Bolivia busca el diálogo
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LA PAZ (AFP) -
La Asamblea Constituyente boliviana, en receso desde hace un mes por fuertes pugnas internas y presiones externas, nuevamente transita por una línea de riesgo tras el fracaso de una cita de conciliación entre La Paz y Sucre, enfrentados por los poderes Ejecutivo y Legislativo.
La situación se vio agravada la madrugada de este sábado cuando concluyó sin resultados un diálogo de organizaciones civiles de ambas regiones promovido por el gobierno boliviano, lo que podría poner en riesgo la Asamblea Constituyente, según el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Al cabo de un encuentro de siete horas de duración en la central ciudad de Cochabamba, "no hemos llegado lamentablemente a un acuerdo, ambas regiones mantienen su posición", señaló el ministro en rueda de prensa.
Desde que estalló el conflicto hace poco más de un mes, el departamento de Chuquisaca deposita toda su confianza en la Constituyente para que defina la capitalidad plena en favor de Sucre, mientras que según La Paz ese tema "no es objeto de tratamiento en el órgano deliberante", dijo Quintana.
"La judicialización (del tema) de la capitalidad va a constituirse en un severo obstáculo (para la Constituyente)", advirtió Quintana, que planteó una salida política a la situación.
La crisis se ahondó a fines de agosto cuando una corte distrital emitió un fallo contra una resolución de la plenaria de la Constituyente que el 15 de agosto decidió por mayoría retirar de su agenda el tema de la capitalidad, medida que desató violentas protestas en Sucre.
Ese veredicto judicial es el argumento legal que esgrime Sucre -en todas las instancias, inclusive en las violentas manifestaciones callejeras- para insistir en la discusión por la capitalidad, en el marco de la Constituyente.
La Paz, sede de los poderes Ejecutivo y Legislativo desde hace un siglo, "está cuestionando este fallo y va a interponer un recurso de inconstitucional y por prevaricato", que podría tardar hasta tres meses en los tribunales competentes, según Quintana.
La situación es aún más complicada, según Quintana, porque la directiva de la Constituyente emitió una querella penal en contra de los vocales de la Corte Distrital, alegando que el fallo emitido por esta institución fue realizado bajo la presión de las organizaciones civiles de Sucre.
"Estamos frente a un escenario de judicialización del tema de la capitalidad y (...) lo probable es que esa judicialización termine bloqueando los procesos constituyentes", deploró.
Frente a esa situación, Quintana sugirió una salida política, en el marco de un comité especial creado el jueves en una cumbre que congregó a 14 partidos y agrupaciones con representación en el foro constituyente.
La Constituyente, citada hace un año para redactar una nueva Carta Magna, está en receso hasta el 8 de octubre por fuertes desacuerdos internos y presiones de Sucre.
Jóvenes que responden al derechista comité cívico de Chuquisaca atacaron a principios de mes con bombas molotov la sede de la Constituyente en Sucre y forzaron su cierre temporal hasta que se pacten consensos mínimos y tenga garantías para reanudar su trabajo.
El órgano deliberante tiene hasta el 14 de diciembre para concluir un proyecto final de Constitución que será sometido a un referendo posterior, pero su trabajo está sensiblemente retrasado y se teme que se encamine a un fracaso.
Desde que se instaló en agosto de 2006, la Constituyente se enfrascó en discusiones acerca de la modalidad de voto para aprobar la Carta y en el tipo y modelo de país que Bolivia debería comenzar a organizar, tras la llegada de Evo Morales a la presidencia del país, en enero del año pasado.
En los últimos meses afloraron además divergencias partidarias y regionales sobre las autonomías territoriales e indígenas, el modelo económico, la reelección presidencial y la distribución de tierras, entre otros.
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