Costa Rica, Miércoles 18 de junio de 2008

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Novedosa demanda colectiva presentada por asociación de consumidores

70 víctimas de fraude por Internet demandan a 3 bancos

 Usuarios perdieron ¢300 millones y piden pago de daños y perjuicios a bancos Bancos Nacional y Popular rechazan alegatos; BCR estudia la demanda

Hazel Feigenblatt | hfeigenblatt@nacion.com

Setenta víctimas de fraude por Internet demandaron a los bancos Nacional, de Costa Rica y Popular, mediante la novedosa figura de la demanda por intereses colectivos.

Los perjudicados perdieron, entre todos, ¢300 millones que tenían depositados en esas entidades bancarias, pues el dinero fue sustraído por terceros que ingresaron a sus cuentas.

Bandas organizadas utilizan diversos programas e instrumentos informáticos para robar la información de acceso a las cuentas de los usuarios. Los bancos han negado tener responsabilidad alguna en esos hechos.

Los 70 afectados piden al Tribunal Contencioso Administrativo ordenarle a los bancos el reintegro del dinero robado y el pago de daños y perjuicios.

En el país se han denunciado más de 500 casos de fraude por Internet, que ascienden a más de ¢800 millones, según el Organismo de Investigación Judicial. Ayer no fue posible obtener los datos más recientes.

La demanda fue presentada por la Asociación de Consumidores Libres (ACL), en representación de las víctimas.

Nueva normativa. La abogada de ACL, Adriana Rojas, explicó que la demanda es posible gracias al nuevo Código Procesal Contencioso Administrativo.

Dicho código da legitimación procesal a quienes invocan la defensa de intereses difusos (que afectan a todos los usuarios de la banca) o colectivos (en este caso las 70 víctimas del fraude).

Ayer, los bancos Nacional y Popular rechazaron tener cualquier tipo de responsabilidad por los fraudes.

El Banco de Costa Rica (BCR) no emitirá una posición al respecto mientras analiza la demanda.

Alegatos. ACL alega que los bancos violaron los derechos de los consumidores a la seguridad, a los intereses económicos y a la información.

Ello por cuanto comenzaron a ofrecer el servicio en línea desde el 2004 y no fue sino hacia finales del 2007 que empezaron a advertir a los usuarios de los riesgos que corrían con ese mecanismo.

Mientras, en el 2006 se reportaron pérdidas por ¢52 millones, en el 2007 esa cifra ascendió a ¢700 millones.

“A pesar del conocimiento de los ataques virtuales del año 2006, las entidades bancarias continuaron ocultando esta lamentable situación a sus usuarios de servicios en línea, vulnerando el derecho de información a los consumidores”, indica el documento de la demanda.

La campaña de información al público se inició a finales del 2007, y ACL considera que los bancos incurrieron en “publicidad engañosa”.

Los mensajes publicitarios le decían al usuario “Hacerlo seguro (el servicio en línea) depende de usted”, sin hacer referencia a que la banca electrónica “nunca va a ser 100% segura”, sostiene ACL.

Derecho a la protección. También se alega que se violó el derecho a la protección de datos, pues los bancos invitaron a utilizar un sistema nuevo sin garantizar la protección de la información bancaria de los clientes.

La Nación publicó en febrero pasado que en Costa Rica, en ese momento, muchos bancos tenían solo un mecanismo de verificación de la identidad.

En Estados Unidos, desde el 2005, las cinco autoridades financieras calificaron tal práctica como “inadecuada”, y actualmente no la permiten como único medio de autenticación.

La demanda pide al Tribunal ordenar a los bancos mejorar sus sistemas informáticos y mantenerse al día con los avances tecnológicos en ese campo.

Los bancos de Costa Rica y Popular informaron que ya instalaron un paso adicional de verificación de identidad y que no se han vuelto a presentar fraudes.

Los demandantes estiman que es pertinente el pago de una indemnización porque los demandados ofrecieron un servicio sin tener las medidas de seguridad idóneas.

Al tolerar esas vulnerabilidades del sistema se incurrió en una omisión que fue aprovechada por terceros para robar el dinero, prosigue la demanda de ACL.

En ese sentido, se cita la responsabilidad objetiva prevista en la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor. De acuerdo con el artículo 35, “el productor, el proveedor y el comerciante deben responder concurrente e independientemente de la existencia de culpa, si el consumidor resulta perjudicado por razón del bien o el servicio”.

Cláusulas ‘abusivas’. Finalmente, se pide al Tribunal anular las cláusulas “abusivas” de los contratos, por ser “un abuso del Derecho”.

Estas son diferentes en cada banco, pero obligan al usuario a expresar conformidad con las medidas de seguridad elegidas por la entidad y a aceptar la responsabilidad por las consecuencias.

“Se exime al verdadero responsable por el uso fraudulento por parte de terceras personas del servicio de Internet, que la entidad bancaria ofrece al público sin protección”, señala la demanda.

Tales cláusulas han servido a los bancos para rechazar los reclamos de las víctimas, alegando que los fraudes ocurren porque “el cliente ha hecho caso omiso a las advertencias del banco”.

Esto pese a que en diversos casos se ha confirmado que los clientes nunca se registraron en línea, o no sabían cómo utilizar computadoras y, menos aún, Internet.

FOTOS

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La abogada María Cecilia Crespo perdió $40.000 y es una de las demandantes. “Esta es la única esperanza que queda”, dijo ayer. Marvin Caravaca

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Banca en Costa Rica

Mecanismos inseguros

La Nación publicó en febrero pasado que muchos bancos en el país utilizaban prácticas de banca en línea y proceso de los reclamos que en otros países se consideran inaceptables.

Una práctica es que, al menos en ese entonces, los bancos permitían el acceso electrónico a las cuentas bancarias con solo un mecanismo de verificación de identidad. Esa práctica en Estados Unidos se consideró inadecuada desde el 2005 y actualmente no es permitida.

Sin embargo, en Costa Rica ninguna autoridad financiera considera que le corresponde supervisar las prácticas en línea de los bancos y ninguna ley o reglamento regula los aspectos de seguridad. Ello permite a los bancos dar el servicio en los términos que desee, sin rendir cuentas a nadie, y los clientes no tienen dónde acudir, más que la Corte.

En otros países, los bancos deben reintegrar el dinero a las víctimas del fraude o probar que este ocurrió por culpa del usuario. Aquí, los bancos pueden rechazar los reclamos de los usuarios con solo suponer que el fraude de alguna forma fue provocado por ellos mismos.

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