Los comerciantes protestaron la semana pasada
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LIMA (AFP) -
Unos 7.000 policías desalojaron este lunes a centenares de comerciantes y sus familias que se habían atrincherado desde hace más de veinte días en un mercado que ocupaban ilegalmente desde hace cinco años, en un operativo que dejó 14 detenidos, según la Defensoría del Pueblo.
Los temores a una batalla campal en el mercado Santa Anita, al este de Lima, se disiparon debido a una rápida acción policial, que impidió que se consumaran las advertencias de los ocupantes sobre derramamiento de sangre si ingresaba la policía.
"Ha habido represión indebida, nos han satanizado, han roto paredes, no hubo diálogo, somos gente de paz, ahora nos van a tener que indemnizar", dijo Fernandino Nieto, líder de los ocupantes, quien fue detenido al momento en que intentaba abandonar el mercado.
Días antes el dirigente había afirmado que los comerciantes formarían "barricadas humanas" y que morirían en el lugar junto a sus hijos.
En un primer balance tras el desalojo, la Defensoría del Pueblo informó sobre tres heridos leves, dos de ellos policías, y 14 detenidos.
El general Octavio Salazar, jefe del operativo policial, detalló que se encontraron en el mercado varias escopetas, bombas incendiarias, pólvora o petardos de dinamita, así como piedras que no fueron utilizadas.
La acción policial se produjo luego de que un juez de Lima autorizó la noche del lunes el desalojo, confirmando un fallo judicial dictado hace veinte días.
Ello permitió a los agentes antimotines ingresar simultáneamente por la puerta principal, la trasera y las laterales al mercado -que tiene una extensión de 80 hectáreas- abriendo boquetes en paredes con ayuda de tractores buldozer.
Tras lanzar bombas de gases lacrimógenos, los policías encontraron una débil resistencia de algunos comerciantes que lanzaron piedras pero que luego desistieron de su actitud.
Otros lanzaban maldiciones al gobierno, al presidente Alan García, al alcalde de Lima, Luis Castañeda, y al ministro del Interior, Luis Alva Castro.
"Nosotros no somos delincuentes, queremos trabajar, pero ahora nos arrojan a la calle", dijo una mujer a gritos y al borde del llanto, mientras sacaba sus pocas pertenencias en una carretilla hacia un destino incierto.
Otras mujeres hacían lo mismo, acompañadas de niños que se cubrían el rostro para no verse afectados con los gases.
En las últimas semanas los ocupantes -unos 10.000 según sus dirigentes, pero menos de la mitad de eso, según la policía- habían reclamado diálogo y la posibilidad de una reubicación. En la puerta principal habían colocado un cartel con el lema: "No a la represión, queremos diálogo".
Sin embargo, en los últimos días tanto las autoridades, desde el presidente García hasta el ministro del Interior y el Poder Judicial, habían dicho que no había nada que conversar puesto que el Poder Judicial había ordenado el desalojo.
El local, que pertenece a la municipalidad de Lima, fue invadido por comerciantes informales hace cinco años inducidos por traficantes de terrenos que les vendieron lotes con engaños.
La principal preocupación la constituían los niños que estaban dentro del mercado, al conocerse versiones de que los ocupantes intentaban utilizarlos como escudos humanos. Según informes policiales, personas inescrupulosas "alquilaban" niños a cincuenta soles (unos quince dólares) para tenerlos en el mercado.
Unos quince menores fueron encontrados por la policía femenina que los llevó a un albergue infantil hasta que sean reclamados por sus padres, previa presentación de documentos que los acrediten como tales.
A fines de la semana pasada el gobierno tuvo que declarar el estado de emergencia en el distrito Santa Anita, ante la oposición de los ocupantes a salir del local.
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