Costa Rica, Jueves 15 de mayo de 2008

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Superintendente Óscar Rodríguez envió caso a Fiscalía de Delitos Económicos

Sugef denuncia a Conferencia Episcopal por delito financiero

 Investigación reveló existencia de intermediación financiera ilegal

 Gerente de Sama pidió demorar cinco meses inspección de Sugef a Conferencia

Ernesto Rivera | erivera@nacion.com

El superintendente general de entidades financieras, Óscar Rodríguez Ulloa, denunció ayer ante el Ministerio Público a la Conferencia Episcopal de Costa Rica, organización que reúne a los ocho obispos de la Iglesia Católica, por el delito de intermediación financiera ilegal.

El jefe de prensa del Poder Judicial, Fabián Barrantes, dijo que la denuncia la recibió, en la mañana, la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos y Tributarios.

Tras inspeccionar por varias semanas las actividades financieras de la Conferencia Episcopal, la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) –entidad encargada de supervisar el sistema financiero– elaboró un informe de 292 páginas.

En este informe, la Sugef concluye que tiene indicios fundados para afirmar la existencia de una operación de intermediación financiera ilegal.

La intermediación financiera al margen de la ley es un delito tipificado en el artículo 157 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica.

Allí se indica que serán sancionados con prisión de tres a seis años, quienes realicen intermediación financiera sin estar autorizados o quienes permitan o autoricen que en sus oficinas se realicen tales actividades.

Este delito ocurre cuando personas u organizaciones sin permiso ni control de las autoridades financieras del país se dedican a captar dinero del público de manera habitual con el fin de destinarlo a cualquier forma de crédito o inversión en valores.

Anoche, la Conferencia Episcopal emitió un comunicado que señala que la Iglesia Católica fue víctima de un desfalco financiero.

Los obispos dicen que las operaciones detectadas por la Sugef se hicieron sin su conocimiento y que no hay terceros que hayan sido afectados por estas maniobras.

El comunicado también dice que por respeto a las autoridades judiciales, los obispos no se pronunciarán sobre este tema.

Fueron advertidos. En diciembre del 2004, la Sugef descubrió que la Conferencia Episcopal de Costa Rica realizaba intermediación financiera y emplazó a los obispos a cesar esa práctica y a devolver el dinero que así había captado.

En esa ocasión, las autoridades católicas asumieron el compromiso de no captar más recursos del público y la Sugef no envió el caso al Ministerio Público.

El pasado 11 de abril, una investigación de La Nación reveló que con posterioridad a esa orden de la Sugef, en las cuentas bancarias de Servicios Pastorales de la Conferencia Episcopal se continuó recibiendo dinero de inversionistas costarricenses y extranjeros para realizar operaciones de préstamo y para invertirlo a través del Grupo Empresarial Sama S. A.

La Conferencia Episcopal posee al menos un 20% del paquete accionario del Grupo Sama.

La investigación periodística reveló , además, que en las cuentas de la Conferencia Episcopal se captó dinero de Giovanni Bondaz, un político italiano cuestionado por las autoridades judiciales de ese país.

El entonces administrador de Servicios Pastorales, Jorge Torres Fuentes, fallecido en junio del año pasado, prestó parte de ese dinero a Anna Moscarelli, una empresaria suiza que, en los años 90, administró fondos de empresarios y políticos italianos relacionados a la organización “Cosa Nostra”.

Práctica continuó. Entre el 21 y el 30 de abril de este año, auditores de la Sugef evaluó la actividad financiera de la Conferencia.

La evaluación reveló que, entre marzo del 2005 y agosto del 2007, en las cuentas de la Conferencia Episcopal se recibieron 168 captaciones de dinero, tanto en colones como dólares.

Según los registros que halló la Sugef, algunos de los inversionistas y también algunos de los beneficiarios de los préstamos eran los mismos funcionarios de la Conferencia Episcopal.

Hasta ahora, las autoridades financieras determinaron que, a diciembre del año pasado, la Conferencia Episcopal devolvió ¢147 millones a inversores particulares y ¢78 millones a empleados que habían invertido allí.

Además, la Sugef detectó otras 15 devoluciones a inversores particulares por un total de $1,4 millones y otras 30 devoluciones a empleados por $76.000.

Las cuatro condiciones. La investigación de la Sugef constató que la captación de inversiones particulares era una actividad habitual que la Conferencia Episcopal asumía por su cuenta y riesgo para destinar esos fondos a dar créditos y a realizar inversiones a través del Grupo Sama.

Estas cuatro condiciones de captación, habitualidad, riesgo y destino en créditos e inversiones son las que, según la Sugef, permiten concluir que en la Conferencia hubo intermediación financiera al margen de la ley.

En su denuncia, el superintendente Rodríguez indica que la junta directiva de la Conferencia Episcopal alegó que esas operaciones se hicieron sin su conocimiento y que la Sugef no encontró evidencia que contradiga esa afirmación. Colaboró Otto Vargas M.

FOTOS

Nacion.com

Los miembros de la junta directiva de la Conferencia Episcopal, José Francisco Ulloa, Ángel San Casimiro y Hugo Barrantes aseguran que todas las operaciones financieras ilegales se hicieron sin su conocimiento. archivo

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