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EDITORIALVigilancia democrática Durante dos años, políticos, profesores y profesionales azuzaron a los autores del documento de la Comisión Nacional de EnlaceLos ataques contra la institucionalidad democrática deben denunciarse con firmeza y prontitud Diversos sectores del país de las más diversas tendencias políticas y sociales han reaccionado contra el manifiesto de la Comisión Nacional de Enlace, dado a conocer la semana pasada, por contener un llamado explícito al desconocimiento de la institucionalidad democrática y, en consecuencia, a la subversión y a la violencia. Esta reacción representa e interpreta los más hondos valores democráticos y éticos de nuestro país. La gravedad de este manifiesto, que desafía el Estado de derecho, nuestra democracia y la paz social, radica en su contenido, así como en los personajes políticos, en los dirigentes sindicales y en los grupos profesionales, aun de educadores, que lo sustentaron y estimularon con declaraciones irresponsables en estos dos últimos años contra la institucionalidad democrática. Los autores y activistas del manifiesto de la Comisión Nacional de Enlace se sintieron legitimados y azuzados por las proclamas y declaraciones de estas personas. Sin embargo, no deben perderse de vista otros dos aspectos inquietantes en este proceso: en primer lugar, los autores de estas declaraciones se han autoproclamado defensores de la soberanía y de la patria, lo que plantea una deplorable y peligrosa confusión de conceptos y de valores, y, en segundo lugar, estos mismos personajes continuaron socavando la institucionalidad gracias a la indiferencia de los sectores y dirigentes que, ahora, se asustan, con toda razón, por el manifiesto de la Comisión de Enlace. Esta indiferencia pudo obedecer al escaso valimiento político de quienes así hablaron o al deterioro de su autoridad en el país, o bien a la creencia de que sus palabras no ejercerían influencia en ningún sector o grupo extremista del país. Estas benignas presunciones son peligrosas. Ya hemos visto que no ocurrió así. El desafío contra la institucionalidad democrática, de parte de la Comisión Nacional de Enlace, lo ha puesto de manifiesto. Además, este manifiesto estuvo precedido por otras proclamas similares de parte de un grupo sindical enamorado de la democracia callejera que, además, ha tenido eco en algunos analistas y comentaristas. Uno de estos dirigentes sindicales anunció que si la Sala Constitucional no encontraba vicios de inconstitucionalidad, esta sentencia significaba el quiebre final de la Constitución Política de 1949. Otros han trazado un paralelismo entre estos meses y los acontecimientos de 1948. El fanatismo y la animadversión política, al parecer, no tienen límites. Esta ha sido, en suma, la primera vez en las últimas décadas de nuestra historia política que un grupo de costarricenses se declara pública y explícitamente enemigo de la democracia y de la institucionalidad democrática. Creíamos que estos tiempos ya habían pasado y que la paranoia ideológica se embozaba, al menos, en retórica y en sofismas. No ha sido así. La realidad nos ha abierto los ojos. El encono personal, el fracaso político, el antinorteamericanismo y el intento de encubrir graves desviaciones en administraciones anteriores, al son de un falso patriotismo, se han conjurado para renegar de la institucionalidad democrática. Lamentablemente, no ha sido sino hasta ahora, después de dos años de declaraciones perniciosas, cuando se toma conciencia de la gravedad que significan estas amenazas. Esta mezcla de indiferencia o de candor no es, desde luego, buena señal. Los valores de la democracia, la paz, la libertad, así como las instituciones democráticas, merecen precisamente respeto, pero, además, exigen vigilancia firme y a tiempo. Estos descuidos, como nos lo demuestra la historia, cuestan muy caro.
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