Aún es incierto cuándo remitirá el Ejecutivo el plan al Congreso.
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