LN OPINIÓN

Costa Rica, Domingo 17 de agosto de 2008

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Rodolfo Saborío Valverde | rodolfo@saborio.com

Jueces ¿de legalidad o de ética?

abogado

Como un recordatorio de que en este país es poco lo que cambia, mi primera contribución a este foro de opinión, el 28 de julio de 1996, la titulé: ¿Control de moralidad? En ese comentario, trataba de señalar los peligros que implicaba el pedido que efectuaban algunos legisladores, en el sentido de que la Sala IV se apoyara en criterios éticos y morales para invalidar la elección del contralor y subcontralor generales de la República, producto de lo que calificaban como un acuerdo espurio contrario a preceptos de ese tipo.

Sin ánimo de aburrir con una extensa autocita, en esa ocasión afirmé: “Esta novedosa tesis podría hacernos retroceder siglos en la evolución de la organización política y el sometimiento de los poderes públicos a la norma de derecho. Los parámetros del control de constitucionalidad no pueden ser pasajeros o caprichosos. Nuestra Constitución Política y la Ley de la Jurisdicción Constitucional proporcionan el instrumental hermenéutico al cual se puede acudir en el ejercicio de las diversas funciones de control. Pregonar que en cada caso particular debe estarse a las ponderaciones morales que suscite el caso debatido, es abrir las puertas a la indefinición y al casuismo”.

Voces estridentes. Hoy igual que ayer, aunque de diferentes graderías, se escuchan las voces estridentes que claman por flexibilizar el alcance de la norma escrita. Con la misma firmeza debe decirse que abrir la puerta a la justicia sin referentes normativos, con el pretexto de la aplicación de criterios éticos o morales, nos conduce inevitablemente a la arbitrariedad y es el inicio del final del Estado de derecho.

Debemos tener en cuenta una circunstancia agravante de primer orden. En los últimos años ha tomado fuerza un movimiento que se autodefine como intérprete infalible y exclusivo de la ética y la moral. A pesar de los múltiples y recurrentes ejemplos de violaciones a sus propias reglas por parte de los nuevos sacerdotes de la moral pública, aprovechan toda oportunidad mediática para aparecer como los detentadores de la verdad absoluta.

El peligro es mayor en tanto hemos estado y podemos volver a estar a milímetros de que el descontento generalizado con el manejo de los asuntos públicos se manifieste con un voto a favor de la llegada al poder de esa rara modalidad de talibanes bolivarianos con que se ha visto incrementada la ya de por sí variada y sobrepoblada fauna política nacional.

No caigamos en el error de creer que las deficiencias de nuestro Estado de derecho se deben enfrentar con la improvisación y las soluciones casuísticas y antojadizas. El país reclama profundas revisiones de todos los procesos de gestión pública, tanto administrativos como judiciales y serviciales. Debemos redefinir las reglas básicas del acceso y del ejercicio de la función pública, que garanticen la idoneidad, objetividad y responsabilidad en el ejercicio del cargo. La tarea es enorme: no perdamos más el tiempo.

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