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Costa Rica, Martes 7 de abril de 2009

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Página Quince

Rodolfo Saborío | rodolfo@saborio.com

¿Cerrar la ‘Cuarta Sala’?

 ¿Qué pasaría si, por inopia, los diputados cerraran la Cuarta Sala ?

Abogado

Hace algunos días, una distinguida colega me comentaba con suma preocupación que si la Asamblea Legislativa no nombraba pronto la plaza vacante en la Sala Constitucional y tampoco designaba los magistrados suplentes que deben reponerse en su totalidad en los próximos meses, el país se exponía a la cesación de hecho del funcionamiento de ese órgano.

En ese momento, lo que se narraba como un grave problema, me provocó la reacción natural de buscar el lado positivo y de repente empezaron a surgir razonamientos sobre situaciones hipotéticas que podrían sugerir que si eso sucediera estaríamos iniciando la solución de buena parte de los desajustes institucionales que enfrenta el país.

Si los diputados, con plena conciencia de sus actos, o llevados por la incompetencia que los caracteriza, no volvieran a renovar las plazas vacantes en esa instancia ni designaran los magistrados suplentes, se habría tomado la decisión de reforma del Estado más importante en los últimos veinte años: cerrar de hecho la Cuarta Sala .

Cierre prohibido. En un país en donde la palabra renuncia está prohibida, aunque treinta y dos diputados voten en contra de la continuidad de un magistrado o ninguno vote a su favor y se continúe por el simple transcurso del tiempo o inopia, la posibilidad de que la simple inacción pueda tener una consecuencia como la señalada, no deja de tener sus ventajas. Recordemos que la otra cosa prohibida en el sector público, además de renunciar, es cerrar un ente u órgano aunque haya perdido su norte o su razón de ser.

En la actualidad, la totalidad de las manifestaciones de arbitrariedad administrativa pueden ser cuestionadas en una forma ágil y contundente en la nueva jurisdicción contencioso-administrativa. No habría nada que echar de menos si desaparece de hecho la jurisdicción especializada que nació como una esperanza de garantía de la supremacía constitucional y ha terminado siendo un órgano obsecuente con el poder.

En los últimos años ese altísimo tribunal ha terminado convertido en un Ebais, concediendo citas médicas, ordenando la compra de medicamentos, saltándose las listas de espera con decisiones casuísticas y caprichosas e interviniendo en los más asombrosos detalles de lo que corresponde a la administración activa de los servicios médicos públicos. Con solo que los diputados no hagan nada, podrían recuperar las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social el ejercicio de sus competencias sin el desastroso impacto de los colados por la Cuarta Sala .

En aras de una supuesta conservación ambiental se han cometido atrocidades inimaginables, contrarias a las evidencias científicas y a un mínimo de responsabilidad en el estudio de los asuntos bajo examen. Las obligaciones expropiatorias que ha impuesto la Cuarta Sala al Estado, para salvaguardar supuestos valores ambientales, sobrepasan los presupuestos de varias generaciones, sin que eso parezca merecer la menor atención.

Ahorrar desatinos. Ante la cercanía del proceso electoral, el cierre de hecho de la Cuarta Sala podría ahorrarnos los desatinos de procesos anteriores, en donde se empezó definiendo quiénes podían o no debatir y se llegó al punto de establecer, pasando por encima de la Constitución, quiénes podían ser candidatos. Con los aires que corren y la autoampliación progresiva e ilimitada de sus competencias, no se sabe hasta dónde llegarían a influir en el resultado de las elecciones las decisiones futuras de ese sapientísimo tribunal.

Ante el desbocamiento de un órgano que estaba llamado a proteger la Constitución, pero que terminó estando por encima de ella, no parece para nada inapropiado que al menos reflexionemos sobre lo que sucedería si los señores diputados se olvidaran de la renovación de los integrantes propietarios y suplentes de la Cuarta Sala y propiciaran con ello una lúcida eutanasia. Los foros que se deben estar organizando para la celebración de los veinte años de su creación podrían dedicarse a discutir cómo establecer un verdadero tribunal constitucional especializado, independiente, con jueces calificados, ajeno a las tentaciones del poder y centrado en lo que debe ser su verdadero papel: la protección de la Constitución y los derechos fundamentales de los ciudadanos.

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