LN OPINIÓN

Costa Rica, Miércoles 1 de abril de 2009

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Página Quince

Rodolfo Saborío | rodolfo@saborio.com

Crimen organizado y diputados

Abogado

Alguna razón muy poderosa debe existir para que la Asamblea Legislativa no adopte la legislación necesaria para combatir el crimen organizado.

De la noche a la mañana se aprueba un proyecto que permite que terrenos públicos, con un valor de miles de millones de colones, pasen definitivamente a manos de una federación privada de balompié, compuesta cada vez más por sociedades privadas, mientras que por otra parte sigue siendo imposible que temas cruciales para mantener la estabilidad del país sean abordados con la seriedad y prontitud que se merecen.

La experiencia internacional demuestra que los intentos por infiltrar los poderes públicos son constantes y se dan por medio de contribuciones políticas y personales. La fragilidad de nuestro sistema institucional ante la ausencia absoluta de regulaciones especializadas no hace más que incrementarse día a día y la Asamblea Legislativa no es inmune a las presiones externas, más bien, es el órgano público que por naturaleza se encuentra más expuesto. La cercanía de un proceso electoral sin que se haya adoptado disposiciones en esta materia, al mismo tiempo que se evade la responsabilidad de regular seriamente las contribuciones electorales, hacen que nuestro sistema político sea cada día más vulnerable.

Incomprensible. Ante este panorama, no puede comprenderse cómo algunos señores diputados se resisten contra viento y marea a la iniciativa para dotar a las autoridades a cargo del ejercicio de la acción penal con el instrumental necesario para cumplir con sus deberes.

Debemos dejar de pensar en lo peligroso que resultaría que el elenco de competencias que se solicita para la Fiscalía General se aplicara a personas inocentes. Esas y cualesquiera otras competencias punitivas mal ejercidas resultarían odiosas, pero ese razonamiento lo único que logra es desviar la atención. La solución ante los posibles abusos no es cruzarse de brazos sino ejercer en forma continua y eficiente el control sobre todas las formas de actividad pública que constitucionalmente le corresponde a la Asamblea Legislativa. La solución ante un eventual abuso es reaccionar ante los casos concretos, si estos llegaren a darse, y no ser pusilánimes en los medios que se confieren a las autoridades con el fin de que velen por el interés general, combatiendo las complejas modalidades de actividad criminal que se empiezan a fortalecer en el país.

Las herramientas de que se dispone hoy en día para combatir las nuevas formas de criminalidad resultan completamente inoperantes y obsoletas. Si se continúa demorando la promulgación de una legislación apropiada y proporcional al peligro que enfrentamos como sociedad, se está siendo cómplice, por omisión, del fortalecimiento del crimen organizado. Cuando una sociedad no es capaz de distinguir entre lo urgente y lo trivial, queda librada a su suerte. ¿Hasta cuándo seguiremos navegando bajo la bandera de la Divina Providencia?

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