El punto de partida

 Toda reforma político-institucional debe partir de la Asamblea Legislativa

Abogado

A raíz de la discusión sobre la conveniencia o no de convocar a una Constituyente, quisiera hacer una respetuosa sugerencia a la Asamblea Legislativa.

En primer término, es una verdad de Perogrullo que el aparato estatal costarricense está colapsado, parte por la maraña innecesaria de leyes, de un Reglamento Interno de la Asamblea obsoleto, pero también de una deficiente regulación constitucional de los órganos fundamentales del Estado, de la distribución de competencias entre ellos y sus relaciones recíprocas. En suma, urge una reforma constitucional para poner al Estado costarricense a la altura de los tiempos.

La reforma posible. Dado que la convocatoria a una Constituyente no es políticamente viable en el futuro cercano, sugiero que la citada reforma institucional y política del Estado costarricense se realice mediante el procedimiento que expondré a continuación.

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Dentro de este orden de ideas, es necesario recordar que cualquier reforma estatal, para que tenga éxito, tiene que partir de la Asamblea Legislativa, que es el foro donde están representadas todas las fuerzas que integran el espectro político nacional. Todos los esfuerzos de reforma del Estado que se hicieron en el pasado fracasaron precisamente porque partieron como iniciativas del Poder Ejecutivo y no de la Asamblea Legislativa. Ya es hora que aprendamos la lección y no cometamos los mismos errores del pasado.

Mi proposición es que la Asamblea Legislativa nombre una Comisión Mixta, formada por 2 diputados de cada uno de los 4 partidos mayoritarios y 2 que representen a los partidos unipersonales. En total, 10 diputados. Cada partido tendría derecho a nombrar a dos asesores externos. Esta Comisión Mixta elaboraría un proyecto de reformas constitucionales, circunscrito a la parte orgánica de la Carta Política, dejando incólume los primeros 104 artículos, es decir, la parte dogmática.

Esta Comisión Mixta tendría 4 meses para elaborar el texto, el cual, una vez terminado, se sometería al conocimiento público por 30 días para que cualquier persona pueda hacer las observaciones que considerare necesarias. Asimismo, el proyecto se sometería al conocimiento de los comités ejecutivos de todos los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa para que formularen también sus observaciones dentro del mismo plazo.

Una vez vencido ese plazo perentorio, la Comisión Mixta se reuniría por espacio de un mes para analizar las propuestas de reforma recibidas y decidir cuáles se deben incorporar al texto final.

Los partidos se comprometerían a no introducir ninguna moción tendente a reformar el texto que finalmente aprobare la Comisión Mixta.

Aprobación del texto. El texto final sería sometido a conocimiento de la Asamblea Legislativa para que se le diera el trámite de las dos legislaturas que exige el artículo 195 de la Constitución.

Dado que existiría un consenso previo de los partidos representados en la Asamblea sobre el texto sometido a la corriente legislativa, las reformas serían aprobadas sin mayor discusión y entrarían en vigencia una vez aprobada en la segunda legislatura del mes de mayo del 2010.

De esa forma se reformaría el aparato institucional costarricense de manera expedita, con la participación activa no sólo de los partidos representados en la Asamblea Legislativa, sino también de toda la ciudadanía, sin tener que sufrir el trauma político que implicaría la eventual convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Lo importante es reconocer, en estos momentos, que nuestro aparato institucional requiere cirugía mayor, lo cual sólo es posible lograrlo a través de la reforma de la parte organizativa de la Constitución.

Desde luego que esa reforma constitucional no resolvería los problemas de ingobernabilidad que sufre el país, pero sentaría las bases para reinventar el Estado que necesita Costa Rica para hacerle frente a los problemas del siglo XXI.