LN OPINIÓN

Costa Rica, Lunes 29 de diciembre de 2008

/OPINIÓN

Arturo Ramírez

Justicia pronta y cumplida

 El engranaje judicial no funciona como lo establece la Constitución Política

Abogado

Nuestra Carta Magna establece, en el artículo 41, que la “Justicia” debe de ser “Pronta, cumplida y sin denegación”. La anterior norma constitucional pareciera haber sido establecida en un país de utopías y no en Costa Rica.

De todos es conocido, y nos mueve a reflexión, que nuestro sistema judicial se encuentra colapsado en todas sus instancias, lo que hace que el engranaje judicial no funcione como lo establecen la Constitución Política y los diferentes cuerpos legales que componen nuestra organización jurídica.

Recientemente, algunos de nuestros jurisconsultos consideraron oportuno que se promulgara una ley para reducir a meses el cobro judicial que ahogaba a los tribunales encargados de este tipo de procedimiento judicial. Con la creación de los juzgados especializados, el trámite de los cobros privados y del Estado, tales como letras de cambio, pagarés, hipotecas o prendas, pasaría de dos años a un plazo de tres meses.

Perfecto fracaso. La Ley de cobro judicial entró en vigencia, el Poder Judicial organizó los despachos especializados y puso a funcionar los recursos tecnológicos requeridos, pero el resultado ha sido un perfecto fracaso.

Lógico es pensar que la Ley en modo alguno podrá prestar ayuda a los usuarios ni al Poder Judicial, en vista de que el cobro judicial representa casi el 80% de los asuntos pendientes en los juzgados civiles y casi el 90% de los asuntos pendientes en los juzgados civiles de hacienda, en donde interviene el Estado ya sea como deudor o como acreedor.

Según los gestores de la Ley, esta tiene como novedades que la demanda y la contestación se presentan por escrito y todos los demás procedimientos se hacen en una audiencia frente a un Juez, quien en un mismo acto decide. Además, existe una innovación referente a los embargos, que permite al Juez encargado enviar un oficio, por medio de correo electrónico, al Registro Público o a un banco para pedirles que embarguen un bien o una cuenta.

Sin embargo, a lo que nació como la salvación del cobro judicial, se anteponen los hechos que vivimos todos y cada uno de los usuarios de los juzgados encargados del cobro judicial.

A mediados del mes de octubre del presente año, se presentó ante el Juzgado de Cobro Judicial del Primer Circuito de San José un proceso para el cobro de varios millones de colones, en el cual se solicitó embargo preventivo sobre los bienes del deudor. Esperanzados en la nueva ley de cobro judicial, esperamos el trámite rápido, pero lo que hemos tenido en el transcurso del tiempo es desilusión e impotencia.

Tortuguismo. Luego de dos meses de haber presentado el proceso ejecutivo, recurrimos al juzgado para indagar el estado en el que se encontraba y con sorpresa nos dimos cuenta de que aún no ha sido enviado de la Oficina de Distribución al juzgado y mucho menos se ha dictado resolución alguna, colaborando en esta forma las propias autoridades judiciales a que el deudor distraiga los bienes, con el consiguiente perjuicio económico para los acreedores.

Causa risa que, según establece la Ley, al presentarse la demanda el juez ordenará de inmediato el pago de la deuda. Si el deudor dentro de los 15 días siguientes no justifica la falta de pago, la autoridad judicial rematará sus bienes. Nos preguntamos: ¿a partir de qué momento comienzan a correr los 15 días, cuando nuestro proceso, que tiene dos meses de presentado, aún no ha sido tramitado por el juzgado?

A todo lo anterior debemos agregar que existe temor de acudir a un instancia que vigile y regule los procedimientos y resoluciones judiciales, pues de inmediato comienza a operar la maquinaria del tortuguismo en contra de las personas que osen presentar una queja formal en contra de un funcionario judicial que conozca de alguna causa que interese a quien, por razones de obtener justicia pronta y cumplida, se le ocurrió acudir a una instancia disciplinaria. ¿Quiénes serán los responsables y a quiénes corresponderá resarcir a los interesados?

En un Poder Judicial colapsado, tratar de poner en funcionamiento una ley que no tiene ni pies ni cabeza, viene a entorpecer aún más la ya tan trillada aspiración de “justicia pronta y cumplida”, cuando tenemos dos meses esperando que se le dé curso a un proceso, en el cual, creemos, ya es imposible recuperar lo adeudado, con el consiguiente perjuicio económico para el acreedor.

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