Instituciones del Gobierno desaprovechan millones destinados a programas sociales para alimentar a niños pobres, llevar agua potable a zonas alejadas y atender a quienes viven en la indigencia.
La lenta ejecución de recursos consta en el Informe de Ejecución Presupuestaria, al 31 de agosto, del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf).
Sus datos señalan que de ¢6.700 millones asignados a ocho programas sociales solamente se han usado ¢360 millones (5% del total).
Por ejemplo, la Caja Costarricense del Seguro Social aún no usa ¢1.400 millones para indigentes.
De igual forma, el Ministerio de Salud todavía no ejecuta ¢900 millones disponibles para mejora y construcción de Cen-Cinai.
A esta lista, se suma Acueductos y Alcantarillados (AyA) que apenas ha usado ¢245 de ¢2.620 millones asignados para construir y mejorar acueductos rurales.
Los encargados de los programas señalan que hay atrasos por los procesos de licitación de las obras, pero prometen usar los fondos de aquí a diciembre.
“De estos ¢2.600 millones cederemos ¢400 millones a la Comisión Nacional de Emergencia para atender acueductos dañados por inundaciones. El resto de los fondos se usarán en construcciones de acueductos en lo que queda del año”, aseguró Guillermo Arce, subgerente del AyA.
Añadió que hasta ahora se tocarán los dineros porque las licitaciones de las obras previstas tardaron varios meses.
De igual forma, la Ministra de Salud, María Luisa Ávila, informó que este año construirán 11 Cen-Cinai con estos dineros.
“Estamos en la contratación de las obras para empezar, y acabar en diciembre”, dijo Ávila.
La lenta ejecución de fondos pone en apuros al director de Fodesaf, Jorge Baldioceda, quien recortará recursos a las entidades con problemas de ejecución.
“Para el 2009, Salud me pidió ¢5.000 millones para Cen-Cinai, pero no les daré nada por sus problemas de ejecución. En el caso de AyA, de ¢2.600 millones, bajarán a ¢1.000 millones”, adelantó.
Este año, Fodesaf recibió ¢160.000 de la Caja Costarricense del Seguro Social, que debe trasladarle el 5% de las planillas que ellos facturan.
De ese dinero, el Gobierno ya usó 60% en obras sociales.
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