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Foto Principal: 1620854
Hernán Bravo (der.) asistió a la audiencia acompañado por el abogado Marco Antonio Mata.
Carlos León
Juzgado penal admitió juicio abreviado

Hernán Bravo evita prisión por acuerdo con Fiscalía

Exdirectivo del ICE recibiría ejecución condicional de tres años de pena
Procuraduría e ICE se dan por satisfechos con devolución de dinero

Hazel Feigenblatt
hfeigenblatt@nacion.com

El exdirectivo del ICE Hernán Bravo negoció con la Fiscalía para evitar ir a prisión, y ayer el Juzgado Penal de Goicoechea admitió el juicio abreviado promovido por la defensa.

En una audiencia privada, el juez Álvaro Córdoba escuchó el acuerdo al que llegaron las partes y lo envió al Tribunal de Juicio de Goicoechea, donde ahora solo resta que se dicte sentencia.

Si prevalece el acuerdo, Bravo será condenado a tres años de cárcel por el delito de corrupción agravada, con el beneficio de cumplirlos fuera de prisión.

Según el acta de la audiencia, la Fiscalía no tiene “ninguna objeción a que se le conceda al imputado la ejecución condicional de la pena”.

Marco Antonio Mata, abogado de la defensa, alegó ante el juez que su cliente no tiene antecedentes penales y que se sometió voluntariamente al procedimiento judicial.

Bravo también será sentenciado a tres años de inhabilitación para ejercer cualquier cargo en la función pública.

Declarará en causa principal. A cambio, el exdirectivo declarará en la causa principal del caso ICE-Alcatel, la cual involucra al exmandatario Miguel Ángel Rodríguez y a los exdirectivos del ICE José Antonio Lobo y Joaquín Alberto Fernández, entre otros.

Bravo admitió haber recibido más de $1 millón en dádivas provenientes de la telefónica francesa Alcatel, a cambio de aprobar un contrato de 400.000 líneas celulares a favor de la compañía.

Ayer, el juez le preguntó al exdirectivo si admite los hechos de la acusación “tal cual fueron acusados y atribuidos a su persona por el Ministerio Público”, y respondió afirmativamente.

El exdirectivo Bravo salió de la sala de audiencias por una puerta trasera y abandonó el edificio a gran velocidad, con varios periodistas corriendo detrás suyo.

Cuando fue alcanzado, a una cuadra del edificio judicial, Bravo declinó dar declaraciones sobre el acuerdo por tratarse de una “audiencia privada”.

No obstante, recordó que él ya se disculpó con el país y devolvió el dinero recibido.

“Ya los dineros se habían devuelto desde hace más de tres años. No es devolver. Lo que yo estoy (haciendo) es poniendo a la orden la dádiva que me fue dada”, comentó.

Acuerdo monetario. A la audiencia, además, asistieron representantes de la Procuraduría General de la República y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE).

Ambas instituciones figuran como actores civiles en la causa y también llegaron a un acuerdo con la defensa sobre la acción civil resarcitoria.

La Procuraduría negoció con base en una autorización ejecutiva suscrita por el presidente Óscar Arias, y la ministra de Justicia, Laura Chinchilla.

Según lo pactado, el Estado se da por satisfecho con una “indemnización por daño social” por un monto similar al de las dádivas recibidas por Bravo.

El dinero está depositado desde el año 2004 en cuentas del Poder Judicial, según indica el acta de la audiencia de ayer.

Si la acción civil resarcitoria por daño social es declarada con lugar, la caja única del Estado recibirá $875.879, más el 80 por ciento de los intereses generados por el dinero ya depositado.

El ICE, por su parte, reclamó una indemnización por daño a su imagen que en total asciende a $271.026, más el restante 20 por ciento de los intereses.

El dinero sería utilizado para realizar obras de “corte social exclusivamente”, en el área de telecomunicaciones.

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