 El ministro de Defensa peruano, Allan Wagner
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LIMA (AFP) -
Un contralmirante designado como jefe de inteligencia naval fue separado del cargo menos de 48 horas después de haber sido designado, en momentos en que esa entidad está en el ojo de la tormenta por la filtración de información a empresas privadas.
Estos abruptos cambios dieron lugar a que el ministro de Defensa, Alan Wagner, acudiera este martes ante la Comisión de Defensa del Congreso para dar las explicaciones del caso en una sesión secreta.
Wagner informó acerca del escándalo que afecta a la Marina de Guerra tras detectarse a comienzo de mes la filtración y venta de documentos clasificados de la inteligencia de esa institución a empresas de seguridad, un caso en que están implicados hasta ahora tres oficiales en actividad y dos retirados.
El sábado último el alto mando naval designó al contralmirante Carlos Chanduví como nuevo jefe de la Dirección de Inteligencia de la Marina (Dintemar) en reemplazo de Luis Chumbiauca, también contralmirante, separado al revelarse el escándalo de la venta de información clasificada de ese organismo.
Pero Chanduví duró menos de dos días en su cargo porque la superioridad de la marina decidió relevarlo en la víspera y colocó en su lugar al contralmirante Pedro García Llaque, quien se desempeñaba como comandante de la Flotilla de Superficie de la Armada.
El cambio se realizó "en aras de evitar cualquier cuestionamiento a la transparencia del proceso de investigación", informó un comunicado de la Marina.
La designación de Chanduví generó suspicacias porque el alto oficial habría favorecido a Vladimiro Montesinos, el encarcelado ex jefe de los servicios secretos en el régimen del ex presidente Alberto Fujimori (1990-2000), dijo el presidente de la Comisión de Defensa del Congreso, Luis Gonzáles Posada.
Según el legislador, en 2004 el oficial fue integrante de la justicia militar y como tal habría suscrito un polémico fallo que favoreció a Vladimiro Montesinos en un caso de violación de derechos humanos.
El caso se refiere a la matanza de la universidad La Cantuta, en que nueve estudiantes y un profesor universitario fueron asesinados en 1992 por un escuadrón de la muerte formado por Montesinos.
El tema de La Cantuta es uno de los argumentos centrales que esgrime la justicia peruana para pedir la extradición de Fujimori desde Chile, donde se encuentra desde noviembre de 2005.
La investigación sobre el tráfico de información de la inteligencia naval ha sido considerada como "muy grave" por el gobierno y se encuentra en marcha en la Marina de Guerra y en la Comisión de Defensa del Congreso.
El escándalo explotó hace un par de semana tras un informe periodístico que sindicó al capitán de fragata Carlos Barba Daza como cabeza visible de estas acciones.
Se presume que Barba y sus cómplices vendían datos secretos como proyecciones computarizadas y fotografías satelitales sobre los campamentos de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso o las rutas de salida de cargamentos de droga.
El ministro Wagner ha señalado enfáticamente que de encontrarse responsabilidad en los oficiales investigados y otros que puedan estar implicados, serán denunciados en el fuero militar por infidencia.
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