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EDITORIAL

Conciencia crítica

La Universidad de Costa Rica debe dar cuenta abierta de sus actos
La autonomía no implica aislarse ni estar por encima de las leyes


Hace unas tres décadas tomó vida el concepto de que la universidad debe ser la “conciencia crítica de la sociedad”. En general se ha referido a la importante misión que tienen los centros de enseñanza superior de iluminar con su pensamiento diferentes facetas del acontecer nacional; también, de identificar, denunciar y corregir problemas. Años después, Carlos Tunnerman, la personalidad más destacada de la vida universitaria nicaragüense, replanteó la idea y postuló que, también, la sociedad debía ser “conciencia crítica de la universidad”. Quería decir que los individuos, grupos e instituciones están en el derecho, y también el deber, de pedir información, criticar o exigir cuentas a las autoridades de las universidades públicas.

El ejercicio de esta “conciencia crítica” social en relación con las universidades no afecta en nada su autonomía; menos, la libertad de cátedra y pensamiento, pilares fundamentales de su quehacer. Simplemente, forma parte de un diálogo social constante, en el que las universidades no pueden pretender comunicarse en solo una vía. Por esto, cuando surgen cuestionamientos sobre actitudes o conductas de autoridades o instancias universitarias, lo que corresponde, de su parte, es ser absolutamente transparentes y brindar explicaciones exhaustivas, no caer en el cuestionable ejercicio de equipararlos con intentos por limitar su independencia.

Decimos lo anterior porque el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) y su rectora, Yamileth González, han reaccionado de una forma desproporcionada y falaz ante una apropiada observación del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Ante una consulta del joven Fernando Orozco, de la Asociación de Estudiantes de Derecho de esa institución, el TSE resolvió que la autonomía de la UCR “no puede ser motivo para ocultar o disimular un inadecuado control (interno) para la utilización de recursos públicos”, en la campaña para el referendo sobre el TLC; además, se manifestó en contra de realizar, en sus auditorios, “conferencias que conlleven tendenciosamente fines propagandísticos”.

Considerar esta resolución, o las críticas de personalidades, grupos o ciudadanos hacia la conducta de la UCR, como intentos de censura o irrespeto a la autonomía, es desproporcionado y falaz, sobre todo de parte de una institución que emite frecuentes criterios (a menudo negativos) sobre otras instituciones o decisiones nacionales.

La declaración del TSE se refirió a un tema concreto: el uso de fondos públicos por parte de la UCR para propaganda sobre un tema que irá a referendo,y que, por ese motivo excepcional, requiere una cuidadosa supervisión de las autoridades electorales, de la cual ninguna institución pública se encuentra exenta. Las universidades, gracias a nuestra institucionalidad democrática, son autónomas, pero no están por encima de la Constitución y de las leyes.

En el trasfondo, además, hay una triste realidad: la UCR no ha guardado ningún equilibrio en torno a la discusión sobre el TLC. Por ejemplo, las comisiones que ha establecido para analizar distintos aspectos del Tratado no han tenido adecuada diversidad; en sus medios de comunicación existen evidentes sesgos hacia el “no”; la antigua “cazadora anti-TLC” recibió su apoyo técnico; en sus “quioscos informativos”, enmarcados como “trabajo comunal”, prevalecen materiales adversos al Tratado, y las “mesas redondas” sobre él tienden a ser un ejercicio de pensamiento único.

Todo lo anterior sugiere una deliberada decisión de que, en las actividades que realiza la UCR sobre el Tratado, no se refleje la diversidad de pensamiento que existe en su seno, lo cual, indirectamente, afecta la libertad de cátedra; además, exacerba los ánimos. Hasta aquí el problema, aunque sumamente grave para la comunidad académica y estudiantil, podría ser más de índole interna que externa y, por ello, ajeno a cualquier otra institución. Sin embargo, tras la convocatoria al referendo adquirió otro cariz, porque roza claramente con lo que establece el Código Electoral sobre el uso de fondos públicos para campañas. De aquí la justificada inquietud y resolución del TSE.

Tanto la Rectora como los miembros del Consejo Universitario están en su derecho de hacer campaña como quieran. Es más, sus posiciones personales públicas deben ser bienvenidas, como es el caso del rector del Instituto Tecnológico, Eugenio Trejos. Lo que resulta censurable es valerse de una institución de enseñanza e investigación para, distorsionando su misión, inclinarla totalmente hacia una postura. Sobre esto, la sociedad, como conciencia crítica de la universidad, debe mantenerse alerta.

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