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Costa Rica, Sábado 6 de diciembre de 2008

/OPINIÓN

EDITORIAL

La DIS, un peligro para la democracia

 La existencia de la DIS constituye una amenaza para las garantías constitucionales

 La DIS no requiere una reforma, sino el cierre definitivo

Los regímenes democráticos, preocupados por salvaguardar las libertades públicas, imponen estrictos controles sobre los organismos encargados de la inteligencia y el espionaje. La CIA, para citar un ejemplo prominente, está constituida como agencia independiente del Gobierno de los Estados Unidos y funciona bajo supervisión del Poder Legislativo. Sus operaciones nacionales son casi inexistentes, sobre todo si el blanco de la investigación es un ciudadano de los Estados Unidos.

En Costa Rica, por absoluto contraste, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) está adscrita a la Presidencia de la República y funciona sin controles externos. Sus operaciones son casi exclusivamente nacionaless y no tiene reparos a la hora de ejercer vigilancia sobre ciudadanos costarricenses. Se trata, ni más ni menos, de una policía política con gravísimo potencial de abuso.

El fiscal general, Francisco Dall´Anese, no duda antes de calificar a la DIS como policía política, pero lo sorprendente es que un exdirector del organismo se sienta obligado a admitirle ese carácter. Mario Soto, director entre 1994 y 1996, afirma que la DIS fue una policía política durante la Guerra Fría pero, en 1991, al concluir ese conflicto, el concepto “desapareció”.

De las declaraciones de don Mario es importante rescatar la admisión de que la DIS operó como policía política en pleno esplendor de nuestro régimen democrático y sin que sus responsables encontraran contradicción alguna con las garantías constitucionales vigentes entonces y aplicables en la actualidad.

Es menos fácil aceptar que todo haya cambiado en 1991. La Guerra Fría no justifica la existencia de una policía secreta encargada de espiar a los costarricenses, pero, aunque admitiéramos la justificación, se impondría preguntar por qué y para qué sobrevivió la entidad al conflicto que le daba sustento. Tampoco queda claro en qué habría consistido el cambio, porque, entre los abusos mejor conocidos de la DIS, figuran varios de fecha más reciente.

La sola existencia de la DIS constituye una amenaza para las garantías constitucionales, pero ya son muchos los incidentes concretos de odiosas transgresiones. La DIS organizó seguimientos y fotografió clandestinamente a dirigentes políticos nacionales, incluyendo al menos a uno de nuestros actuales legisladores. Durante la Administración Figueres (1994-1998), fue acusada de intervenir teléfonos para recabar información política. El fiscal general de la época, Carlos Arias, confirmó ante el Congreso la perpetración de los abusos.

En los últimos días, el país atestiguó atónito la caída del subdirector de la DIS, vinculado con un presunto fraude en cuya comisión se utilizaron recursos de inteligencia del organismo. En medio del escándalo, el director de la agencia, Roberto Solórzano, también se vio obligado a dimitir porque, en palabras del ministro de la Presidencia, “está claro que faltó supervisión y hubo negligencia”.

La DIS, como dejamos asentado, es un peligro aunque opere bajo supervisión y sin negligencia, pero la existencia de esos males magnifica la amenaza. La entidad funciona con sorprendente informalidad, al punto que sus agentes hacen trabajos particulares para quien quiera contratarlos, con la sola condición de confirmar que el patrón tiene limpio el expediente delictivo. La diligencia con que se conducen esas averiguaciones fue puesta en duda por el exministro de Seguridad Pública Fernando Berrocal, quien dijo saber de casos en que ex- agentes de la DIS brindaron seguridad a narcotraficantes.

La disponibilidad en el mercado de personal, cuyo empleo principal consiste en el manejo de informaciones sensibles, de una agencia estatal, solo puede ser descrita como aterrorizante.

En este, como en tantos otros secretos, la DIS querría que aceptáramos, como auto de fe, la necesidad de la institución y la pureza de sus métodos, pero la democracia no funciona a ciegas. Si las actividades de la DIS fueran legítimas y respetuosas de las garantías constitucionales, ello obedecería, exclusivamente, a la buena voluntad de sus funcionarios y de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo. Pero hay suficientes pruebas de abuso y, si no las hubiera, todavía resultaría repugnante a los principios democráticos la existencia de semejante organismo, destinado a operar en la sombra, sin más freno y control que el que tengan a bien dar los dos o tres jerarcas de turno.

La DIS no requiere una reforma, sino el cierre definitivo. Su falla está en el principio, no en el funcionamiento. Costa Rica no necesita, y tampoco merece, una policía política.

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