Página Quince Víctor Hugo Cárdenas | Copyright: Project Syndicate, 2008 www.project-syndicate.org@nacion.com

Bolivia dividida

 Hay que crear las condiciones para dialogar y alcanzar acuerdos

Víctor Hugo Cárdenas forma parte del pueblo aymara y fue vicepresidente de Bolivia de 1993 a 1997

Bolivia parece estar en riesgo de fracasar como país. El apoyo al presidente Evo Morales, que obtuvo el 53% de los votos en diciembre del 2005, representó una demanda de coexistencia democrática, cambio social y unidad nacional. Dos años después, el país está marcado por divisiones regionales, sociales, étnicas e ideológicas, y su Gobierno está confundido y desorientado.

Morales presentó una reforma constitucional que incluía cambios a la concepción y el papel del Estado, la propiedad privada y el manejo de los recursos naturales y los impuestos. Sus opositores han respondido proclamando su derecho a la autodeterminación y amenazando con boicotear el plebiscito con el que espera legalizar la reforma. Los partidarios de Morales amenazan con bloquear las carreteras.

Peligrosa imposición. Apenas tres de los nueve departamentos de Bolivia apoyan al Gobierno, mientras que el 60% de la población se concentra en los otros seis departamentos, que representan el 70% del territorio del país y dos tercios de su PGB. Por tanto, el deseo del Gobierno de imponer su voluntad a la mayoría resulta potencialmente peligroso.

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Bolivia, uno de los países más pobres de Latinoamérica, se ha ido polarizando cada vez más. El conflicto no es entre el pueblo y unos cuantos oligarcas, como afirma el Gobierno. La población urbana, que ya llega al 70% y está creciendo con rapidez, ha comenzado a quitar su apoyo a Morales, excepto en La Paz, El Alto y Oruro, y en los sectores más sindicalizados. Los campesinos e indígenas todavía lo apoyan, así como los militares de mayor rango.

La erosión del apoyo al Gobierno se debe a su ineficiencia: la inflación es el triple de las predicciones oficiales y los alimentos básicos y los combustibles son escasos, y el suministro irregular. El rechazo a la cultura de las grandes empresas, la tensión política y social, y la incertidumbre acerca de las reformas han ahuyentado la inversión.

Racismo y etnocentrismo. El Gobierno está llevando a Bolivia al antagonismo entre indígenas y no indígenas, las regiones occidental y oriental, y el campo y la ciudad, todo exacerbado por insultos y acciones de tono cada vez más racista y etnocéntrico. La identidad de los pueblos indígenas, que históricamente estuvieron excluidos de la vida política, social y económica, está comenzando a ser considerada como sinónimo de confrontación, violencia y agresividad étnica.

El Gobierno se está aislando rápidamente de la oposición regional, cívica y política que, poco a poco, ha ido enarbolando causas como autonomía, pluralismo, necesidad de consenso y libertad de expresión. El discurso oficial se atrinchera en el estatismo y el centralismo, con una actitud cada vez más despectiva de los principios y procedimientos democráticos.

El Gobierno acusa a la oposición de favorecer la secesión de territorios ricos en hidrocarburos, y amenaza con represión. A su vez, los grupos de oposición regionales más radicales amenazan con la secesión si el Gobierno central bloquea sus exigencias de mayor autogobierno.

La primera consecuencia ha sido una transición desde la legalidad al poder arbitrario. Está ocurriendo una erosión de instituciones claves, como el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema y el Senado de la República. La Asamblea Constituyente, que debería generar unidad nacional y legitimidad democrática, se ha convertido en un mecanismo de división y poder absoluto. El Gobierno ha hecho asediar al Congreso Nacional por miembros de los sindicatos, de manera que solo sus partidarios más firmes puedan entrar a las sesiones del Senado. Además, recortó el presupuesto de los gobernadores de los departamentos para financiar un plan de pensiones ampliado y debilitarlos política y económicamente.

Conflicto generalizado. El cierre por parte del Gobierno de espacios democráticos e institucionales genera respuestas de intensidad proporcional y equivalente, lo que su vez tiende a generalizar el conflicto político hacia áreas donde prevalece la fuerza y la violencia.

Se necesita con urgencia una orden presidencial que retire de las calles a los sindicalistas, la policía y las tropas, con el fin de evitar una tragedia mayor (ya ha habido 30 muertes en los últimos dos años), y cree condiciones para un diálogo y un acuerdo democrático con las fuerzas regionales, cívicas y políticas. De lo contrario, el plebiscito para ratificar la “Constitución del MAS (Movimiento al Socialismo)” propuesta por el Gobierno no hará más que echar leña al fuego. Dos tercios de los bolivianos no están satisfechos con la manera en que la Asamblea Constituyente ha llevado a cabo su tarea, y la mayoría considera que el texto constitucional es ilegal.

En este conflicto, ambos bandos han elevado sus apuestas, y sus amenazas podrían hacerse realidad. Sin embargo, esto no es inevitable, sobre todo porque aymaras y no aymaras, indígenas y no indígenas, seguirán esforzándose por preservar la unidad en democracia como base de un futuro más justo.