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Costa Rica, Miércoles 22 de octubre de 2008

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Presidente decretó actividad de ‘interés público’

Fiscalía investigará a Arias por avalar mina Las Crucitas

 Mandatario y ministro del Ambiente enfrentan causa por posible prevaricato

 Decreto autoriza a minera a cortar inclusive especies ‘que estén vedadas’

Carlos A. Villalobos y Esteban A. Mata | cvilla@nacion.com

El Ministerio Público investiga desde ayer al presidente de la República, Óscar Arias, y el ministro del Ambiente, Roberto Dobles, por haber decretado de “interés público” y de “conveniencia nacional” el proyecto de minería de oro a cielo abierto Las Crucitas.

Así lo anunció la Oficina de Asesoría Técnica y Relaciones Internacionales (Oatri) de la Fiscalía General de la República.

Arias y Dobles firmaron este 13 de octubre el decreto número 34801 -Minaet, en el cual facultan a la firma Industrias Infinito S. A. para que procedan a la corta de árboles “inclusive de las especies que estén vedadas”.

El proceso iniciado contra ambos funcionarios es por la “posible comisión del delito de prevaricato”, señala el comunicado oficial de la Fiscalía.

Según el Código Penal, incurre en ese delito aquel funcionario que dicte resoluciones contrarias a la ley o las sustente en hechos falsos.

En forma paralela, la fiscal regional adjunta de San Carlos, Alba Campos, confirmó ayer a La Nación que ya abrieron una investigación por supuesta violación a la legislación ambiental, pues en una inspección detectaron la tala de diversas áreas en la zona.

Campos detalló que hoy presentarán ante el Juzgado Penal de San Carlos una solicitud para que se dicten medidas cautelares contra la firma desarrolladora de la mina.

El Proyecto Minero Crucitas, desarrollado por la empresa Industrias Infinito, S. A., se ubica en Cutris de San Carlos, Alajuela. Según las estimaciones de la firma, en la mina se extraerían 700.000 onzas de oro en 10 años.

Las gestiones para explotar la mina en Las Crucitas datan de 1994 cuando la firma canadiense Pacer Dome intentó ejecutar la extracción de oro, pero se retiró en 1998.

El 30 de enero del 2002 el gobierno de Miguel Ángel Rodríguez otorgó la primera concesión a Inversiones Infinito, S. A.

Decreto reciente. La acción del Ministerio Público parte de lo estipulado en el mencionado decreto ejecutivo, que se publicó el viernes pasado en el diario oficial La Gaceta .

En dicho documento, como justificación, Arias y Dobles consideraron aspectos tales como que desde diciembre del 2005 el plan obtuvo la declaratoria de viabilidad ambiental, que la firma ofreció otorgar 253 empleos directos y que además el Gobierno recaudaría en 11 años de operación de la mina $70,3 millones en impuestos.

A cambio, el decreto autoriza la corta de árboles en 191 hectáreas de bosque de la zona. La empresa se compromete a sembrar 50 árboles por cada árbol talado.

Ayer, un equipo de La Nación esperó dos horas en la Presidencia para obtener una versión del Mandatario sobre este tema.

Arias se encontraba reunido con el ministro Dobles y recibió luego a la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes.

Sin embargo, Pablo Guerén, vocero del ministerio de la Presidencia, aseguró que el gobernante estaba estudiando el tema pero que no se referiría públicamente.

El vocero señaló que sería el ministro Dobles quien atendería las consultas, pero hasta hoy.

Arias y Dobles son miembros de los supremos poderes, por lo cual la legislación nacional establece que el caso lo debe investigar personalmente el fiscal general de la República, Francisco Dall’Anese.

Si el Fiscal determina que procede una acusación, deberá solicitar el levantamiento de la inmunidad que los cubre. Ese procedimiento comienza con la elevación de la solicitud a la Corte Plena para que ésta la tramite ante la Asamblea Legislativa.

Los diputados son, en definitiva, los que deciden si se le levanta o no la inmunidad constitucional a los funcionarios sobre los que pesa una acusación.

El vocero de la minera, José Andrés Soto, insistió en que la compañía “no ha hecho nada para lo que no estuviera autorizada”.

Soto agregó que las obras del área de planta de proceso, nuevas residencias y bodegas, siguen avanzando de acuerdo con lo planeado por la empresa.

FOTOS

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    En Presidencia, a las 5:30 p. m., Arias y su hermano Rodrigo recibieron a la procuradora general, Ana Lorena Brenes (de azul). Carlos González

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    Desde la semana pasada la minera Las Crucitas, en Cutris, comenzó las obras en la planta, tras la autorización presidencial que ahora investiga la Fiscalía. Carlos Hernández para LN

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Voces del caso

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Con los permisos

Nombre: José Andrés Soto

Cargo: Vocero de firma minera

“Todo lo que está hecho en la propiedad de la compañía que es donde se ubica el yacimiento de oro Crucitas, se hizo de conformidad con el permiso de la oficina del Área de Conservación Arenal”.

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La tala es masiva

Nombre: Alba Campos

Cargo: Fiscal de San Carlos

“Se observó una corta masiva de árboles con gran dimensión de largo y diámetro. Entre lo talado hay almendro amarillo, que la misma Sala IV había prohibido cortar”.

Decreto en breve

El presidente Óscar Arias y el ministro del Ambiente, Roberto Dobles, declararon de “interés público y conveniencia nacional” el Proyecto Minero Crucitas, desarrollado por Industrias Infinito S. A., con una inversión de $65 millones, tomando en cuenta una serie de beneficios a pesar de “la corta de árboles en terrenos cubiertos de bosque”.

El reglamento de la Ley Forestal indica que con base en una declaratoria de interés público –como el de la minería– se puede “solicitar la corta de árboles y la realización de obras en el área de protección de quebradas y ríos”.

El proyecto Crucitas, según el decreto, “traerá beneficios económicos a la comunidad de San Carlos y al Gobierno Central”.

La mina tendría una operación cercana a los 11 años.

El Ejecutivo estimó que daría empleo a 253 personas directas y cinco indirectas por cada una contratada, con una planilla anual estimada en $4,1 millones.

Por estas razones se permitió la corta de árboles de 191 hectáreas que poseen bosque.

El Gobierno Central recibiría, según el decreto, $70,3 millones en impuestos durante el tiempo de operación de la mina.

Especies vedadas, como el almendro amarillo, se planeaban talar para permitir el desarrollo de la mina a cielo abierto.

Compensación. Industrias Infinito S. A. propuso comprar un terreno para conservación valorado en $250.000 y la siembra de 49,8 árboles por cada árbol que se requiera cortar, y la creación y conservación de un corredor biológico dentro de sus propiedades.

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